Contraloría pide S/ 542 millones al Ejecutivo para enfrentar déficit presupuestal

El contralor César Aguilar le ha pedido dinero al gobierno y una reunión a la presidenta Dina Boluarte para poder realizar las acciones de control a nivel nacional, pero la respuesta del gobierno es: "no". Para paliar en algo la crisis, la Contraloría cortará los contratos de al menos 3 mil auditores que fueron contratados durante la gestión de Nelson Shack en un concurso que ha sido calificado como "ilegal" por un reciente informe de control.

La Contraloría General de la República tiene un serio problema presupuestal y ello ha obligado al actual contralor, César Aguilar Surichaqui, a pensar en dos medidas: pedir más S/ 542 millones al Ejecutivo y al Congreso para enfrentar el déficit presupuestal, y cortar los contratos de 3 mil nuevos auditores que fueron contratados tras un concurso que ha sido catalogado de "ilegal" por no contar con los fondos para financiarlo. 

El contralor Aguilar anunció este martes que la Secretaría General de la Contraloría de la República declarará la nulidad del Concurso Nº 01-2024 mediante el cual dicha entidad contrató a 4,050 nuevos auditores sin disponer de presupuesto para ello, lo cual le ha generado al órgano de control un problema presupuestal que supera los S/ 307 millones.

Así lo informamos este mediodía en nuestra cuenta de Twitter: 

Epicentro Tv publicó temprano los detalles de un informe de control que revela el problema generado durante la gestión del anterior contralor, Nelson Shack, quien pidió darle "prioridad" a la contratación de una importante cantidad de auditores, dando inicio al concurso público de méritos que hoy es considerado por el informe como una "ilegalidad" y una "irregularidad". 

La acción de control encontró responsabilidad en cinco altos funcionarios. La lista es encabezada por el exsecretario general de la Contraloría, Luis Miguel León Iglesias, quien ya no labora allí. 

Dos de ellos -Alan Werner Saldaña Bustamante, gerente encargado de Capital Humano, y Daniel Darío Sedan Villacorta, subgerente de Personal y Compensaciones- aún laboran en la entidad de control. 

El contralor Aguilar se reunió esta mañana con un grupo de periodistas en la sede de la Contraloría para anunciar que, tras la emisión del informe de control, a partir del 1 de abril próximo cortará los contratos de por lo menos 3 mil auditores de los 4,050 que ingresaron a través del cuestionado concurso. 

De todos modos, esa es una forma de paliar la situación presupuestal de la entidad, que ya es grave. 

La otra medida es el pedido de S/ 542 millones al gobierno. Pero, como veremos en breve, el pedido todavía no tiene eco. 

De hecho, en su reunión con periodistas, el contralor Aguilar confesó este martes que le ha pedido una reunión a la presidenta Dina Boluarte, pero que aún no ha sido recibido.

Los pedidos de dinero

El 23 de enero de 2025, Aguilar le envió un oficio a la presidenta Dina Boluarte para solicitar recursos por S/ 542’423,840, "para la sostenibilidad de personal y operatividad institucional". 

Sin medias tintas, el contralor le dijo a la presidenta que la situación de la Contraloría es "deficitaria" y que la misma ya había sido informada "en reiteradas solicitudes". 

"El referido déficit se deriva en los diversos dispositivos emitidos durante el año fiscal 2024, que dispuso la devolución al Tesoro Público de más de S/ 608 millones del presupuesto institucional de la CGR", le dijo Aguilar, añadiendo el problema de la reducción del porcentaje destinado al control concurrente, de 2% a 0,6%. 

Asimismo, lamentó que "estas disposiciones afectan sustancialmente el financiamiento de los servicios de control del presente año, por ello, es necesario que dicho déficit se financie con una Demanda Adicional por la fuente de recursos ordinarios, cuyo monto asciende a S/ 542,423,840, conforme se detalla en el Anexo 1 adjunto al presente".

El Anexo 1 contiene 30 páginas con el sustento técnico del pedido presupuestal. 

El 6 de febrero, dos semanas después del pedido anterior, el contralor volvió a enviar un oficio nuevo a la presidenta Boluarte para solicitarle, como se observa en el documento que publicamos a continuación, una "reunión de trabajo a fin de tratar el presupuesto adicional".

Como señalamos líneas arriba, un mes y tres semanas después, este pedido no ha sido respondido por la presidenta Dina Boluarte. 

¿No quiere el Ejecutivo que haya control? Es una pregunta relevante que la jefa de Estado debe responder. 

En todo caso, el mismo pedido que hizo Aguilar a la presidenta el 23 de enero pasado fue hecho también al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. De modo que la cabeza del Parlamento ya conoce cuál es la situación financiera de la Contraloría.

Lo único que ha recibido hasta la fecha el contralor es la respuesta del subsecretario general del Despacho Presidencial, quien el 6 de febrero le informó con este oficio que su documento había sido derivado al Ministerio de Economía y Finanzas.

Todo indica que luego de esta comunicación el contralor general le propuso al MEF un proyecto de decreto de urgencia que apruebe "medidas extraordinarias" para garantizar la continuidad de las acciones de control durante la emergencia decretada por el gobierno. 

Pero el gobierno le dijo "no". 

El 12 de marzo pasado, el MEF le remitió al contralor Aguilar un memorandum y un informe legal dirigido por el jefe de la Oficina General de la Asesoría Jurídica al viceministro de Hacienda Eric Wilfredo Lahura Serrano, con malas noticias. 

"En dicho informe se concluye que no resulta jurídicamente viable el proyecto de decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias destinadas a garantizar los servicios de control a nivel nacional en el marco de la emergencia por desastres naturales acaecidos por la coyuntura climática, el incremento de la inseguridad ciudadana y la reactivación de obras paralizadas", sostiene el siguiente documento:

En suma, estamos posiblemente ante la situación más crítica de la Contraloría General, la que debe vigilar y controlar la actuación de los funcionarios públicos de todo el territorio.

Y el gobierno no solamente lo sabe sino que no parece estar dispuesto a mover un dedo.