Su defensa apeló a su derecho al silencio alegando que la Corte Suprema debe resolver primero la apelación del fiscal adjunto supremo Marco Huamán, quien en marzo pasado se opuso a la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley de autorizar a los abogados y a la Procuraduría interrogar a la presidenta.

El momento en que la presidenta Dina Boluarte llegó a declarar a la Fiscalía, en vehículo oficial.

La presidenta Dina Boluarte evitó responder las preguntas que tenían planeado hacerle los abogados de los familiares de las víctimas de las protestas contra su gobierno y el representante de la Procuraduría General.

De acuerdo con fuentes enteradas de los pormenores de la audiencia desarrollada esta mañana en la sede de la Fiscalía de la Nación, cuando llegó el turno de las preguntas de los abogados de los deudos y de la Procuraduría, la defensa de la jefa de Estado optó por no responder, alegando que buscaban la mayor “objetividad” en la investigación fiscal.

El letrado pidió, adicionalmente, que se tenga en cuenta que la Corte Suprema aún no resuelve la apelación del fiscal supremo adjunto Marco Huamán, el mismo que en marzo pasado se opuso a la decisión que tomó el juez supremo Juan Carlos Checkley de autorizar a los abogados de las víctimas de las masacres de Ayacucho y Puno a interrogar a la presidenta de la República.

Ante la insistencia de los abogados, la presidenta Boluarte apeló a su derecho de guardar silencio. Y no habló más durante el resto de la audiencia.

Previamente, la Fiscalía había hecho veintidós preguntas a la mandataria. “Todas muy generales”, cuestionó una fuente conocedora de los hechos. “Y no hubo repreguntas”, añadió.

“Incluso algunas de las preguntas generales fueron evadidas por la presidenta”, manifestaron nuestras fuentes.

Por el Ministerio Público estuvieron presentes la fiscal de la Nación Patricia Benavides y el fiscal adjunto supremo provisional Marco Huamán.

Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, son investigados por los presuntos delitos de genocidio calificado y lesiones graves por las cerca de cincuenta muertes en el marco de las protestas contra el gobierno, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

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