A partir de la afiliación de Alberto Fujimori a Fuerza Popular, se debate la posibilidad de que pueda ser candidato en las próximas elecciones, pese a estar condenado por crímenes de lesa humanidad y de corrupción.

¿Puede un condenado por delitos contra los derechos humanos y corrupción postular a un cargo público?  El pasado 15 de junio, el expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, se afilió al partido político de su hija, Fuerza Popular.

Tras este hecho, voceros de su partido como Miguel Torres o Alejandro Aguinaga no descartaron una posible postulación presidencial de Fujimori para los comicios del 2026. Incluso, su abogado, Elio Riera, declaró en diferentes medios que el exdictador se encuentra “habilitado legalmente” para participar de las próximas elecciones.

Cero viabilidad

Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ordenó la libertad de Fujimori en diciembre del 2023, en aplicación del indulto humanitario que le concedió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, esta gracia presidencial constituye un perdón y no elimina la condena que pesa sobre el padre de Keiko Fujimori.

La Constitución dice en su artículo 34, inciso A que “están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.

Ley de Reforma Constitucional que incorpora el artículo 34-A y el artículo 39-A sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular o ejercer función pública - LEY - N° 31042 - CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ley de Reforma Constitucional que incorpora el artículo 34-A y el artículo 39-A sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular o ejercer función pública

Asimismo, la Ley Orgánica de Elecciones indica que los delitos cometidos por el exmandatario le impiden postular, pese a estar rehabilitado. Es decir, que al ser condenado por dichos crímenes, “surge un impedimento de naturaleza permanente, por lo que no correspondería que pueda postular”, señaló a Epicentro TV, el especialista en derecho electoral, José Naupari.

“Si yo he sido condenado por delitos de peculado, colusión o corrupción de funcionarios, por mi condición de autor y por ser funcionario público, yo no puedo postular, así me haya rehabilitado”, agregó.

¿Puede hacer algo el Congreso para beneficiar a Fujimori?

Sí. Según indicó Naupari a este medio, existe el tiempo necesario y una serie de acciones que el Congreso puede ejecutar para lograr que el condenado expresidente postule.

Una de ellas es modificar la Ley Orgánica de Elecciones y suprimir los impedimentos en cuestión. También podrían establecer que dichos impedimentos “no resultan aplicables a quienes hayan recibido un indulto”.

Es así que el Congreso tendría hasta abril del 2025 para optar por cualquiera de esos caminos, pues las normas con rango de ley se pueden modificar hasta la fecha de vencimiento del plazo para convocar a elecciones generales.

“Tiempo para allanar el camino a determinadas personas que hayan sido sentencias, sin duda hay (...) Incluso se podrían aprobar reformas constitucionales porque la segunda legislatura ordinaria empieza en marzo”, resaltó el entrevistado.

La Ley Antauro es pro Fujimori

El pasado 13 de junio, dos días antes de la afiliación de Fujimori a Fuerza Popular, el Pleno del Congreso estuvo a punto de aprobar un dictamen de la Comisión de Constitución para impedir que puedan ser candidatos sentenciados por terrorismo, tráfico de drogas, violación, corrupción de funcionarios, peculado, homicidio, trata de personas, secuestro, traición a la patria y los que atenten contra el Estado y el orden constitucional. El objetivo de esta reforma era impedir la candidatura de Antauro Humala.

Sin embargo, la presidenta de la comisión de Constitución, la fujimorista Martha Moyano, introdujo un texto sustitutorio excluyendo de la lista delitos como el homicidio, corrupción y secuestro, lo que daría carta blanca a Fujimori para postular en las próximas elecciones. Finalmente, no hubo acuerdo y el Pleno decidió que el dictamen regresara a la comisión de Moyano, donde será revisado y vuelto a presentar ante el Pleno en la siguiente legislatura.

Más allá de Fujimori

La posibilidad de que el Legislativo siga intentando modificar más leyes es viable y una de las mayores consecuencias sería que no solo beneficiaría a Fuerza Popular, sino también al resto de bancadas que cuentan con militantes que ocuparon cargos públicos y que fueron separados de estos por cometer diferentes delitos. Una situación que eleva la posibilidad de que el Congreso termine aprobando una norma que haga posible una candidatura de Alberto Fujimori, ya sea al Senado que se instalará en julio de 2026 o a la Presidencia de la República.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Diego Pomareda, señala que una postulación de Fujimori en las próximas elecciones podría tener como consecuencia directa la anulación de su indulto, pues el Informe Defensorial N.º 117 dice textualmente que “el señor Fujimori debe evitar toda actividad que guarde relación con los crímenes motivo de su sentencia. En este caso concretamente la participación en asuntos políticos.”

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