La Corte IDH ha solicitado al Estado peruano que informe sobre cómo está cumpliendo la resolución que le pide abstenerse de conceder el indulto a Alberto Fujimori. En tanto, el expediente del expresidente está siendo revisado por un juez de Ica que ha sido anteriormente cuestionado.

En apenas dos días, nuevamente, una posible excarcelación del expresidente Alberto Fujimori ha generado expectativas entre sus familiares e integrantes del partido fujimorista, e indignación y alerta entre los familiares de las víctimas de los casos ‘Barrios Altos’ y la Cantuta’, por los que Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel.

Esta situación ha resurgido debido a que el martes último una resolución del Tribunal Constitucional (TC) negara los pedidos de aclaración, tanto del Poder Judicial como de la defensa de Alberto Fujimori, sobre la sentencia emitida el 17 de marzo del 2022 que le concedió el indulto humanitario y dispuso su libertad.

Te puede interesar:

Resolución de TC no resuelve indulto a Fujimori
El auto del Tribunal Constitucional declaró improcedentes los pedidos de aclaración sobre la sentencia del TC que concedía indulto humanitario a Alberto Fujimori. Constitucionalistas afirman que juez no podrá desconocer pronunciamiento de la Corte IDH. “Mi padre es un hombre que tiene 85 años, que…

Los magistrados del tribunal declararon improcedentes ambos pedidos y resolvieron remitir los actuados al juez de ejecución del Hábeas Corpus “a fin de que proceda conforme a sus atribuciones”.

Expertos constitucionalistas precisaron que el auto de aclaración del TC no es una sentencia que haya anulado el indulto ni decretado la excarcelación de Fujimori. Sin embargo, el que los magistrados hayan derivado lo actuado al juez de ejecución del Hábeas Corpus ha generado distintas interpretaciones.

Ayer por la noche, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a través de su cuenta de Twitter, informó que, de acuerdo al inciso 9 del artículo 118 de la Constitución, el Poder Ejecutivo “está obligado a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”.

Al respecto, Ronald Gamarra, abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta en el juicio contra Fujimori, aseguró: “Las resoluciones de la Corte IDH son inimpugnables. El Estado se ha comprometido a su cumplimiento general, y en el caso concreto de Barrios Altos y La Cantuta existe declaración expresa de Perú, ante la Corte IDH, de abstenerse de ejecutar la sentencia del TC sobre Fujimori”.

La Corte IDH interviene

Hoy, por la mañana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano que informe cómo está cumpliendo la resolución emitida el 7 de abril del 2022, la cual resolvió que el Estado peruano debe abstenerse de implementar la sentencia del TC que restituye el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori.

El secretario de la Corte CIDH, Pablo Saavedra, informó que los representantes de las víctimas de los casos ‘Barrios Altos’ y ‘La Cantuta’, casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, solicitaron ayer a la Corte “información urgente” sobre la no excarcelación de Alberto Fujimori.

Ante ello, el secretario de la Corte IDH indicó en un documento que “siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal”, el Estado peruano tiene como plazo hasta el próximo 6 de diciembre, para presentar un informe en el que presente sus observaciones a la solicitud de los representantes de las víctimas, teniendo en cuenta lo resuelto anteriormente por la Corte.

Asimismo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) emitió un comunicado pronunciándose sobre las declaraciones del presidente del TC, Francisco Morales, quien aseguró que sí procede la liberación de Fujimori.

“Recordamos que los Estados no pueden ampararse en la existencia de disposiciones de derecho interno o en decisiones judiciales de tribunales locales, aún cuando estos sean de la más alta jerarquía, para dejar de cumplir las obligaciones contenidas en los tratados ni desacatar las órdenes dadas por la Corte Interamericana en sus sentencias”, señala el documento.

Pese a ello, el Poder Judicial informó hoy, a través de sus redes sociales que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Ica, ya recibió los  990 folios del expediente del caso de Alberto Fujimori, “los cuales serán debidamente notificados para su evaluación correspondiente”. El juez a cargo de ello es el magistrado Vicente Fernández Tapia.

Un juez cuestionado

El juez Fernando Vicente Fernández Tapia, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, será el encargado de decidir si se ejecutará la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, pese a que la Corte IDH invalidó, a través de una resolución, el indulto humanitario.

¿Quién es el juez que tiene la decisión final en sus manos? En el 2014, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia fue cuestionado por dictar el sobreseimiento del caso de los ‘Sánchez Paredes’, uno de los casos más sonados y complejos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que investigaba el asesinato de los guardaespaldas de la familia Sánchez Alayo.

Entonces la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Ica (Odecma) abrió investigación preliminar contra el magistrado Vicente Fernández Tapia, por no motivar de forma suficiente el sobreseimiento del proceso penal.

Según la Odecma, Fernández Tapia indicó que "no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado". De esta manera, el juez declaró fundado el archivamiento solicitado por el fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, César Armando Pecho Peche.

El magistrado, además, fue sancionado por supuestamente haber liberado en el 2016, de manera irregular, a uno de los integrantes de la organización criminal ‘Sagrada Casta de Ica’, investigada por robo agravado, homicidio, tráfico de drogas, entre otros delitos.

Fernández Tapia fue señalado por no haber expuesto las razones suficientes para conceder el cese de la prisión preventiva del imputado “al haber considerado que existían nuevos elementos de convicción que cuestionaron la medida primigenia dictada, como son las declaraciones de los testigos ya citados, quienes negaron conocer al imputado y básicamente se retractaron de su sindicación inicial”.

Es por ello que el Poder Judicial solicitó la destitución del magistrado al considerar que cometió una falta muy grave, sin embargo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) concluyó que los hechos no ameritaban una sanción tan grave “sino una menor que compete imponer al órgano de control del Poder Judicial”.

Es decir, la posible excarcelación de Alberto Fujimori, estaría en las manos de un juez cuestionado precisamente por liberar a un presunto delincuente sin argumentos válidos. Sin embargo, si eso ocurre, lo más probable es que la Corte IDH ordene al Poder Judicial que lo vuelva a recluir en prisión por no haber cumplido las condiciones de la sentencia, entre las cuales destaca pedir perdón a los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.

Compartir