Que a Antauro Humala le resbala la democracia tal y como la entiende la mayoría, es un hecho científicamente probado. Por la boca y por sus hechos muere el mayor. La cuestión es que está logrando sus objetivos de poder y notoriedad sin mover un dedo. La inscripción de su partido, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros del que, por cierto, en papeles es solo un común y silvestre afiliado no fundador, ya está zarandeando los pilares de esta débil democracia. El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero ha interpuesto una denuncia constitucional contra el presidente del JNE Jorge Luis Salas Arenas, al que considera responsable político de inscribir a un partido que atenta contra la democracia y, por su parte, el congresista Alejandro Muñante ha solicitado al Fiscal de la Nación que inicie investigación para ilegalizar la alianza antaurista. En el nombre de Antauro no se están dando solo encarnizadas y saludables discusiones entre las instituciones democráticas, sino que también, y esto es lo peligroso, éstas podrían terminar en “asonada legal” por parte del Congreso. Para el ideólogo del etnocacerismo esto es gasolina regalada.
El fiscal de la Nación en acción Antauro.
Ante la solicitud de ilegalizar el partido político de Antauro Humala, hecha por el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular ante la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público se ha puesto manos a la obra. El oficio tiene fecha 29 de febrero y la documentación y precisiones que le pide al Jurado Nacional de Elecciones son: indicar si la organización política “A.N.T.A.U.R.O.” se encuentra inscrita y, de ser el caso, solicitar su constancia de inscripción, acta de fundación, estatuto o ideario político y reglamento y padrón de afiliados. Además, requiere que le informe si hay algún vínculo entre la organización “A.N.T.A.U.R.O.” y Antauro Humala Tasso y, de ser el caso, que adjunte documentación certificada que lo acredite.
El Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, primero pide documentación sobre la organización A.N.T.A.U.R.O., acto seguido pide sobre la Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. La razón de este doble pedido es saber qué suelo pisa. Resulta que Antauro Humala no aparece cómo fundador de la Alianza sino como afiliado; además, la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, está inscrita tal cual. Sus fundadores no inscribieron las siglas, que obviamente son A.N.T.A.U.R.O. Cuatro de los veinticinco partidos inscritos sí las incluyeron y las registraron en sus denominaciones, por ejemplo, el APRA. Está claro que no hay ni muros, ni carteles, suficientemente grandes para escribir toda la perorata de Alianza Nacional de tal y tal, y que además el nombre es un uniforme a la medida del mayor. Pero los documentos dicen otra cosa y esto es gravitante.
Mediante el mismo oficio, el número 068-2024 el Fiscal de la Nación pide también información a la Corte Electoral sobre la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros en particular. Solicita copia certificada de su inscripción, estatuto, ideario y reglamento. También si existe algún documento certificado que acredite el vínculo entre Antauro Humala Tasso y la Alianza, y por último que precise si la abreviatura A.N.T.A.U.R.O. está formalmente registrada. Ni él aparece como fundador, ni las siglas están registradas.
El artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que la Corte Suprema, a pedido del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo, podrá declarar judicialmente la ilegalidad de una organización política inscrita cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos. Este proceso, en fase de investigación preliminar, ya se ha iniciado. Es esclarecedor y determinante ver lo que el Fiscal de la Nación le pide al Jurado Nacional de Elecciones. Le pide documentación, comprobar si administrativamente la Alianza ha cumplido los requisitos para su inscripción. No le pide que demuestre si Antauro Humala se ha reído de todos y en papeles dice una cosa y la realidad es otra; no se lo pide porque sabe que no se lo puede pedir, dadas las competencias que tiene el JNE.
Si por escrito la Alianza se compromete a respetar la democracia, pero cada vez que su líder e integrantes abren la boca, la dinamitan, es precisamente lo que va a evaluar y quizás a denunciar la Fiscalía de la Nación y a resolver en última instancia la Corte Suprema. Así lo establece la ley, nos guste o nos produzca alergia vital. Será durante este proceso dónde los representantes de la Alianza, muchos de ellos procesados por el Andahuaylazo, tendrán que reconocer o repudiar al afiliado Antauro Humala y sus ideas. “Pensamos imponer la democracia si es necesario con fusilamientos”, “…competir con las con herramientas del enemigo”, “el D.N.I no es suficiente, está la estirpe” (…) En fin, ya saben pero no está de más volverlo a escuchar.
Antauro Humala en sus propias palabras:
El proceso para ilegalizar o mantener en contienda electoral a la alianza antaurista va a suponer un nuevo reto para las instituciones democráticas. Cosa muy distinta es la denuncia constitucional que el congresista Cavero ha interpuesto contra Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al considerarlo responsable político de la inscripción de la Alianza. El congresista, además, ha exhortado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que priorice su denuncia.
Cuestión de Cavero.
