El Perú se ha convertido en el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial. Más de un millón de migrantes venezolanos han llegado al país y, de éstos, casi medio millón ha solicitado la condición de refugiado.
En el Congreso existen en este momento una decena de proyectos de ley que tienen la finalidad de facilitar la expulsión inmediata del país de ciudadanos extranjeros que cometan delitos o incluso faltas. Han sido presentados por las bancadas de Podemos, Renovación Popular, Perú Libre, Perú Democrático y Acción Popular; y en todos los casos conectan la inseguridad ciudadana con la migración venezolana.
"Si algún mal elemento de origen venezolano viene a delinquir, tiene que rendir cuentas como cualquier otra persona que incurra en actos reñidos con la ley. Lo que sí puede ser peligroso es ponerle nombres propios o etiquetas a la ley porque esto puede ser malinterpretado por la sociedad que, sin querer, en algunas ocasiones termina estigmatizando a toda una población", sostiene Óscar Pérez, presidente de Unión Venezolana en Perú.
El Perú se ha convertido en el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial. Más de un millón de migrantes venezolanos han llegado al país y, de éstos, casi medio millón ha solicitado la condición de refugiado. En todas las ciudades del país, los migrantes venezolanos se dedican a las actividades económicas más diversas para subsistir en un país que muchas veces no les pone buena cara como demuestra el estudio de la ONG Acción y Desarrollo.
"Si bien plantean una serie de necesidades que tienen que ver con vivienda, salud y educación, el mayor pedido es la necesidad de no seguir siendo tan excluidos dentro de este país, se sienten altamente cuestionados, criminalizados, discriminados, nos sienten un país xenofóbico", declara Yanet Palomino, presidenta ejecutiva de Acción y Desarrollo.
Los proyectos de ley, que en su mayoría ya se encuentran en comisiones, plantean que se pueda expulsar inmediatamente del país a todos los extranjeros que sean detenidos en flagrancia o que hayan sido sentenciados por algún delito. Sin embargo, no existe evidencia de que la principal causa de la inseguridad ciudadana sea la presencia de migrantes venezolanos o de otras nacionalidades.
"De la población que está denunciada, que delinque, solo el 0,5% es población migrante venezolana, entonces no puedes emitir una política pública basada en esto [...] tú no puedes hacer una política pública o una norma basado solamente en las percepciones. Y lamentablemente estas percepciones son mayoritarias [...] Si en el 2020 el 59% pensaba que la mayoría de la población venezolana venía a delinquir, en el 2022 el 83% lo piensa así", afirma Yanet Palomino, presidenta ejecutiva de Acción y Desarrollo.
El incremento de esta percepción hacia los venezolanos tiene diferentes motivos: los medios de comunicación que resaltan las noticias policiales en las que hay migrantes involucrados, los políticos populistas que durante las campañas proponen expulsar extranjeros y - ahora – los padres de la patria que ha decidido legislar sin evidencia. Si alguna de estas normas es aprobada, elementos de la policía y el serenazgo podrían sentirse empoderados para actuar en forma discriminatoria en contra de los migrantes; algo que ya viene sucediendo.
"Me ha sucedido. Voy manejando, me paran en un puesto de control policial y el funcionario que me ha intervenido, en lugar de pedirme el brevete, cuando escucha mi dejo pregunta de dónde es usted. No me tiene que preguntar de dónde soy sino pedirme el brevete, mi identificación, los papeles del vehículo y listo [...] Sí se ve en algunos casos en donde hay alguna reacción que no se ajusta a los estándares nacionales e internacionales que debe asumir un funcionario policial o de serenazgo", añade Óscar Pérez, presidente de Unión Venezolana en Perú.
El 3 de junio, el congresista Carlos Lizarzaburu de Fuerza popular, presentó un proyecto de ley que obliga a los ciudadanos peruanos o residentes en el Perú a denunciar ante las autoridades a migrantes extranjeros en situación migratoria irregular.
Quizá el proyecto de ley más preocupante sea el presentado por el parlamentario Pedro Martínez de Acción Popular, que propone expulsar del país a los extranjeros por faltas como agredir física o verbalmente a un peruano o por el simple hecho de libar bebidas alcohólicas en la vía pública.
"Quién podría determinar si en un momento determinado alguien insultó a otra persona o qué es un insulto para que la persona sea expulsada del país, o voy distraído, me paso una luz roja de un semáforo, que es falta, no delito y me puedan expulsar de un país", afirma Óscar Pérez, presidente de Unión Venezolana en Perú.
Los diez proyectos de ley que actualmente se discuten en comisiones del Congreso han encendido las alarmas de las organizaciones de Derechos Humanos que ven con preocupación la posibilidad de que se aprueben normas abiertamente xenófobas.
"El país es firmante de tratados internacionales para proteger, dar asilo y respetar los DDHH de las poblaciones migrantes, en este caso de la población migrante venezolana que no ha salido porque ha querido sino de pronto, sin documentos, entran de ilegales, porque no tienen forma y no podemos actuar de esta manera. Tenemos que hacer un trabajo para ayudarlos a salir de esta situación en lugar de criminalizarlos aún más", declara Yanet Palomino, presidenta ejecutiva de Acción y Desarrollo.
Y las organizaciones que trabajan con migrantes venezolanos demandan que el Estado se preocupe más bien por integrar a esta comunidad para que contribuya al desarrollo de nuestro país.
"Cómo podemos cubrir parte de la demanda laboral insatisfecha, cómo al igual que en la pandemia que 6 mil profesionales de la salud que se colocaron en la primera línea de batalla contra la covid 19, cómo podemos hacer con otros profesionales para que, sin desplazar a nadie, pueden cubrir parte de la demanda laboral insatisfecha que existe en el Perú en educación, infraestructura, carreras técnicas" , sostiene Óscar Pérez, presidente de Unión Venezolana en Perú.
Cientos de miles de migrantes – en su mayoría venezolanos – que han tenido que empezar de cero y trabajando casi sin descanso en todas las actividades imaginables son la mejor prueba del potencial de una comunidad que podría sumar mucho a la nuestra y a la que no debemos, por ningún motivo y menos desde el Congreso, discriminar ni estigmatizar.
