La presidenta sostiene que el Estado peruano “tiene un marco legal que regula el uso excepcional de la fuerza con estándares internacionales” y que su gobierno “no es racista ni discriminatorio”.
La presidenta Dina Boluarte rechazó este miércoles las principales conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señalan que el Estado peruano hizo uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza durante las movilizaciones sociales que paralizaron al país entre diciembre y enero pasados.
En conferencia de prensa, y pocas horas después de la presentación del informe de la CIDH, la mandataria Dina Boluarte objetó la calificación de posibles “ejecuciones extrajudiciales” y de “masacres”. Aseguró que el Estado peruano es respetuoso de las libertades fundamentales, incluida la protesta pacífica, y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
“El Consejo de Ministros ha hecho una evaluación preliminar del informe de la CIDH por el respeto y el alto valor que le da al sistema interamericano de derechos humanos… Como todo informe, hay aspectos que no compartimos, pero respetamos. Rechazamos la calificación de ejecuciones extrajudiciales y de masacres”, agregó Boluarte.
La jefa de Estado también negó que el Ejecutivo haya propagado discursos de polarización, así como actos racistas y de discriminación contra las poblaciones de regiones.
“El país es testigo de los esfuerzos que hizo el gobierno para imponer el diálogo, la paz social y atender la justa demanda de nuestra población… Esta presidenta, que viene del sur, en reiteradas veces ha señalado su respeto a la diversidad cultural, a nuestra historia, a nuestras costumbres. En este gobierno no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión ni de otra índole”, añadió Boluarte.
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En compañía de sus ministros de Estado, la mandataria respaldó el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, al sostener que “el Estado peruano tiene un marco legal que regula el uso excepcional de la fuerza con estándares internacionales”.
La presidenta Boluarte mencionó, además, que su gobierno atendió el pedido del Ministerio Público para crear un equipo especial de fiscales de derechos humanos, con competencia nacional y presupuesto adicional, que cuenta con el apoyo técnico de las Naciones Unidas, para asegurar que las investigaciones avancen con “objetividad y celeridad”.
Sobre las recomendaciones de la CIDH, Boluarte indicó que su gobierno ya ha venido implementando acciones para esclarecer los hechos durante las protestas que iniciaron tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, no obstante, precisó que “las evaluaremos y conforme a nuestro marco legal y constitucional las iremos atendiendo”.
Boluarte saludó que la CIDH haya establecido claramente que el 7 de diciembre de 2022 el expresidente Pedro Castillo violó el ordenamiento jurídico, atentando de manera indiscutible contra los valores democráticos, y que haya rechazado “el exceso de quienes protestaron de manera violenta, destruyendo bienes públicos y privados: tomas de aeropuertos, incendios de comisarías, bloqueo de carreteras, y, como consecuencia de ello, la muerte de compatriotas".
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien participó de la conferencia de prensa de manera virtual por encontrarse con covid-19, restó importancia a las recomendaciones de la CIDH.
“No estamos ante una sentencia; sólo puede sentenciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, estamos ante el reporte de un informe temático que contiene una serie de recomendaciones que alcanzan a varios organismos del Estado”, dijo.
🔴 Esto es lo que señala el informe de la CIDH sobre el SO de la PNP José Luis Soncco Quispe. No fue "quemado vivo", como afirma el premier Alberto Otárola. pic.twitter.com/LsNNhi2Vcz
— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) May 3, 2023
En el mismo tenor de la mandataria, el primer ministro finalizó señalando que le “no parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la CIDH concluya que hubo graves episodios de uso de la fuerza tan solo con una entrevista y dos visitas al Perú”.
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