Combis blindadas, sicarios nacionalistas y otras miserias congresales
Mientras los transportistas marchaban hacia el Congreso de la República para pedirles a los parlamentarios que de una vez por todas tomen medidas para frenar la ola criminal que va cobrando la vida de dieciséis choferes de transporte público en lo que va del año, en el Pleno del Congreso se barajaban algunas propuestas.
Edwin Martínez, a quien de acciopopulista solo le quedó lo populista, exclamó a voz en cuello durante el ‘Pleno contra la inseguridad’: "Nos matan o los matamos, ya no hay que ser tibios. (...) Exhortar al Ejecutivo que de una vez deporte a todos los extranjeros ilegales. Ilegalidad es sicariato, es delincuencia, es asesino, es violador. No merecen estar en nuestro país (...) Ojalá que nuestros asesinos los asesinen a esos malditos y no los dejen seguir asesinando al pueblo", haciendo un llamado patriótico a los criminales connacionales y conminándolos a ejercer una suerte de sicariato con tintes nacionalistas.
El día anterior, también ante el Pleno del Congreso, el congresista José Cueto, ex marino de la bancada escindida de Renovación Popular, Honor y Democracia, propuso: "A los amigos transportistas, que los están matando, pónganse láminas antibalas", delegando la responsabilidad de su seguridad a las víctimas del crimen organizado y confirmando, una vez más, que las FFAA no están preparadas para hacerle frente a la ola de criminalidad. Basta ver a los militares apostados en las calles, con el pretexto del estado de emergencia, sin saber qué hacer frente a los sicarios y extorsionadores que campan a sus anchas.
El día del paro, la presidenta Dina Boluarte volvió a aparecer ante las cámaras en el llamado "cuarto de guerra" desde el que todos los días repite la misma monserga: que la policía es muy eficiente capturando extorsionadores y sicarios, pero la Fiscalía y el Poder Judicial los liberan; dándole en la yema del gusto a un Congreso lleno de parlamentarios investigados que se afilan los dientes para reformar el sistema de justicia a la medida de la impunidad que necesitan.
"En dos años y meses del gobierno de la presidenta Boluarte no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de 20, 30, 40 años. No es responsabilidad de la presidenta Boluarte", dijo la propia Boluarte - en tercera persona - reconociendo la incapacidad de su gobierno e intentado responsabilizar de la crisis de seguridad a sus antecesores de las últimas cuatro décadas (incluyendo en la lista, quizás sin proponérselo, al padre de su principal aliada y sostén).
Esa mañana, cuando el paro ya se había hecho sentir en toda la capital, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, exhortó al Congreso a "revisar" las leyes pro crimen aprobadas en los últimos meses. "No puedo dejar de reiterar que existen normas aprobadas en los últimos meses que merecen una urgente revisión tal como lo ha señalado la Corte Suprema en un informe que le hemos remitido". Por ejemplo, la norma que modificó la calificación de organización criminal excluyendo de la lista delitos como la estafa agravada, la extorsión y el sicariato. Una ley que el Congreso ya hubiera derogado si los partidos que lo controlan tuvieran verdadera voluntad política para enfrentar a las mafias.
Sin embargo, el Congreso no solo no derogó ninguna de sus leyes que benefician a las organizaciones criminales, sino que aprobó una nueva ley pro crimen. Pese a que el Ministerio Público, el Poder Judicial y hasta el Poder Ejecutivo se habían pronunciado en contra, el Pleno aprobó en segunda votación una modificación a la ley de extinción de dominio, una herramienta legal utilizada para recuperar bienes vinculados al crimen organizado. La norma aprobada va a impedir que el Estado pueda incautar a tiempo bienes obtenidos como fruto de delitos graves como el narcotráfico y la extorsión.
Lejos de servir para encauzar las aguas políticas hacia la búsqueda de mejores medidas para combatir a las mafias de extorsionadores que han tomado las ciudades, el paro de transportistas nos dejó más propuestas populistas, más lavadas de manos y una nueva leye pro crimen organizado que sólo va a agravar la situación. La semana que termina nos ha dejado ver - otra vez - el verdadero rostro de la coalición que gobierna y todas las miserias de las que sus miembros pueden ser capaces.
* David Gómez-Fernandini G.
Periodista peruano con 20 años de experiencia. Ex reportero de los programas de investigación periodística Prensa Libre y Cuarto Poder de América TV. Maestrando en Ciencia Política.