Apenas empezaba el gobierno de Pedro Castillo y ya se veía que sus integrantes miraban el Estado como un botín. En agosto del 2021 el directorio de PetroPerú decidió incrementar los sueldos del entonces gerente general, Carlos Barrientos, y de otros seis  miembros del equipo de la gerencia, a cifras de hasta 56 mil soles. Las razones del incremento fueron un misterio y siguen siéndolo a pesar de la insistencia de Epicentro.TV para conocerlas.

Este es un relato que ilustra cómo le hacen trampa a la ley de transparencia.

Apenas empezaba el gobierno de Pedro Castillo y ya se veía que sus integrantes miraban el Estado como un botín. En agosto del 2021 el directorio de PetroPerú decidió incrementar los sueldos del entonces gerente general, Carlos Barrientos, y de otros seis  miembros del equipo de la gerencia, a cifras de hasta 56 mil soles. Las razones del incremento fueron un misterio y siguen siéndolo a pesar de la insistencia de Epicentro.TV para conocerlas. Este es un relato que ilustra cómo le hacen trampa a la ley de transparencia.

En septiembre pasado, PetroPerú respondió con un NO a nuestro pedido para saber las razones técnicas que justificaban los incrementos salariales.

Los aumentos fueron aprobados sobre la base de un informe técnico que quisimos conocer y pedimos amparados en la Ley de Transparencia. El requerimiento fue rechazado con el argumento de que era confidencial.

“El Informe GGPE-1033-2021, que sirve de sustento técnico para modificar la Política Salarial de PETROPERU, está basado en el “Informe Diagnóstico Salarial – Perú - Club de Petróleo y Gas”, elaborado por la empresa Korn Ferry (Hay Group S.A.), documento donde expresamente se precisa, con rótulo de CONFIDENCIAL”, respondió la empresa a través de un correo electrónico.  Y  agregó “su contenido no debe ser revelado a ninguna otra parte sin el consentimiento por escrito de Korn Ferry”, siendo por tanto de su propiedad y de uso exclusivo por PETROPERÚ (…) razón por lo cual no es posible atender lo solicitado”.

Frente a esta respuesta, Epicentro.TV presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la información Pública con la asesoría legal del Estudio Arbizu y Gamarra.

¿Por qué debería ser confidencial el informe técnico en el que se basa la información para aumentar los sueldos en la petrolera estatal? La doctora Cecilia Ruiz, abogada especialista en contrataciones del Estado, refiere que eso demuestra una total falta de transparencia por parte de la empresa. “PetroPerú es una entidad pública que está obligada a rendir cuentas y a dar información a la ciudadanía", dijo en conversación con EpicentroTv.

La apelación fue ingresada el pasado 01 de octubre. Dos meses después, llegó la  respuesta. A través de la Cédula de Notificación Nº11652-2021 -JUS/TTAIP con fecha 30 de diciembre del 2021, el Tribunal de Transparencia declaró  fundado el recurso presentado amparándose en la Constitución Política y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Toda información que posean las entidades que conforman la Administración Pública contenida en documentos escritos o en cualquier otro formato es de acceso público, por lo que las restricciones o excepciones injustificadas a su divulgación menoscaban el derecho fundamental de toda persona al acceso a la información pública”, dice el documento.

El 11 de mayo finalmente, EpicentroTV recibió el informe técnico rotulado como ‘CONFIDENCIAL’.  El informe de Korn Ferry (HAY GROUP S.A.) fue elaborado con base en un análisis del 2014, según el cual los ejecutivos de la petrolera deben tener sueldos adecuados a los rangos de los salarios del sector de hidrocarburos. De esa manera, aseguran, PetroPerú podrá tener personal calificado y competitivo. El punto es que el análisis fue hecho 8 años atrás. La doctora Cecilia Ruiz cuestionó el informe.  “Es un documento que justifica la adecuación de un política salarial que se sustenta en un informe del 2014 cuando era otra la situación y el contexto del mundo en general", dijo.

Después de los incrementos de sueldos ocurrió lo que todos sabemos. PetroPerú no pudo cumplir con la entrega de los estados financieros auditados, perdió la auditoría y terminó con calificación de bono basura en pocos meses. El Ministerio de Economía y Finanzas tuvo que emitir un salvataje de 750 millones de dólares. Dinero que sale del bolsillo de todos y todas, igual que los sueldos de los ejecutivos “competitivos”.

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