He presentado una denuncia constitucional contra el presidente del @JNE_Peru Jorge Luis Salas Arenas por permitir la inscripción del partido ANTAURO de Antauro Humala ❌🗳️
— 🇵🇪 Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) February 20, 2024
Salas Arenas es el responsable político de admitir a un actor antidemocrático en nuestro sistema electoral,… pic.twitter.com/NLuJR8A8i7
El 12 de diciembre del 2023 el Jurado Nacional de Elecciones inscribió como organización política la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, luego de que la Corte Electoral desestimara en primera y segunda instancia una tacha que argumentaba básicamente que el líder de la Alianza es Antauro Humala, y que éste y su partido violan los principios básicos de la democracia. Los argumentos del Jurado para declarar infundada la tacha fueron que: documentariamente hablando, Antauro Humala figura solo como afiliado, que en los requisitos requeridos (ideario, visión, misión, registro) la Alianza se compromete a velar por la democracia, que además las siglas A.N.T.A.U.R.O. no fueron registradas, y que el Jurado no está habilitado legalmente para verificar, sancionar o fiscalizar si lo que dice en papeles una organización en vías de inscripción se condice con la realidad. El congresista Cavero denuncia de exceso de formalismo al Jurado Nacional de Elecciones y considera que “La inscripción de la organización (…) implica la incorporación de un actor abiertamente antidemocrático y opuesto al orden constitucional. Al participar desde dentro del juego democrático y electoral, la organización busca socavar los fundamentos mismos de la democracia (…) con el objetivo de establecer un régimen autoritario”. Por lo que considera que Salas Arenas, como cabeza de la del JNE, ha incumplido su misión constitucional de “velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas” y, lo considera responsable político de la inscripción, y por eso lo denuncia constitucionalmente. El presidente del JNE insiste en que se hizo lo que la ley les faculto a hacer.
Si vamos al expediente de inscripción de la Alianza, en el apartado de fines y objetivos dice: “Asegurar la vigencia, defensa y consolidación del sistema democrático pleno”. Si revisamos los principios de la organización, a la letra recoge: “respeto a la constitución política, al estado constitucional de derecho y la soberanía popular”. Y así, suma y sigue. Parece que la Alianza es la vedette de la democracia.
Los requisitos para la inscripción de un partido están claros en la Ley de Organizaciones Políticas. El art. 2 recoge que el fin y los objetivos de una organización política son, entre otros, asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. Como se trata de un proceso administrativo dónde esto tiene que quedar absolutamente claro, es en la documentación que se presenta.
Los artículos 3 y 5 de la citada ley recogen los requisitos para la inscripción, que consisten en una parafernalia de documentos que van desde el acta de inscripción, padrón de afiliados, fundadores, pasando por el ideario, misión, visión, etc. El art. 5 sufrió una modificatoria en enero de este año (cuando ya se había inscrito la Alianza de Antauro Humala) y se añadió un párrafo que a la letra dice “No podrán ser objeto de inscripción las organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, doctrinario o programático promueva la destrucción del Estado Constitucional de Derecho”. Nuevamente se refiere a aspectos administrativos porque no faculta al Jurado a establecer una sanción más allá. Suena bien y lógico exigir al máximo órgano electoral que actúe en estos casos, pero en democracia las normas están para cumplirse, o cambiarse, no para inventárselas.
El abogado Humberto Abanto, penalista y constitucionalista y alguien que precisamente no es “amigo” ni de Antauro Humala, ni del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (Abanto presentó y ganó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional luego de que El Jurado Nacional de Elecciones sacó de la contienda electoral al APRA), lo dice alto y claro. O el congreso faculta mediante ley y reglamento al Jurado a fiscalizar más allá de lo que digan los documentos o no hay manera.
Reconoce también el abogado Humberto Abanto que la Alianza de Antauro podría haber incurrido en fraude a la ley, es decir, reírse de todos nosotros y poner por escrito lo que no piensan y/o no cumplen. El camino, dice, es plantear la ilegalización del partido y ese proceso es el que se ha iniciado de manera preliminar.
Además, insiste en que la Constitución no faculta al Congreso a que denuncie constitucionalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Sí faculta a que se interponga contra jueces supremos, y Salas lo es, pero ahora no está ejerciendo de juez supremo sino de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Además, el Jurado es un órgano colegiado, Salas no toma solo las decisiones y el único denunciado es él. Por último, y no menos importante, en segunda instancia, cuando el pleno del JNE declaró infundada la tacha contra de la Alianza de Antauro, Salas Arenas no votó porque estaba con licencia por vacaciones. Por cierto, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones votó por unanimidad, algo que no es habitual.
El Congreso podría iniciar una reforma constitucional para que explícitamente se prohíban partidos que atenten contra el orden constitucional, algo que está recogido en la Constitución Alemana; también podría por ley facultar al Jurado Nacional de Elecciones para que fiscalice, verifique y sancione si las organizaciones políticas son lo que dicen ser. Pero tiene que haber una ley y un reglamento; las interpretaciones auténticas y personalísimas son amigas de las dictaduras.
No es posible condenar el Andahuaylazo y aplaudir una “asonada legal”.
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