La suspensión judicial de Patricia Benavides es un debate legal que se ha abierto frente a la posibilidad de que ella vuelva a la Fiscalía de la Nación luego de que venza, el 4 de junio, el plazo de suspensión que le impuso la Junta Nacional de Justicia. La Junta debería haber votado ya su posible inhabilitación mientras duren las investigaciones en su contra, pero como se han encargado de cercenarla, no tiene quorum y por lo tanto no tiene capacidad de decisión. La suspensión judicial es una vía alterna por explorar.
El próximo 4 de junio termina la suspensión impuesta por la Junta Nacional de Justicia a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La cuestión es que viene después. En principio la Junta iba a votar antes del 4 de junio el informe que planteaba su destitución, pero esto parece que no se va a dar porque no tiene el quorum necesario. El Tribunal Constitucional restableció las inhabilitaciones de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, hasta que resuelva en última instancia la Corte Suprema; han quedado dos vacantes, no se sabe por cuánto tiempo, y ningún suplemente quiere asumir por decoro y decencia. El resultado de tener una Junta mutilada es que no hay quorum para votar su inhabilitación y que el 5 de junio Patricia Benavides podría volver a la Fiscalía de la Nación.
Llegados a este punto se ha abierto el debate de si Benavides puede ser suspendida judicialmente. El primer paso sería que la fiscal suprema que la investiga, Delia Espinoza, o el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, pidieran ante el Poder Judicial su suspensión alegando que su vuelta a la Fiscalía de la Nación supone un riesgo para las investigaciones en su contra y en contra de sus aliados, mecenas y/o coimputados.
Dos titanes del derecho penal, César Azabache y Carlos Caro, contraponen sus argumentos. Azabache considera que es viable la suspensión judicial de Patricia Benavides y que, además, es imperativo. Alude a excepciones recientes a la norma y a tratados anticorrupción internacionales que el Perú ha firmado.
Por su parte Carlos Caro se remite al antecedente de lo sucedido con el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y sostiene que la suspensión judicial de Patricia Benavides no es posible en este momento porque todas sus investigaciones están en etapa preliminar, no preparatoria como exige la ley. Eso sí, considera que siempre hay un espacio para la interpretación y el argumento central que él utilizaría para lograr una excepción sería el llamado “peligro de demora”.
Si en algo están de acuerdo Carlos Caro y César Azabache es en que sería nocivo para el sistema de justicia, para la institucionalidad del Ministerio Público y para las investigaciones en curso la vuelta de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación.
