Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya había recomendado “declarar improcedente” la denuncia contra la presidenta. Según este grupo de trabajo, durante las protestas también se registraron actos violentos contra las fuerzas del orden y daños a la infraestructura de varias instituciones públicas.

La Comisión Permanente del Congreso de la República dispuso en la víspera el archivo de una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por su responsabilidad, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por la muerte de 49 civiles y 7 agentes del orden, y los casi dos mil heridos (entre civiles, policías y militares) que ocurrieron en el contexto de las movilizaciones sociales en contra de su gobierno, entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

La denuncia constitucional contra Boluarte incluía, además, al exministro de Defensa y actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, su antecesor, Pedro Angulo, y al exministro del Interior, César Cervantes.

La mencionada comisión tomó esta decisión tras aceptar las recomendaciones de un informe de calificación, elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 5 de mayo, que recomendó “declarar improcedente” la denuncia contra Boluarte argumentando que las actuaciones de las fuerzas del orden durante los estados de emergencia deben ser juzgadas en el Fuero Militar Policial.

Además, la Subcomisión señaló que también se registraron actos violentos contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y en perjuicio de la propiedad estatal durante las protestas.

Otra justificación de la Subcomisión para sugerir la improcedencia de la denuncia contra Boluarte y sus exministros fue que los hechos ocurridos desde el 7 de diciembre de 2022 hasta febrero de 2023 continúan en investigación por el Congreso y el Ministerio Público, y por lo tanto aún no se define si existe responsabilidad de algún funcionario.

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El pedido de acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte fue presentado por los congresistas Sigrid Bazán, Ruth Luque, Isabel Cortez, Edgard Reymundo y Roberto Sánchez, de la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú.

Ante la decisión de la Comisión Permanente, Bazán, principal promotora de esta denuncia, pidió a la Mesa Directiva del Congreso una reconsideración de la votación, pero su solicitud no procedió. Es preciso señalar que el reglamento de dicha comisión no permite reconsiderar las votaciones.

La parlamentaria Sigrid Bazán lamentó, a través de su cuenta de Twitter, que la Comisión Permanente haya “sepultado” la posibilidad de que este Congreso investigue la muerte de 67 peruanos. "El Congreso aún no conforma la Comisión de Investigación Multipartidaria de los posibles crímenes cometidos por la reciente crisis política y social", añadió.

La congresista Bazán fue la promotora de la denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte.

La Comisión Permanente dio a conocer su decisión un día después de que la mandataria Dina Boluarte fuera interrogada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, —pero se negara a responder a la Procuraduría y a los abogados de los deudos de las víctimas— en el marco de la investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves por las muertes durante las protestas.

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