El informe de auditoría sobre el proceso de contratación y entrega del adelanto de materiales para el mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki revela oscuros detalles sobre la adjudicación de la buena pro al Consorcio Arakaki II que involucran a cuatro ex funcionarios del Gobierno Regional de Junín.
Cuando el Gobierno Regional de Junín aprobó el expediente técnico para la ejecución de la obra, en abril del 2018, consideró un terreno que no cumplía con los criterios de ubicación establecidos en las normas técnicas de salud: la existencia de un grifo, un colegio, un parque infantil y un cementerio a 40 metros de distancia. Al año siguiente – ya durante la gestión del entonces gobernador regional Vladimir Cerrón - funcionarios de la entidad consiguieron que la Municipalidad Distrital de Río Negro donara otro terreno para la construcción del hospital.
Sin embargo, la buena pro fue otorgada al Consorcio Arakaki II considerando el terreno inicial, que no estaba disponible en ese momento para la construcción del hospital. Una situación que contravenía la Ley de Contrataciones del Estado y que, además, terminó ocasionando prórrogas en el inicio del plazo e interrupciones posteriores en la ejecución de la obra. La obra debía iniciarse el 24 de agosto del 2019, pero como era imposible utilizar el terreno por las razones antes mencionadas, el Gobierno Regional modificó la ubicación de la obra y ésta recién pudo iniciarse el 14 de diciembre del 2019 en el terreno donado en Río Negro.
El 7 de febrero del 2020, el Gobierno Regional de Junín le pagó al Consorcio Arakaki II un total de S/8’250,541 (el 7.4% del monto del contrato original) por concepto de adelanto de materiales. Ese mismo día se suspendió la ejecución durante 45 días, pues la obra no contaba con un expediente técnico acorde al nuevo terreno. El desembolso por adelanto de materiales contravino la Ley de Contrataciones del Estado y puso a disposición del contratista más de 8 millones de soles que no fueron destinados a la finalidad establecida.
La Contraloría también ha detectado que el Consorcio Arakaki II firmó el contrato para la ejecución de la obra – durante la gestión de Vladimir Cerrón – no había presentado documentación obligatoria para ese fin, como el desagregado de partidas del Plan de Contingencia. Además, el presupuesto ofertado por el Consorcio Arakaki II tuvo variaciones sustanciales, como el incremento de los gastos generales en más de 87% y de las utilidades en más de 51% del presupuesto de la obra.
El informe recomienda poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores presuntamente responsables: el Gerente General Regional, Loly Wilder Herrera Lavado, los Gerentes Regionals de Infraestructura, Jakelyn Flores Peña y Luis Ángel Ruiz Oré, y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Augusto Paredes Taipe.
