Implican en casos de corrupción a funcionarios a cargo de la formalización minera

Una denuncia interna que obra en la Oficina de Integridad del Ministerio de Energía y Minas contiene hechos delicados que implican a un grupo de directivos y gerentes en presuntos actos para favorecer a mineros informales e ilegales. La denuncia explicaría en parte el fracaso de la lucha contra la minería ilegal. 

Un trabajador del Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha denunciado a los principales funcionarios responsables del proceso de formalización minera del sector por presuntamente haber favorecido a mineros ilegales e informales de las regiones de Madre de Dios, Puno y La Libertad. 

La denuncia interna fue presentada el 18 de abril pasado y obra en la Oficina de Integridad Institucional del Minem, a cargo de Susana Jannelly Verano Zelada. Su contenido podría explicar en parte la situación del proceso de formalización minera llevado a cabo por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. 

El ministerio ha optado por mantener la reserva del caso. Consultado desde la semana pasada por Epicentro Tv, el Minem sólo informó que la denuncia ha sido derivada a la Secretaría Técnica de Apoyo a las Autoridades del Procedimiento Disciplinario, al Órgano de Control Institucional, a la Procuraduría Pública del Minem y a la Procuraduría Anticorrupción.

Tenemos el documento en su integridad y contaremos los detalles de la denuncia, pero preservaremos la identidad del denunciante.

Caso 1 

El primer caso tiene que ver con una presunta conformidad de pago otorgada a favor de una empresa contratista "pese a incumplimiento de contrato": Clean Technology SAC. 

"Dicha empresa debía elaborar 1,500 instrumentos de gestión ambiental, Igafom, para impulsar la formalización de 1,500 mineros informales en Madre de Dios. Sin embargo, no cumplió en la fecha prevista con presentar el total de Igafom, ni siquiera la cuarta parte. Pese a ello, el entonces director de Formalización Minera, Alberto Rojas Cortegana, y el economista Daniel Herrera (coordinador administrativo), otorgaron la conformidad en el pago". 

La denuncia agrega:

"Estando fuera de plazo, la empresa Clean Technology no cumplió con absolver las observaciones que la entidad competente de evaluar los Igafom, la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios, teniendo como consecuencia esta omisión en perjuicio del Estado, que al presente año, 2024, casi el 100 por ciento de estos instrumentos ambientales Igafom se han declarado en abandono, es decir, se han desaprobado y archivado". 

Epicentro Tv se comunicó con la empresa Clean Technology SAC y conversó con uno de sus representantes, quien solicitó la reserva de su identidad.

"Nosotros fuimos contratados para brindar asistencia técnica a los mineros que necesitan formalizarse en Madre de Dios, pero no llegamos a todos (a los 1,500 mineros) sino solo a 200, y nos pagaron 200 mil soles por los 200 expedientes que hicimos", señaló. 

El proceso de asistencia técnica a los mineros informales es un paso previo a la formalización de quienes forman parte del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). 

El representante de Clean Technology calificó este procedimiento de "fracaso". 

"Para mí, ha sido un fracaso. La gente que se debía formalizar no tenía conocimiento que íbamos a ir a dar asistencia técnica; llegamos a un lugar y no encontramos a nadie. El ministerio nos dio una relación de personas a quien contactar, pero la información era incorrecta, los teléfonos estaban fuera de servicio, los correos rebotaban. Supuestamente, el ministerio había hecho un trabajo de avanzada, con talleres y convocatorias, pero cuando llegamos, no había nadie. Por eso, yo quería resolver el contrato", manifestó.

Según el denunciante, reclamar internamente originó represalias en su contra.

"He recibido represalias por parte de los siguientes: señor Alberto Rojas Cortegana (entonces director general de Formalización Minera), intentando aperturar sin éxito procesos disciplinarios contra el suscrito; Daniel Herrera Bazán (coordinador administrativo), quien intentó frustrar e impedir mi procedimiento de entrega de cargo, extraviando el expediente en físico que el suscrito presentó al solicitar licencia sin goce, hecho que comuniqué con medios probatorios documentarios a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios - STPAD de Recursos Humanos, y el señor Máximo Lactayo Monago (coordinador técnico y jefe inmediato del suscrito) dispuso que se me inhabilite el acceso a la carpeta compartida de documentos de la Dirección General de Formalización Minera para no tomar conocimiento o profundizar en la denuncia que realicé".

Caso 2. 

El documento también denuncia una supuesta "manipulación del sistema del Registro Integral de Formalización Minera", es decir, el software que aloja la información del Reinfo. 

"El suscrito, con los accesos restringidos a la data de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), evidenció que misteriosamente aparecieron dos inscripciones en el Reinfo en la concesión minera "María Alejandra AA", con código 030014716, a favor de la empresa Biofertilizantes del Perú, RUC Nº..... (de propietarios chinos) y Vega Pinedo Pedro Richard, RUC...". 

Según el denunciante, se trata de "una de las tantas manipulaciones sin ningún control que algunos trabajadores hemos detectado": 

"Al ser comunicadas o socializadas en la oficina, son misteriosamente ocultadas del sistema o se nos quita el acceso, pese a que supuestamente la Oficina de Tecnologías de la Información, OTI, se encarga de alertar de cambios en el sistema de Reinfo que no tienen motivación en una resolución emitida por la Dirección General de Formalización Minera". 

Otro tipo de presunta manipulación, según la denuncia, es la del sistema de inclusión de coordenadas UTM (de ubicación) de actividades mineras denominadas "concesiones de beneficio" sin sustento técnico documentado. 

