La Contraloría contrató a 4,050 auditores sin tener presupuesto

Una auditoría detectó que el propio órgano máximo de control, durante la gestión de Nelson Shack, aprobó un concurso para contratar a nuevos auditores sin contar con disponibilidad presupuestal, comprometiendo fondos de la entidad por S/ 307 millones. El informe tilda literalmente el hecho como una ilegalidad y señala que Shack pidió darle "prioridad".

La Contraloría General de la República llevó a cabo un proceso para seleccionar a 4,050 auditores sin tener presupuesto aprobado y, pese a ello, los contrató, comprometiendo sus fondos por más de S/ 307 millones. 

Este hecho inaudito, que ocurrió durante la gestión del anterior contralor, Nelson Shack, es literalmente considerado por un reciente informe de control como una ilegalidad y una irregularidad, lo cual no es poca cosa tratándose de la entidad que controla a todas las demás entidades y a todos los funcionarios públicos a nivel nacional. 

El Informe de Control Específico Nº 006-2025, fechado el 19 de marzo último, señala a funcionarios claves en la administración de Nelson Shack como los responsables de haber autorizado y llevado a cabo un concurso público para incorporar a 4,050 "posiciones" para la ejecución de servicios de control -léase, auditores- mediante un contrato de trabajo bajo el régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo 728). 

Pero también revela que Shack -quien no ha sido comprendido en la relación de funcionarios responsables- "aprobó" y "priorizó" el "requerimiento de personal solicitado. 

Según el Apéndice 1 del informe de control específico, son cinco los altos funcionarios de la gestión de Shack comprometidos en este asunto.

Encabezan la lista de presuntos responsables quien fuera secretario general, Luis Miguel León Iglesias -quien fue, hasta hace pocas semanas, asesor III de la Presidencia de Essalud-, Edilberto Martín Terry Ramos, exgerente de Capital Humano; Daniel Darío Sedán Villacorta, subgerente de Personal y Compensaciones hasta la fecha; Alan Werner Saldaña Bustamante, ex subgerente de Políticas y Desarrollo Humano; y Rogers Antonio Rivera Serna, ex subgerente de Planeamiento, Presupuesto y Programación de Inversiones. 

Los cinco funcionarios fueron designados en dichos cargos durante la gestión de Nelson Shack como contralor general. 

A ellos se les imputa haber aprobado y publicado las bases del concurso, pese a que no contaban "previamente con la aprobación de la aprobación de la CCP [Certificación de Crédito Presupuestario] que garantizara que se contara con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación para comprometer el gasto con cargo al presupuesto institucional". 

Según la auditoría, luego del pedido de Shack para darle "prioridad" al tema, Iglesias autorizó al gerente de Capital Humano "a proseguir con las acciones que correspondieran para la ejecución" del concurso público. 

Toda esta cadena de hechos provocaron, según el documento, "la ilegalidad del concurso y de la vinculación de personal, así como la afectación financiera de la Contraloría General de la República". 

Ocurrió a pesar de que las bases establecían, en el numeral 3.9, que el concurso podría cancelarse en su totalidad, entre otras razones, por un asunto de "restricciones presupuestales". 

Ello no fue advertido por el responsable de la conducción del concurso público, el ex subgerente de Políticas y Desarrollo Humano. 

Nadie se percató de la observación del numeral 3.9 de las bases. Y al parecer nadie se preocupó por la disponibilidad de fondos. 

Por ello, entre el 10 y el 14 de junio de 2024, el todavía subgerente de Personal y Compensaciones suscribió, sin contar con la certificación de crédito presupuestario, los contratos de los auditores que ganaron el concurso. 

El 18 de junio, un día después del inicio de labores de los nuevos auditores, el subgerente de Personal y Compensaciones solicitó al entonces subgerente de Planeamiento, Presupuesto y Programación de Inversiones la aprobación de dos certificaciones de crédito presupuestario para atender el pago de las remuneraciones de los recién contratados. Recién en ese momento. 

El entonces subgerente de Planeamiento las aprobó inmediatamente. Ello, de acuerdo con el informe de control, "contravino lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1440", la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, el Procedimiento Certificación y Previsión Presupuestaria y el Procedimiento Reclutamiento y Selección de Personal 728 y CAS.

O sea, se ignoraron piezas legales claves de presupuesto para pago de remuneraciones. 

"El hecho expuesto ocasionó la ilegalidad del CPM Nº 01-2024-CG y de la vinculación del personal a la entidad derivada del mismo, así como la afectación de la situación financiera de la CGR, al tener que asumir gastos cuyo compromiso no se encontró garantizado con la respectiva CCP; situación que se originó por el accionar contrario a la normativa de los funcionarios involucrados", concluye la auditoría. 

¿Cómo pudo ocurrir esto en la propia Contraloría General? ¿Cómo pudo la gestión de Nelson Shack realizarlo y permitirlo? 

Como indicamos, el informe de control subraya que quien autorizó el proceso fue Luis Miguel Iglesias, el entonces influyente secretario general de la Contraloría, quien hoy es asesor nivel III de la Presidencia Ejecutiva de Essalud. 

"Mediante Memorando Nº 000106-2024-CG/SGE de 26 de enero de 2024, el señor Luis Miguel Iglesias León, secretario general, autorizó al señor Edilberto Martín Terry Ramos, gerente de Capital Humano, a proseguir con las acciones que correspondieran para la ejecución del CPM Nº 01-2024-CG", indica el informe. 

Todo lo demás, que no contaba con la certificación de crédito presupuestario que garantizara el cumplimiento del pago de las futuras remuneraciones de los auditores, continuó sin mayor inconveniente. 

Posteriormente, los funcionarios quisieron rebajar las demandas presupuestales, pero las cosas prosiguieron hasta incurrir nada menos que en la "ilegalidad" del proceso. 

"El hecho expuesto ocasionó la ilegalidad del CMP Nº 01-2024-CG y de la vinculación del personal derivada del mismo; así como la afectación de la situación financiera de la CGR, al tener que asumir gastos cuyo compromiso no se encontró garantizado con la respectiva CPP, situación que se originó por el accionar contrario a la normativa de los funcionarios involucrados", sostiene la auditoría.

Los fondos comprometidos por los ochos meses de contrato de los 4,050 nuevos auditores ascienden a S/ 307’062,818. Fondos del presupuesto de la Contraloría General. 

Vaya forma de cuidar y planificar los fondos de la entidad contralora de la nación.