Organizaciones indígenas acusan al defensor del Pueblo de querer dividirlos
Aidesep, Orpio, Orau y la comunidad matsés de Loreto denuncian públicamente que la gestión de Josué Gutiérrez organiza una cumbre indígena en supuesta alianza con grupos amazónicos pro "Ley Antiforestal" y anti pueblos PIACI, "vulnerando" y "debilitando" su movimiento, y lo llaman "cínico", "divisionista" e "irresponsable". Éste tilda las acusaciones de falsedades e "infamias".
Las organizaciones y pueblos indígenas de la amazonía peruana, que ya afrontan serias amenazas como el asesinato de sus defensores ambientales y el avance del narcotráfico, la minería ilegal, la tala indriscrminada y la contaminación, enfrentan ahora nuevos problemas relacionados con la división de su movimiento.
Organizaciones indígenas amazónicas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional de Aidesep Ucayali, y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), de Loreto, han emitido en los últimos días duros pronunciamientos contra el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, a quien acusan de querer "vulnerar" y "debilitar" el movimiento indígena y sus demandas.
Aidesep, Orpio, Orau y la comunidad matsés, también de Loreto, han tildado las actuaciones de Gutiérrez como "injerencia" en los asuntos indígenas, pues, la Defensoría organiza una cumbre nacional indígena en Pucallpa -que se iniciará el 25 de noviembre- en presunta "alianza" con un grupo amazónico cuya agenda es pro "Ley Antiforestal" y anti "Pueblos PIACI", coincidente con la mayoría del Congreso de la República y contraria a los objetivos de las citadas organizaciones.
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Josué Gutiérrez ha respondido que los pronunciamientos contienen información falsa.
En entrevista con Epicentro Tv, el defensor asegura que se trata de acusaciones sin fundamento y de "infamias", negando alianzas o coordinaciones con algún grupo u organización.
El defensor del Pueblo señala que solo organiza la cumbre indígena -que empezará el 25 de noviembre en Pucallpa- con el Congreso, la Contraloría y el Ejecutivo, y admite que el tema de los pueblos PIACI -una demanda de Aidesep y sus bases- "no es parte de la agenda" de su gestión.
En esta historia hay un trasfondo que implica no solo un choque entre los objetivos de las organizaciones indígena contrarias a la "Ley Antiforestal" y pro reconocimiento de los pueblos PIACI. Podría estar gestándose un nuevo problema.
A continuación, contamos el trasfondo de esta historia.
Cumbre indígena y reacciones
Las organizaciones indígenas han encarado al defensor Josué Gutiérrez el hecho de organizar la denominada "Primera cumbre nacional de pueblos indígenas" en coordinación con una agrupación indígena que catalogan de "paralela" denominada Organización Nacional de Justicia Especial de los Pueblos Indígenas Nativos y Campesinos (Onajepinc), también conocida en la amazonía como "Justicia Indígena".
Según los banners de publicidad de la cumbre, esta tendrá lugar en Pucallpa entre el 25 y el 29 de noviembre. Las bases de Aidesep en Loreto y Ucayali han expresado su malestar porque los principales dirigentes de Onajepinc, principalmente su presidente, Segundo Hernández Villoslada, están recorriendo comunidades e invitando a asistir a los apus locales, en presunta coordinación con la Defensoría.
El defensor del Pueblo desautorizó, en diálogo con Epicentro Tv, cualquier coordinación que hagan los dirigentes de Onajepinc usando el nombre de la Defensoría. Pero las organizaciones indígenas lo acusan de "cinismo" en amplios pronunciamientos.
"La Defensoría del Pueblo recibe en sus despachos a organizaciones que no representan a comunidades indígenas y están asociadas a grupos activistas que buscan acabar con los pueblos PIACI. Ellos son los que están marcando la agenda en la Defensoría", denunció Jorge Pérez Rubio, presidente de Aidesep.
La organización Orau, de Ucayali, emitió un pronunciamiento titulado "¿A quién defiende el defensor del Pueblo?", en el que califica de "inaceptable" que Onajepinc sea "un aliado incondicional" de dicho grupo que "vulnera" sus derechos.
"La inocultable alianza entre la seudo organización indígena Onajepinc y Josué Gutiérrez constituye una amenaza cierta e inminente de violación a los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento, limita los derechos territoriales de las comunidades y afecta la credibilidad de las mismas autoridades del Estado", indicó.