Una "concesión de beneficio" le da al titular el derecho a extraer partes valiosas de un agregado de minerales a través de procesos químicos o físicos que se desarrollan en una planta procesadora. Para ello utiliza insumos químicos que generan residuos sólidos y líquidos altamente contaminantes, como el cianuro y el mercurio. Por su riesgo, la ley restringe la posibilidad de trasladar las plantas de un lugar a otro. 

"Sin embargo, de forma ilícita se vienen incluyendo coordenadas de actividad de beneficio a (sic) administrados mineros que no cuenten con inscripción en el Reinfo para beneficio, sino, solamente para actividades de explotación minera. Es decir, se les crea una inscripción de Reinfo de beneficio a quienes no cuentan con ella". 

Esta grave acusación también es imputada a los funcionarios a cargo de la Dirección General de Formalización Minera. 

"Se viene incluyendo coordenadas de actividad de beneficio y también modificando las mismas, lo cual generaría que un minero informal pueda ilícitamente, sin autorización de la autoridad regional competente o del Ministerio de Energía y Minas, pueda trasladar su planta de beneficio a cualquier lugar del Perú, solamente con la manipulación del sistema de Reinfo, beneficiando al minero informal, ya que no se haría cargo de los pasivos ambientales que éste habría generado producto del normal funcionamiento de dicha actividad". 

Caso 3: en La Libertad

En la página 5 del documento, el denunciante desarrolla un hecho puntual de presunta manipulación de coordenadas en La Libertad, en una concesión de explotación de carbón. 

"En fecha 16 de mayo de 2022, (a las) 07:42:34 pm, se registró en el sistema de inclusión de coordenadas del Reinfo, a favor de la razón social Ticlia Sánchez Julio César, RUC..., para una presunta actividad minera de explotación de carbón en el departamento de La Libertad. Dicha inclusión de coordenada en el Reinfo fue realizada por el usuario "Fseverino" (que corresponde al ingeniero Fernando Severino Urbina, especialista en sistemas de la Dirección General de Formalización Minera, quien administraba y aún administra el software del Reinfo). No tiene un número de expediente o solicitud ingresada al Minem, es decir, no tiene motivación alguna para que se haya realizado". 

El denunciante relaciona este hecho con el caso "La Gran FA", una investigación fiscal por presunta criminalidad organizada en el que están detenidos varios personajes, entre ellos, dirigentes mineros carboníferos, fuerzas de seguridad y oficiales de la Policía Nacional, como lo evidenció Epicentro Tv el 16 de abril pasado 

El caso "La Gran FA" y sus conexiones políticas

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Caso 4: en Puno

Quizá la parte más seria contenida en el documento sea lo que, según asegura el denunciante, ocurrió con 115 plantas "de beneficio" en la zona minera de La Rinconada, en Puno, que fueron incorporadas al Reinfo solo con un informe emitido por la Dirección Regional de Minería de Puno, "sin el mínimo sustento respecto de la veracidad o legalidad de la pretensión" de los 115 solicitantes.  

"Es sin duda, este informe, una burla a la legalidad en todos sus extremos, puesto que no hay ningún sustento técnico valedero que se sustente en él; tampoco se muestran o invocan medios probatorios que mínimamente la DGFM debió exigir, como medios documentarios, una antigüedad probada en campo, actas elaboradas en campo por los profesionales que fueron a verificar y fiscalizar estas 116 (sic) plantas de beneficio ilegales, facturas de compra, fotografías, relaves, infraestructura construida, etc. Tantos criterios técnicos que de manera objetiva podrían probar la veracidad de la pretensión de estos 116 (sic) recurrentes". 

Añade que los funcionarios responsables tampoco advirtieron un detalle. La diligencia de fiscalización y verificación realizada por un verificador de la Dirección Regional de Minería de Puno en la zona de La Rinconada los días 9 y 10 de noviembre de 2022, duró 8 minutos con 34 segundos por cada "planta de beneficio", incluyendo el tiempo el traslado de una planta a otra, algo que el denunciante califica como "sospechoso". 

"Esto es muy sospechoso, puesto que no hay alguien que corrobore que estas 115 verificaciones se realizaron. Una diligencia de campo de verificación de una actividad minera demanda, evidentemente, mayor tiempo, y por experiencia en campo es imposible realizar 115 verificaciones en dos días. Ese informe es evidentemente sospechoso". 

El denunciante protesta porque, pese a lo que observó -"todas estas inconsistencias"- los responsables de la Dirección General de Formalización Minera suscribieron el informe que resolvió incorporar las 115 plantas procesadoras de mineral (que usan insumos químicos como el cianuro y el mercurio) en el Reinfo. 

"Ahora son 115 plantas de beneficio legales amparados en esta ilícita incorporación en el Reinfo... Este caso fue permanentemente cuestionado en la DGFM. Hasta antes del 28 de diciembre de 2022 se tenía claro que era improcedente e ilícito". 

Desde la semana pasada Epicentro Tv ha solicitado al Minem entrevistar a un vocero para que explique qué medidas han adoptado a partir de esta denuncia. La respuesta fue que tienen "prohibición de divulgar cualquier aspecto relacionado a las denuncias, particularmente, la identidad de la persona denunciante o de los testigos".

También requirió entrevistar a los funcionarios de la Dirección General de Formalización Minera implicados en la denuncia, pero no hubo respuesta. 

Si de algo careció el mensaje del 28 de julio pasado de la presidenta Dina Boluarte fue de precisiones respecto de cómo enfrentar a la minería ilegal -que produce más de 800 millones de dólares en ganancias anuales, según la Unidad de Inteligencia Financiera- y sobre qué hacer con el Reinfo.

Ese silencio y esta denuncia dicen mucho.