Ante el informe de la CIDH, la presidenta Dina Boluarte intenta deslindar su responsabilidad de las víctimas que dejaron las protestas. Los abogados Omar Cairo, Ronald Gamarra y Pedro Cateriano cuestionan la postura de la mandataria y le recuerdan sus obligaciones como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Del honor a la distancia. A inicios de marzo, cuando las instituciones de derechos humanos todavía no emitían informes por los muertos y heridos durante las protestas, la presidenta Dina Boluarte recibió el bastón de mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y dejó una frase que probablemente hoy le costaría repetir: “nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no solo han defendido con esfuerzo y con valentía la independencia, la soberanía y la integridad territorial, sino que hoy luchan junto a nosotros por el desarrollo y por construir un país mejor… Es para mí un alto honor ser reconocida como su jefa suprema”.
Dos meses después de aquella investidura, Boluarte ha optado por marcar distancia y negar su responsabilidad en la convulsión social que aquejó al país desde que ella se sentó en el poder, tras el frustrado golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
