La presidenta Dina Boluarte ha planteado modificar el Código Penal para facilitar la expulsión de migrantes que cometan delitos o que no cuenten con su Permiso Temporal de Permanencia en el país. Para el experto en temas migratorios José Koechlin el anuncio tiene un objetivo claro: la población venezolana.

Durante su primer mensaje a la Nación por fiestas patrias, la presidenta Dina Boluarte anunció una serie de medidas para expulsar a los extranjeros que se encuentran en situación irregular o que hayan cometido delitos en el territorio nacional. Un pronunciamiento que impacta, principalmente, en la comunidad venezolana en el Perú.

Boluarte señaló que dichas iniciativas están incluidas en la solicitud de delegación de facultades legislativas que presentó el último 28 de julio ante el Congreso de la República, con el objetivo de aprobar 33 normas que ayuden a luchar “con mayor dureza y eficiencia” contra la delincuencia y el crimen organizado.

Hasta el 2022, la cifra oficial de extranjeros residentes en el Perú fue de 1 millón 347 mil, de los cuales el 87% (más de 900 mil) son de nacionalidad venezolana. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas estima que al cierre de este año habrá un poco más de 1 millón 600 mil de ciudadanos venezolanos en territorio peruano. En un cálculo simple, se puede concluir que 700 mil venezolanos no están registrados en la Superintendencia Nacional de Migraciones, es decir, permanecen en el Perú en condición de irregulares.

Las propuestas de la jefa de Estado relacionan el incremento de ciudadanos extranjeros con la creciente inseguridad ciudadana en el país, por ello, plantean incorporar, en el Código Penal, la figura legal de la expulsión de ciudadanos de otros países en casos de flagrancia sin necesidad de juicio y también para aquellos que hayan sido condenados a prisión suspendida o condicional.

“Más de 10 mil extranjeros están involucrados con la delincuencia y el crimen organizado”, dijo Boluarte para justificar su iniciativa.

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Es preciso mencionar que de acuerdo con el  Instituto Nacional Penitenciario la mayor parte de los presos extranjeros son de nacionalidad venezolana: 2,464 reclusos (2,361 varones y 103 mujeres). No obstante, ello equivale al 2,7% de toda la población penitenciaria.

Al respecto el especialista en temas migratorios de la Universidad Antonio Ruíz de Montoya, José Koechlin, sostuvo que si bien es necesario fortalecer la lucha contra la criminalidad, “es muy irresponsable” que las máximas autoridades de un país estigmaticen la migración.

“Sabemos que decir ‘extranjeros’ es un eufemismo para no decir ‘venezolanos’. Lamentablemente el número de casos de delitos donde están involucrados ha crecido, pero hacer ese salto irresponsablemente [de considerarlos a todos delincuentes] no habla bien de un país ni de sus autoridades”, señaló.

Koechlin consideró que cuando la Policía Nacional y el Sistema de Justicia “no hacen su trabajo” de identificar, capturar y sancionar al delincuente, sin importar su nacionalidad, “el problema se traslada inevitablemente al ámbito político, donde la presión ciudadana y el afán de popularidad provocan que se lancen este tipo de medidas populistas”.

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Boluarte propuso, además, crear una normativa para sentenciar a los migrantes “sin identidad” que delinquen en territorio nacional “y que muchas veces no cuentan con arraigo suficiente o con documentos que puedan acreditar fehacientemente su identidad”.

También anunció el fortalecimiento de las oficinas de control de Migraciones; y sanciones para los llamados “coyotes” —principales promotores de la trata de personas— en las fronteras del Perú.

Finalmente, la presidenta Dina Boluarte lanzó un ultimátum para aquellos ciudadanos de otros países que, hasta el 28 de octubre, no hayan regularizado su situación migratoria a través del Permiso Temporal de Permanencia: “ No habrá prórroga alguna. Quienes no hayan cumplido ante Migraciones serán expulsados del país”, advirtió.

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