Nicanor, el hermano de la presidenta Dina Boluarte, sería el líder de una red criminal que operaba desde el día que ella ocupó el sillón presidencial. Según la fiscalía, Nicanor junto a otros allegados a Dina Boluarte, habría cobrado cupos para ocupar los cargos de prefectos y subprefectos en San Martín y Cajamarca. Además, según la investigación, utilizaban los cargos para recolectar firmas para la inscripción del partido político ‘Ciudadanos por el Perú’.

Desde aquel 7 de diciembre del 2022 cuando la presidenta Dina Boluarte asumió el cargo, empezó a operar la red criminal que estaría encabezada por su hermano Nicanor Boluarte. Así lo afirma la fiscalía, según se lee en la resolución judicial que dictaminó la detención preliminar por 10 días de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda (abogado de la presidenta) y otros 6 involucrados  en lo que se ha denominado la supuesta organización criminal ‘Los Waykis en la sombra’.

El auto de detención preliminar, firmado por el juez Richard Concepción Carhuancho, ordenó también el allanamiento de 26 viviendas, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones y el secreto bancario de los investigados. Las diligencias fueron ejecutadas la mañana del viernes por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

El operativo, denominado ‘Valikira Jericó’, fue realizado tan solo horas después de que se oficializara la desactivación del equipo especial de la PNP, integrado por agentes de la Diviac y Dirandro, que apoyaba al EFICCOP en las investigaciones de corrupción contra altos funcionarios, entre ellos, la presidenta Dina Boluarte. El ministro del Interior, Walter Ortiz, firmó la resolución ministerial ordenando la desactivación del equipo policial.

El Ministerio Público anunció que está evaluando los presuntos delitos que se habrían cometido en la firma de dicha resolución ministerial y aseguró, a través de un comunicado, que la desactivación del equipo estaría relacionada con la detención de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros implicados en ‘Los Waykis en la sombra’.

El fiscal de la Nación Juan Carlos Villena advirtió que defenderá la legalidad y exigió que se reponga de inmediato el equipo especial policial que fue desarticulado por decisión del Ministerio del Interior.

Prefectos y subprefectos a granel

El hermano de la presidenta Dina Boluarte es sindicado de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias supuestamente cometidos en cuatro hechos claves que han sido identificados por la fiscalía. En ellos, Boluarte, como supuesto líder de la organización, habría utilizado sus influencias para designar prefectos y subprefectos y así financiar su red criminal y recolectar firmas para la inscripción de su partido ‘Ciudadanos por el Perú’.

Según la fiscalía: “Nicanor habría instrumentalizado el aparato estatal de las prefecturas y subprefecturas provinciales y distritales en San Martín, Cajamarca y otros por determinar. El objetivo era hacerse de dádivas económicas mediante su influencia ilícita en la designación de estos funcionarios y obligarlos a recabar fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú”.
Los prefectos y subprefectos (provinciales y distritales) son autoridades políticas encargadas, entre otras cosas, de otorgar garantías personales e inherentes al orden público. Ellos son designados por la Dirección General de Gobierno Interior del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior. Hasta esta Dirección habría llegado la red criminal de Nicanor Boluarte designando a Jorge Luis Ortiz Marreros, el 28 de diciembre del 2022, en el cargo de Director General de Gobierno Interior.

La “maestra Griselda”

Según la tesis fiscal,  la organización criminal operaba en San Martín a través de un personaje clave: Zenovia Griselda Herrera Vásquez. La “maestra Griselda ” o “miss” como le decían, se encargaba de captar a personas de confianza para que fueran subprefectos en la región. Eso sí, bajo determinadas condiciones. Según la tesis fiscal, Zenovia Griselda Herrera pedía que le pagaran entre S/. 150 y S/. 200 mensuales, y que colaboraran con la recolección de firmas para la inscripción del partido político de Nicanor.

