Sobre el acuerdo de Odebrecht
Resumo notas que he venido publicando desde que el acuerdo se firmó, antes incluso de que se resuelva el problema de los intereses que tenía su primera versión:
Jamás se extendieron a un reconocimiento efectivo sobre el uso de fondos lavados en campañas políticas. Sin esa extensión ¿cómo se sostiene el caso contra Keiko Fujimori, Ollanta Humala y los demás imputados de la sociedad política por recibir fondos de ellos? ¿Cómo tomar en serio a una fiscalía que investiga y acusa personas por recibir fondos lavados de Odebrecht pero no persigue a Odebrecht por lavar fondos ni hace cuestión de Estado porque el asunto, lo sabemos desde el principio y los hemos comentado desde el origen, jamás incluyó estos aspectos?
La segunda cuestión es absolutamente externa al acuerdo. En el verano de 2017 apenas empezada la crisis de los casos Odebrecht el gobierno canceló el proyecto Gasoducto del Sur. Lo canceló sin un plan para volver a poner el proyecto en el mercado o para rescatarlo sin Odebrecht. Al final, aunque la cifra merece una liquidación pública, el Estado gastó hasta US $40 millones al año en unos tubos de los que no termina de hacerse cargo sobre las ruinas de un proyecto que no ha sido redefinido ni recuperado en forma alguna. Enagas acaba de ganar un arbitraje que sólo se explica porque el proyecto ha quedado en absoluto abandono. Que el monto que ha ganado, US $200 millones, equivalga casi con precisión al total de la reparación de Odebrecht es una paradoja que nos deja, en términos de planeamiento de crisis, como una absoluta vergüenza.
La fiscalía ha insistido en hacer un caso penal sobre el gasoducto que alcance a todos los consorciados. No puede apoyarse en el acuerdo porque Odebrecht jamás reconoció que los fondos entregados a Humala tuvieran por propósito sobornarlo. Tampoco renunció nunca a demandar al Estado. Ni reconoció, insisto, haberle dado a Humala fondos lavados. En estas condiciones la decisión inteligente fue siempre, hemos insistido en el punto repetidas veces en diferentes espacios, negociar las condiciones de rescate del proyecto gasoducto y meter ahí el costo de cualquier disputa pendiente. La ruta de insistir en crear el caso penal Gasoducto y tratar de envolver a Enagas allí se ha probado absolutamente ineficiente.
Costos: individualmente, los US $200 millones del acuerdo de Odebrecht no son poca cosa. En sus memorias José Ugaz recuerda que en los primeros años de la procuraduría de los casos Fujimori Montesinos se recogieron en total, de varias maneras, US $75 millones sobre US $250 congelados. Los convenios asociados a los casos Odebrecht superan esos montos. Pero que encontremos que el acuerdo encierra una decisión más que razonable, en un terreno en que todo será siempre opinable, no impide observar dónde están los puntos que marcan defectos generales en enfoque que, como Estado, en algún momento (acaso no en este) tendremos que abordar seriamente.