Informes de la Contraloría señalan presuntas responsabilidades del recientemente designado secretario general del Ministerio de Energía y Minas, Loly Wider Herrera Lavado, en dos de los proyectos emblemáticos que marcaron la gestión regional de Vladimir Cerrón Rojas. Una auditoría es evaluada por la Procuraduría del órgano nacional de control.
Dos auditorías de la Contraloría General de la República implican al recientemente designado secretario general del Ministerio de Energía y Minas, Loly Wider Herrera Lavado, en presuntos hechos irregulares ocurridos durante la construcción de los hospitales Manuel Higa Arakaki y San Martín de Pangoa, dos proyectos emblemáticos de la gestión regional de Vladimir Cerrón que hoy investiga la Fiscalía de Junín.
Los informes de auditoría encontraron presuntas irregularidades en las obras de mejoramiento de ambos centros hospitalarios, ejecutadas durante la gestión de Cerrón y de su sucesor –ambos, de Perú Libre– y atribuyeron responsabilidades a varios funcionarios regionales, entre ellos, al entonces gerente regional, Loly Wider Herrera Lavado. Un informe lo comprende en hechos de supuesta responsabilidad administrativa, y el otro, de tipo penal.
Epicentro Tv tuvo acceso a ambos documentos, los mismos que dan cuenta de la actuación que tuvo el hoy flamante secretario general del Ministerio de Energía y Minas, designado en el cargo por el nuevo ministro, Carlos Palacios Pérez, otro de los considerados como parte de la “cuota de Cerrón”.
Los informes forman parte hoy de carpetas fiscales abiertas por los dos hospitales emblemáticos, en etapa de investigación preliminar. En el caso concreto de Herrera, su nombre no figura entre los investigados por el Ministerio Público. Sin embargo, en noviembre pasado, la Gerencia Regional de Control de Junín remitió la auditoría sobre el Hospital San Martín de Pangoa a la Procuraduría de la Contraloría General de la República, para que evalúe el inicio de acciones legales contra los involucrados.
Auditoría: Hospital de Pangoa
Epicentro Tv obtuvo copia del Informe de Auditoría Nº 19289-2021-CG/GRJU-AC, de la Gerencia Regional de Control de Junín al “Proyecto de inversión pública: mejoramiento de los servicios de salud en el hospital San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, departamento de Junín”.
El objetivo de la auditoría fue determinar si hubo irregularidades en la elaboración y el pago del expediente técnico del proyecto.
En términos generales, la principal observación hecha por la auditoría fue que la “aprobación, conformidad y pago por la elaboración y evaluación de una primera versión del expediente técnico del proyecto (…), así como el pago por la evaluación de una segunda versión del expediente técnico, no cumplieron la finalidad pública ni consideraron la normativa aplicable, por lo que no fueron útiles para la ejecución y cumplimiento de los objetivos del proyecto, ocasionando un perjuicio económico de S/. 920,664”.
En el caso específico de Loly Wider Herrera Lavado, de acuerdo al informe de auditoría habría autorizado modificaciones sobre la dimensión del proyecto de inversión, pese a que la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones “no permite modificaciones de dimensionamiento en cuanto al tamaño o capacidad de producción del proyecto de inversión, estando en etapa de ejecución”.
“Por la naturaleza del cambio, dichas modificaciones, tal y como lo señala la norma, correspondían ser elevadas a la Supervisión, a fin de contar con el pronunciamiento sobre la viabilidad de la solución técnica planteada. Así también, no se cumplió con emitir y notificar al ejecutor de obra la resolución mediante la cual la entidad se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra, no sin antes contar con la certificación del crédito presupuestario”, señala el informe de control en las páginas 184 y 185.
Enumera, luego los presuntos incumplimientos y vulneraciones en que habría incurrido Herrera, y señala que en su caso existiría indicios de responsabilidad tanto administrativa como penal.
“Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada. Asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales a cargo de las instancias competentes”,
concluye el órgano de control en el caso de Herrera.
Auditoría: Hospital Arakaki
El pasado 9 de agosto, Epicentro Tv dio cuenta que un informe de auditoría (https://epicentro.tv/contraloria-detecta-irregularidades-en-la-adjudicacion-de-obras-para-el-hospital-higa-arakaki-durante-la-gestion-de-vladimir-cerron/) había encontrado irregularidades en la adjudicación de la obra…… y recomendado a la Procuraduría Regional de Junín a iniciar acciones legales contra cinco funcionarios. El primero de la lista era Loly Wider Herrera Lavado.
A nivel general, uno de los primeros hechos graves ocurrió al inicio del proceso, durante el mandato de Vladimir Cerrón, cuando el consorcio Arakaki II, a cargo de la construcción de la obra, firmó el contrato de ejecución sin haber presentado documentación obligatoria, como el desagregado de partidas del llamado Plan de Contingencia.
Otro hecho detectado ocurrió cuando el Gobierno Regional de Junín no hizo a tiempo el cambio del terreno donde se ejecutaría la obra (Satipo), pese a que incumplía con la Norma Técnica de Salud Nº 110 del Ministerio de Salud, y debía ser pronto reubicado.
La obra, finalmente, fue reubicada en el distrito de Río Negro. Sin embargo, la reubicación se efectuó sin que el expediente técnico del nuevo terreno estuviera listo.
Ahora bien, en el caso específico de Herrera Lavado, la página 28 de la auditoría señala que el funcionario “contravino lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 20 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 6.1.1.3. de la Norma Técnica de Salud Nº 110-Minsa/DGIEM-V.01 (…) situación que ocasionó prórrogas en el inicio del plazo e interrupciones posteriores en la ejecución de la obra, en perjuicio de la población beneficiaria”.
La Contraloría enumera las presuntas vulneraciones de norma y contravenciones en las que habría incurrido el exfuncionario y le atribuye presunta responsabilidad administrativa, mas no penal.
“Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la entidad”, señala la página 29 de la auditoría.
En cuanto a la gestión regional de Perú Libre, el documento señala que adelantó al Consorcio Arakaki II, a cargo de la ejecución del proyecto, S/. 8’250,541 por concepto de adelanto de materiales. Desde ese momento, 7 de febrero del 2020, la obra quedó suspendida.
Según la auditoría, el adelanto de dinero fue una contravención a la Ley de Contrataciones del Estado.
Cabe recordar que el presupuesto ofertado por el consorcio constructor sufrió aumentos sustanciales debido a que se incrementó el concepto de gastos generales, en más de 87%, y el de utilidades, en 51%.
Los casos de los hospitales La Merced e Higa Arakaki son casos emblemáticos en Junín, por toda la historia que hubo detrás. Algo que es, al parecer, una constante en las obras que se ejecutaron en las gestiones de Perú Libre.
