Fiscalía acude a PJ para evitar cumplir orden de Tribunal de Transparencia

El Ministerio Público dijo a través de sus redes sociales que es falso que no hayan entregado a Epicentro Tv el acta y el audio de la Junta de Fiscales Supremos del 24 de mayo, como se lo ordenó el Tribunal de Transparencia; pero sus propios documentos prueban lo contrario y evidencian que incluso acudió al Poder Judicial para evitar la entrega de la información. Además, anuncian que el audio requerido ya ha sido "depurado", lo que sería, para un abogado especialista, un acto de mala fe.

La Fiscalía de la Nación tiene una idea bastante curiosa del significado de los términos "cumplimiento", "respuesta" y "falsedad". El lunes en la noche, sus redes sociales lanzaron dos tuits intentando desmentir el informe titulado "Fiscalía de la Nación desacata orden de Tribunal de Transparencia", publicado por Epicentro Tv más temprano.

La Fiscalía usó, para su pretendido desmentido, la imagen de un tuit escrito por el reportero autor del informe periodístico, que decía: "Fiscalía de la Nación desacata orden del Tribunal de Transparencia del Minjus y no entrega actas y audio de la Junta de Fiscales Supremos en la que hubo cruce de acusaciones entre fiscal de la Nación y la fiscal suprema Zoraida Ávalos". Sobre la misma, colocó un sello cruzado, de tamaño grande y con un alarmante color rojo, que decía: "FALSO".

Y tituló su composición pictórica con este mensaje: "Ministerio Público no ha incumplido el mandato de la Segunda Sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública". La siguiente es la imagen del primer tuit de la Fiscalía:

El segundo tuit, señalaba que "el 17/08/2023, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro dio respuesta al pedido de información pública solicitado por María José Mellado, periodista de Epicentro. Aquí el correo electrónico con el que se da cuenta a la solicitud".

Minutos después, Epicentro Tv publicó un detallado hilo de Twitter ratificándose en el contenido del informe que publicó el lunes, y explicando por qué la falsedad no estaba en este lado.

El caso requiere un detalle mayor, pues, los documentos que la Fiscalía nos remitió el 17 de agosto pasado contienen, en resumen, sus argumentos para no entregarnos nada de lo solicitado al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ni audio ni acta de la Junta de Fiscales Supremos del 26 de mayo pasado.

Y demuestran que, más bien, ha demandado ante el Poder Judicial al Tribunal de Transparencia para evitar cumplir con la orden de entregar información que le dio este organismo.

"Cumplimiento" y "respuesta"

Según el tuit de la Fiscalía, el 17 de agosto pasado nos envió un correo electrónico con documentos, y con ello "dio respuesta" al mandato del Tribunal de Tribunal de Transparencia.

No es necesario que usemos un sello rojo para señalar que esto no se ajusta a los hechos. Los documentos no responden ni cumplen la disposición del citado tribunal.

La "respuesta" de la Fiscalía consiste en seis archivos contenidos en el correo, que son: dos oficios, un reglamento, dos notificaciones judiciales y una resolución judicial, documentos que no acatan nada y que ahora explicaremos.

El Oficio 008424-2023, del 17 de agosto, dirigido a la periodista María José Mellado Ruiz, con un curioso asunto: "Se otorga la información solicitada". La verdad es que no otorga nada; solo contiene un proveído firmado por la fiscal María Benavides Díaz, presidenta encargada de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro, que le remite a Mellado el resto de documentos.

El Oficio 000886-2023, del 17 de agosto, firmado por Carmen del Pilar Díaz Vásquez, secretaria de la Junta de Fiscales Supremos, de cuatro páginas, que explica por qué no es posible que nos entreguen la información requerida.

Y en este documento está la primera revelación.

Sobre el acta de la Junta de Fiscales Supremos del 26 de mayo, dice:

"... Se pone en conocimiento que el acta de fecha 24 de mayo de 2023, que viene siendo solicitado por la ciudadana María José Mellado Ruiz, a la fecha no se encuentra firmada por uno de los miembros que participó en la Junta de Fiscales Supremos de dicha fecha, por lo que no cumple con uno de los requisitos necesarios para ser considerada como un documento válido".

La fiscal suprema que no ha firmado el acta es Zoraida Ávalos, quien se encuentra suspendida por el Congreso de la República.

El 5 de junio pasado, cuando aún estaba en funciones, Zoraida Ávalos recibió de la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos una copia del acta del 24 de mayo. Pero no la firmó, al percatarse de que estaba tachada e incompleta, y de que sus intervenciones -en particular, la que se refirió a la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a la jueza Enma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación- no estaban consignadas.

Los detalles de ese tenso momento fueron contados el 19 de junio por Epicentro Tv, en un informe titulado "Las actas tachadas de la Junta de Fiscales Supremos".

Por ello, tres meses después de la realización de la referida Junta de Fiscales Supremos, la Fiscalía nos dice que, no es que no tiene el ánimo de incumplir con el mandato del Tribunal de Transparencia, sino que al acta que solicitamos aún le falta una firma, y que una vez que la firme Zoraida Ávalos, ya nos la entregará.

