Intervenir las ONG
La nueva ofensiva del Congreso contra las ONG es una reedición prácticamente idéntica a la ofensiva que registramos contra ellas a mediados del año que termina. La anterior fue detenida por una drástica reacción de 16 embajadas que decidieron respaldar la posición de las agencias de cooperación intergubernamentales y las de los gobiernos de la Unión Europea, el Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos contra la medida.
Pero ahora el proyecto se pone nuevamente a debate sin cambios.
Tal vez la forma en que terminó el proceso anterior nos dejó sin tiempo para entender colectivamente la dimensión del ataque. Aunque el discurso contra las ONG se construye haciendo referencia solo a alguna de ellas, las que se dedican a los DDHH, la igualdad de género y la defensa de la Amazonia especialmente, todas acusadas de radicalismos imaginarios, el concepto mismo, ONG, no se limita a ellas ni ha sido construido solo para ellas.
Las ONG no son lo que el Congreso y quienes respaldan la medida creen que son. La construcción proviene del sistema de cooperación internacional y se usa para diferenciar entidades privadas ("no gubernamentales") de las agencias de cooperación de los gobiernos de países desarrollados (en lista USAID, AECID, CEPEI y GIZ, por ejemplo) y de las organizaciones intergubernamentales formadas en base a tratados (como la FAO, UNICEF y ACNUR, entre otras). El sistema de cooperación internacional funciona sobre una tupida malla de relaciones que tienen por objeto compensar y aminorar los efectos colaterales que genera la economía global sobre el medio ambiente, la pobreza, la desigualdad, el desarrollo sostenible, los derechos de humanos y los derechos de participación ciudadana de todo tipo, además de la transparencia de los poderes públicos y el equilibrio institucional. El sistema se forma en torno a cierto equilibrio entre la asistencia que reciben los gobiernos y la que se canaliza a través de ONG. Si se altera un extremo de la ecuación se altera la ecuación entera. La idea es que ambas piezas del rompecabezas se mantengan en equilibrio, sin que ninguna asfixie a la otra. Entonces cuando dañamos el sistema de cooperación por el lado de las ONG dañamos sin notarlo la capacidad de las propias agencias del gobierno para recibir asistencia técnica internacional.
La malla es la misma y los efectos colaterales, casi inmediatos.
Entonces las ONG ocupan un espacio más grande del que el gobierno y la mayoría del Congreso imaginan. Forman parte de un sistema en particular, el de cooperación internacional, que alcanza a los gobiernos. Una economía tan necesitada de ayuda técnica como la nuestra debería proteger el equilibrio de ese sistema, no atacarlo de manera tan ciega y desinformada..
Pero no solo es esto. Ocurre que son también ONG, y reciben o pueden recibir fondos del exterior, Transparencia, líder en materia de democracia; el Instituto Peruano de Economía, acaso la entidad más importante para la difusión del liberalismo económico en nuestro medio; el ILD que fundó Hernando de Soto en los años ´80 y Caritas, una entidad de desarrollo humano de la Iglesia Católica que lleva casi 70 años trabajando contra la pobreza. Y cito solo casos especialmente representativos.
La malla de organizaciones que pueden integrarse al sistema de cooperación internacional es todavía más amplia. Aunque no hayan reparado en ello, pueden acceder al sistema los gremios, Confiep, Adex, Capeco y Afin, entre otros, las Cámaras de Comercio y los Colegios Profesionales. Todas ellas son entidades que representan personas en atención a intereses públicos. Reciben y pueden canalizar fondos locales y algunas de ellas ya han tenido proyectos con agencias de cooperación internacional en su ámbito de acción. Un sistema inteligente debería alentar su inclusión en las redes de asistencia internacional. Pero el proyecto de intervención la desalienta. El mensaje, puesto en perspectiva se resumen en una frase: "Si acceden a fondos de cooperación se harán pasibles a ser intervenidas". En lugar de alentar su desarrollo la medida les cierra una puerta. Les amenaza con el riesgo de una intervención si la cruzan.
La propuesta de la mayoría del Congreso descansa en una idea que encuentro perversa: ahogar toda forma de disidencia que no pase por los filtros que decida imponer el gobierno. En el discurso, la medida se defiende caracterizando algunas formas de disidencia presentes en la coyuntura. Pero si la coyuntura cambia la disidencia cambiará de sentido. Y entonces las normas sobre intervención alcanzarán a otros.
La medida afecta la libertad de acción de las asociaciones que defienden intereses colectivos. A todas ellas. Afecta el equilibrio del sistema de cooperación internacional para el desarrollo. Si se autoriza la intervención del Estado en las ONG, bastará un cambio de coyuntura, una ampliación del marco de referencia de la norma o un operador distinto que la tenga en sus manos para que se intervenga a Cámaras de Comercio, Colegios Profesionales o gremios que decidan impulsar acciones de oposición en su ámbito de referencia.
Es como si promoviéramos la censura de los medios convencidos de que jamás censurarán el nuestro. Mayor ceguera, imposible.
La mayoría y el gobierno están concentrando poder y capacidad de injerencia sobre espacios que deberían mantenerse libres. Actúan como si su permanencia en el poder estuviera asegurada a completa perpetuidad ¿Qué ocurrirá con esos poderes concentrados si se equivocan; si no ganan el 2026?
Pero claro, el equilibrio y la administración del futuro son construcciones ajenas a la forma de ver las cosas que predomina en el Congreso actual.