Dos muertes, las de Inti Sotelo y Brian Pintado, disparos al cuerpo, decenas de heridos y lisiados, detenciones ilegales, una brutal represión, en resumen, dispuesta por el alto mando policial, pero que solo le puede costar al principal jefe de la Policía Nacional durante las protestas de noviembre del 2020, el general Jorge Lam Almonte, la irrisoria sanción de cuatro a diez días de rigor, que significa algunos puntos menos en su nota anual de disciplina. Es todo lo que recomienda la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior para quien en aquel entonces despachaba todos los detalles del operativo policial con el presidente de facto Manuel Merino.

Ronald Gamarra, abogado de la familia de Bryan Pintado opina:

"En mi concepto, son recomendaciones absolutamente ridículas"

Carlos Rivera,  Abogado de la familia de Inti Sotelo:

"Si bien es cierto impone sanciones, no en la dimensión de la gravedad de los acontecimientos y de las responsabilidades que tuvieron los jefes policiales"

La recomendación de la Oficina de Asuntos Internos está contenida en el Informe Administrativo Disciplinario Nº 001-2021, que desde junio pasado tiene en su poder la Inspectoría General del Mininter. Como última instancia administrativa de la institución policial, la Inspectoría debe tomar una decisión sobre la base de las particulares conclusiones a las que ha llegado Asuntos Internos respecto de la actuación de diez de los oficiales implicados en el operativo, encabezados por Jorge Lam Almonte.

Para Asuntos Internos,“el teniente general PNP (r) Jorge Alejandro Lam Almonte incurrió en la comisión de la infracción G-38 de la tabla de infracciones de la Ley Nº 30714, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú”. La tabla aludida contiene 114 tipos de infracción policial, pero la que Asuntos Internos le imputa al general Lam no es de las más severas.

Carlos Rivera sostiene sobre la conclusión sobre Lan: "más que una sanción, yo diría que es un premio. Él era el jefe de la Policía. Es difícil, yo diría imposible, entender que los sucesos de noviembre del año pasado simplemente pueden ser imputados a oficiales de menor graduación.

Ronald Gamarra agrega:

"No niego la posibilidad de que los oficiales han incurrido también en otras infracciones, pero, junto a esas, de las que se hacen mención en el informe, debieron también mencionar y recoger esta infracción muy grave, que me parece la decisiva".

El abogado de la familia de Bryan Pintado, Ronald Gamarra, se refiere a que la Oficina de Asuntos Internos no aplicó para ninguno de los diez oficiales investigados una infracción que resulta clave por las consecuencias del operativo policial en la vida y en la integridad de varios jóvenes manifestantes: aquella que sanciona el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza y ocasiona lesiones graves, la infracción número MG-53.

Ni para Lam Almonte, ni para el general Jorge Cayas Medina, el exjefe de la Sétima Región Policial que inicialmente negó el uso de proyectiles como canicas metálicas, ni para los otros oficiales, Asuntos Internos ha recomendado dicha sanción. Ello, a pesar de que un informe anterior de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, llegó a la conclusión que los planes de operaciones policiales de los días 10, 12 y 14 de noviembre del 2020 brillaron por sus deficiencias y por sus irregularidades.

"Aquí no hubo solamente un incumplimiento de la misión, no hubo un incumplimiento de los procedimientos de planificación. Lo que hubo fue un uso indiscriminado de la fuerza visto desde el aspecto normativo y reglamentario de la Policía", agrega Carlos Rivera.

Jorge Lam oficial fue pasado al retiro el 24 de noviembre de 2020, apenas asumió Francisco Sagasti la Presidencia de la República. Pero si la conclusión de la Oficina de Asuntos Internos es acogida por la Inspectoría General, el general Lam tendría una bala de plata útil para su defensa legal en la investigación penal que lleva a cabo el Ministerio Público por los sucesos de noviembre, investigación cuya etapa preliminar acaba de vencer.

Asuntos Internos es un poco más drástico con el general Jorge Cayas Medina, pero tampoco significa que le ha puesto dificultades en el camino.

Las sanciones propuestas para Cayas son tres: La infracción número MG-52, “por contravenir deliberadamente los procedimientos operativos y administrativos establecidos en los planes de operaciones”, lo que lo hace imputable de una sanción de seis meses a un año de disponibilidad; la número G-26, por incumplir directivas y reglamentos regulados por la normativa policial, causando grave perjuicio a los bienes jurídicos, lo que lo hace merecedor de once a quince días de rigor; y la G-38, por fracasar en el cumplimiento. Pero, al igual que a Lam y a todos los demás oficiales involucrados en los hechos, a Cayas tampoco se le encontró la comisión de la infracción MG-53.

Ahora, se espera que la Inspectoría General de la Policía se pronuncie en última instancia administrativa. Pese a que las investigaciones a cargo del Ministerio Público son por graves lesiones y por crímenes de derechos humanos, es posible que los interesados busquen un resultado favorable en la Inspectoría para buscar influir en el proceso penal. La Inspectoría sigue haciendo larga la entrega de su informe final.

La responsabilidad que tienen Policía Nacional y el Ministerio del Interior ante los familiares de las víctimas, ante los heridos, y ante la historia, es grande. Tan grande como garantizar que una represión tan violenta no vuelva a repetirse, ni que los responsables la saquen barata.