Así es como la Fiscalía sostiene haber "cumplido" con responder sobre nuestro pedido del acta. Sobre el otro requerimiento, el audio de la misma Junta de Fiscales Supremos del 24 de mayo, nos dijo algo inquietante:

"Se precisa que la entrega de audios de las sesiones de la Junta de Fiscales Supremos deviene en (sic) inviable debido a que los mismos son depurados una vez que el acta ha sido proyectada para la toma posterior de la firma de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos; por lo que, actualmente, dicha grabación no obra en el archivo documentario de esta secretaría".

La Fiscalía nos está diciendo con ello que en algún momento -no precisa la fecha- posterior a la realización de la Junta de Fiscales Supremos, esta instancia ordenó la "depuración" del audio. Se entiende, su eliminación.

Según los funcionarios de la gestión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la Fiscalía sólo tiene la obligación de mantener en resguardo las actas, mas no los audios. Sobre esto último -indica- no tiene ninguna obligación.

El abogado especialista en temas de transparencia y acceso a la información pública, Marco Gamarra, le dijo a Epicentro Tv que la eliminación del audio "constituye una actuación de mala fe por parte de la Fiscalía, pues, el Tribunal de Transparencia había ordenado su entrega".

"Durante el procedimiento ante el Tribunal, la Fiscalía nunca había alegado su eliminación, sino que había sostenido que era información confidencial. Ahora que el Tribunal emitió resolución ordenando su entrega, la Fiscalía procedió a borrar el audio", señaló el especialista.

Gamarra se refirió a la obligación que tienen las entidades en materia de transparencia y, por lo tanto, a "la obligación de conservar la información que poseen para asegurar el acceso ciudadano a la misma".

"Al eliminar el audio de la sesión de la Junta de Fiscales Supremos del 24 de mayo, la Fiscalía contraviene dicha obligación. Se trata de una destrucción indebida de información, por lo que corresponde que la Fiscalía adopte medidas para recuperar o reconstruir dicho audio, a efectos de proporcionarlo a la solicitante", puntualizó Gamarra.

Los conceptos de "respuesta" y "cumplimiento" parecen sobrevalorados en la Fiscalía. Todo se resume en no entregar nada por ahora y en eliminar parte del material requerido.

Pero no son los únicos documentos que llegaron adjuntos al correo del 17 de agosto pasado. Habíamos dicho que eran seis. A continuación, detallamos los cuatro restantes.

También en la vía judicial

El tercer documento remitido por la Fiscalía que avala su "respuesta" a Epicentro Tv es la copia del Reglamento de Sesiones de la Junta de Fiscales Supremos, que señala el requisito para la validez legal de las actas: que estén firmados por todos los fiscales supremos titulares.

El cuarto, es la constancia o el cargo del proceso de Nulidad de Resolución o Acto Administrativo, presentado por la Fiscalía ante el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, el 11 de agosto de 2023.

La Fiscalía acudió al Poder Judicial para oponerse al mandato del Tribunal de Transparencia tres días después de que este organismo notificara su resolución a las partes. La Fiscalía reaccionó rápidamente para pedirle al Poder Judicial que anule la orden del tribunal, para no entregar la información que estaba obligada a entregar.

El quinto documento remitido por la Fiscalía es similar al anterior y tiene la misma fecha, 11 de agosto, tres días después de la notificación de la orden del Tribunal de Transparencia. Se trata de la notificación de la presentación de una Medida Cautelar, nuevamente, para evitar entregar la información requerida por Epicentro Tv.

Y, el sexto y último documento es la Resolución Nº 1 del Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, del 16 de agosto pasado. En el encabezado, se observa que el demandante es la Fiscalía y el demandado el Tribunal de Transparencia.

La resolución sirve para declarar como litisconsorte -o parte interesada- a la periodista María José Mellado.

¿Cuál es el objetivo de la Fiscalía? A todas luces, por el momento, no entregar la información que Epicentro Tv solicitó en mayo pasado.

Volviendo al Oficio 000886-2023, reseñado líneas arriba, que suscribe la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos, Carmen del Pilar Díaz Vásquez, allí hay un párrafo que resume perfectamente el ánimo de la Fiscalía frente al mandato del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

"Se pone en conocimiento que con fecha 11 de agosto de 2023 se presentó una demanda contencioso administrativo contra dicha resolución [del Tribunal de Transparencia], así como se interpuso una medida cautelar... De modo que el cumplimiento de dicho mandato [del Tribunal de Transparencia] estaría condicionado a la culminación del citado proceso".

El Ministerio Público, el órgano constitucional que persigue el delito y que debe hacer respetar la legalidad en el país, recurre al Poder Judicial para no cumplir un mandato dictado por un órgano cuya ley de creación obliga a las entidades del Estado a cumplir sus fallos. Es decir, está señalando el camino para que en el futuro otros organismos públicos acudan a instancias judiciales para no transparentar los actos de sus funcionarios.

Con lo cual, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Nº 27806, que entró en vigencia en el año 2002, empezará a ser letra muerta.