La fiscalía asegura que, incluso, la “maestra” viajaba desde Tarapoto a Lima para entregarle los CV de los futuros subprefectos al propio Nicanor Boluarte. Zenovia Griselda Herrera no es un personaje desconocido: ella trabajó en el cargo de confianza de Jefa de la Unidad Territorial San Martín del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en el 2021. Fue designada en ese puesto cuando Dina Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Incluso cumple años el mismo día que la presidenta.

Gracias a su injerencia, Griselda Zenovia Herrera habría logrado la designación de Armando Villalobos Leyva como prefecto regional de San Martín en el 2023. El mismo modus operandi habría seguido en Loreto y Ucayali.

Chat del prefecto Armando Villalobos.
Voucher de depósitos a Griselda Zenovia Herrera.

Los nexos en Cajamarca

La tesis fiscal afirma que Nicanor Boluarte, a través de Jorge Chingay Salazar, contactó a Noriel Chingay Salazar, prefecto regional de Cajamarca, para que a través de su cargo se iniciara el plan criminal similar al seguido en San Martín: captar a personas de confianza  para ser elegidos como subprefectos. Sin embargo, los precios en esta región se elevaron. La organización criminal cobraba supuestamente montos de entre S/3.500 y S/5.000 a quienes aceptaban ocupar esos cargos.

Uno de los encargados de reclutar a personas fue Gilmer Flores Fernández, subprefecto de la provincia de Cajamarca. “Dame tu DNI para que seas subprefecto de Cajamarca”, le habría dicho Chingay a Flores por teléfono en enero del 2023, y días después inició la búsqueda de los futuros subprefectos. Según la fiscalía, los pagos eran realizados a Flores Fernández quien luego enviaba el dinero a Noriel Chingay Salazar. Entre los que pagaron entre S/. 2 mil a S/. 5 mil están las siguientes personas reconocidas por el colaborador eficaz:

“Luego de esa reunión, el señor Gilmer Flores, subprefecto de la provincia de Cajamarca empezó a buscar personas con ayuda del señor Fidel BECERRA VILLALOBOS y preguntarles directamente si desean ocupar los cargos de Subprefecto a cambio de un monto de S/. 3,500 para Subprefecto distrital y entre S/. 4,000 a S/. 5,000 para Subprefecto provincial. Es donde a finales de mayo aproximadamente el Sr. Marbin GOMEZ JULCA va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le hace entrega en efectivo de S/. 3,500.00 para ser propuesto para el distrito de El Prado. (…)”, señala el colaborador en el documento judicial.

Las influencias del hermanísimo

La fiscalía reconoce a Jorge Chingay Salazar, Hugo Torres Merino y Edwin Ugarte Nina como los integrantes del círculo más cercano tanto de Dina Boluarte como de su hermano Nicanor. Ellos apoyaron a Boluarte en la segunda vuelta presidencial. Además, fueron quienes promovieron y  constituyeron el partido político “Ciudadanos por el Perú”.

Además de la corrupción en las prefecturas y subprefecturas del Ministerio del Interior, la Fiscalía ha identificado que Nicanor Boluarte habría ejercido influencias ilícitas para colocar a sus conocidos en otros sectores del Estado.

Nicanor Boluarte habría influenciado en la designación de Edwin Ugarte Nina y Víctor Hugo Torres Merino en el Ministerio de Inclusión Social, en los programas Qaliwarma y País; así como en el Instituto Peruano del Deporte, entre otros. Asimismo, habría intervenido en la designación de Zenovia Griselda Herrera en Qaliwarma, sin que ella supuestamente hubiera reunido los requisitos y el perfil profesional.

La fiscalía señala que, según el testigo protegido N° 08-2024, Víctor Hugo Torres Merino le propuso el cargo de director de Provías Descentralizado a José Enciso Torres. “Estamos buscando gente de confianza”, le habría dicho Torres a José Enciso para luego llevarlo a la casa de Nicanor. Sin embargo, esta designación no se llegó a concretar.

Mientras tanto, tras su salida de la sede de la Dirincri, el hermano de la presidenta Dina Boluarte solo ha dicho que es inocente y que desconoce de qué se le acusa.

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