Otárola y el peligroso escenario de la (no) transparencia
El primer ministro Alberto Otárola aseguró que en el gobierno de Dina Boluarte no se cometen actos de corrupción. Sin embargo, ha criticado las solicitudes de los periodistas para obtener información pública en función de la Ley de Transparencia.
El primer ministro, Alberto Otárola, encontró una manera de deslindar de las denuncias periodísticas por presuntos actos de corrupción de su gabinete criticando el acceso que tienen los periodistas a información gracias a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En conferencia y acompañado de algunos ministros, Otárola aseguró que son exageradas las solicitudes que los periodistas hacen a través de la Ley de Transparencia, para obtener información de los funcionarios públicos.
“Hemos entrado en un peligroso escenario en el que se solicita información hasta sobre la marca de los lápices que usamos en nuestro escritorio. Esta información estará disponible debido al acceso a las vías de información y la transparencia. Nos han pedido la lista de nuestras reuniones, nuestros mensajes de WhatsApp, nuestros correos electrónicos, detalles sobre nuestra caja chica y el uso de combustible y reiteramos que van a tener acceso a toda esa información y a todo lo que permita la ley”, dijo el Premier.
El primer ministro rechazó toda denuncia de corrupción en contra del gobierno de Dina Boluarte. "Rechazamos categóricamente cualquier insinuación de actos de corrupción, que no solo no existen ni han sido denunciados por la prensa. No hay actos que nos recuerden al infausto y corrupto gobierno del señor Castillo. No somos el gabinete de Pedro Castillo", aclaró.
Sin embargo, hace menos de una semana, la Fiscalía de la Nación abrió investigación contra el presidente del Consejo de Ministros, por la contratación de su amiga Rosa Rivera Bermeo en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). A Otárola se le sindica del presunto delito de colusión, tanto simple como agravada, en calidad de instigador.
Peor aún, este domingo un reportaje de Panorama reveló que desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se le ofreció trabajo a otra allegada de Alberto Otárola. Según se detalló, el titular de la PCM habría direccionado la contratación de su amiga Yaziré Pinedo Vásquez en dicho despacho. Sin embargo, esto no se concretó y Pinedo finalmente fue contratada en el Ministerio de Defensa, cuyo titular fue Otárola cuando empezó el gobierno en diciembre pasado.
¿Sin transparencia?
La crítica del primer ministro a la petición de información pública por parte de los periodistas ha generado una serie de reacciones. Y no es para menos, el acceso a la información es un derecho que está estipulado en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución:
â(Toda persona tiene derecho)
Este derecho, además, está regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada desde hace 23 años.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se pronunció sobre las declaraciones del Premier y manifestó su preocupación por las consecuencias graves que ocasionaría una posible restricción a este derecho.
“IPYS le recuerda al Premier que la ley de transparencia y acceso a información permite ejercer el derecho ciudadano a conocer cómo se maneja el Estado y en qué se gasta. La ley resulta una herramienta importante para la prensa dedicada a transparentar la función pública”, señalaron en su Twitter.
🚨 #ALERTA 🇵🇪 El Premier @AlbertoOtarolaP señaló que se está ingresando a un "peligroso escenario” en el cual la prensa pide información "hasta por la marca del lápiz que utilizan los ministros". (1/2)
— IPYS (@IPYS) October 24, 2023
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De igual manera, la Asociación Civil Transparencia recordó que las autoridades no solo deben respetar la Ley de Transparencia, sino incentivar a la ciudadanía a que hagan uso de ella, como parte de un gobierno democrático.
“Es una herramienta clave para un gobierno abierto y democrático, así como para la lucha contra la corrupción. Las autoridades tienen el deber de respetarla y además promover su uso por la ciudadanía”, indicaron.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una herramienta clave para un gobierno abierto y democrático, asi como para la lucha contra la corrupción. Las autoridades tienen el deber de respetarla y además promover su uso por la ciudadanía.
— Transparencia Perú (@ACTransparencia) October 24, 2023
¿Qué establece la ley? El objetivo de la norma es promover la transparencia de los actos del Estado. Es así que todas las entidades de la administración pública están obligadas a entregar información pública al ciudadano que lo solicite.
Este pedido de información lo puede realizar cualquier ciudadano sin necesidad de explicar el por qué o para qué se solicita la data.
Samuel Rotta, Director ejecutivo de Proética, explicó en Epicentro que el acceso a la información pública se debe ejercer sin condicionamiento alguno. Además, indicó que la única excepción a la norma se da cuando la información es clasificada como secreta.
“Toda la información que está bajo control en posesión de una entidad del Estado se presume que es pública y si me la piden deberían dármela”, indicó.
Sin embargo, en muchas ocasiones esta ley es letra muerta. Es por ello que muchos de los pedidos no absueltos terminan en el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual es el encargado de resolver, en la última instancia administrativa, las controversias que se susciten vinculadas a la transparencia y al derecho al acceso a la información pública a nivel nacional.
Precisamente, uno de los casos que llegó hasta este Tribunal es el iniciado por Epicentro Tv debido a que la Fiscalía de la Nación se negó a brindar información a una periodista de este medio. Epicentro Tv requirió a la Fiscalía copias de las actas y de los audios de la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos realizada el 24 de mayo pasado. Dicha junta es la reunión de los fiscales supremos titulares del Ministerio Público en la que se deciden asuntos de gestión de la citada entidad. No obstante, respondieron que por razones de “confidencialidad” no entregarían la información solicitada.
Luego de apelar ante el Tribunal, este falló a favor de Epicentro.TV y ordenó al Ministerio Público que entregue dicha documentación en un plazo máximo de 7 días. Sin embargo, la Fiscalía acudió al Poder Judicial para oponerse al mandato del Tribunal de Transparencia.
Han pasado casi 5 meses del pedido de la información y, hasta hoy, solo hay silencio.