En otro párrafo se preguntó: "¿Cómo es posible que el defensor se alíe con un grupo que lleva de la mano a invasores de territorios indígenas y que destruyen nuestros bosques como son los extranjeros menonitas? ¿Cómo es posible que le dé auspicio a un grupo de gente que no apoya el Acuerdo de Escazú y que está vinculada a madereros ilegales que apoya la construcción de carreteras ilegales?".
Orpio, de Loreto, rechazó en su pronunciamiento "los intentos" de Onajepinc y de la Defensoría del Pueblo por "dividir al movimiento indígena", y acusa de "traición" a la entidad dirigida hoy por Josué Gutiérrez.
"Señalamos que la Defensoría del Pueblo, institución que alguna vez representó la defensa de nuestros derechos, se ha convertido en un instrumento al servicio de organizaciones contrarias a los derechos humanos y al movimiento indígena representativo. Funcionarios de la Defensoría están usando la institución para apoyar intereses políticos fraudulentos y alinearse con los intereses de las economías ilegales que amenazan nuestros territorios", manifestó.
Josué Gutiérrez calificó de "infamias" estos señalamientos y rechazó coordinaciones con dirigentes de Onajepinc. El defensor dijo a Epicentro Tv que los dirigentes de las organizaciones Aidesep, Orau y Orpio sí han sido invitados a participar, pero "no como dirigentes de organización" sino como apus o jefes de sus comunidades indígenas.
"Es que el diseño no está hecho para organizaciones; el diseño está hecho para comunidades. Comunidades que radican en el lugar, que viven en el lugar, que desean un proceso de desarrollo y de inclusión. Veremos temas de acceso a la justicia, de acceso a la identidad", señaló el defensor del Pueblo.
Sin embargo, ya hay llamados para que apus de organizaciones antiguas no asistan a la cumbre de Pucallpa.
"Exhortamos encarecidamente a todos los jefes de la comunidad Matsés a no aceptar invitaciones cuyo propósito parece ser el de debilitar al movimiento indígena, comprometer nuestra lucha por la defensa de los territorios y socavar nuestra institucionalidad regional y nacional", señala un documento abierto de la Comunidad Nativa Matsés.
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Gutiérrez, visitas y pueblos PIACI
La Defensoría del Pueblo ha colgado videos en los que se observa a Josué Gutiérrez dando discursos al lado de Segundo Hernández Villoslada, el líder de Onajepinc, un grupo pro "Ley Antiforestal", anti PIACI (Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial) y anti Acuerdo de Escazú.
Hernández, criticado por Aidesep, Orpio, los matsés y Orau, les devuelve el golpe con una acusación: "delincuentes".
Gutiérrez le dijo a Epicentro Tv que coincidió con Hernández Villoslada en Nauta y Concordia, dos localidades de la provincia de Loreto, región Loreto.
"En el último viaje en que estuve por el Nauta, me encontré con el señor Segundo Hernández, de Justicia Indígena, Onajepinc. Eso es en una sola oportunidad. Coincidimos con él en Nauta y también en Concordia. Luego de eso, nunca he tenido una reunión con él. Pero, ojo, no fuimos a trabajar el tema del evento, sino a ver temas de conflictividad, porque en Concordia está el Lote 8 y hay problemas de carácter social y quejas con el servicio de salud", aseguró el defensor del Pueblo.
En otros videos -en los que no está el defensor del Pueblo- se observa que miembros de Onajepinc ofrecen discursos en los que niegan la existencia de los pueblos PIACI. Lo hacen frente a funcionarios de la Defensoría de dicha región, como el comisionado Abel Chiroque Becerra.
Servindi, un medio especializado en temas interculturales, ha dado cuenta en una nota periodística de otro evento en el que la Defensoría compartió el espacio con Onajepinc en Cushillococha, distrito de Ramón Castilla, Loreto, en donde también estuvo presente el comisionado de la Defensoría Abel Chiroque.
En sus disertaciones, miembros de Onajepinc volvieron a negar la existencia de los pueblos PIACI y sostuvieron que la creación de una reserva indígena en Loreto significaría el despojo territorial de las comunidades y una pérdida de derechos para la población indígena.
Cuando los dirigentes de Orpio se enteraron, invitaron a Abel Chiroque a una asamblea. Allí, el funcionario alegó que Onajepinc no le dio el uso de la palabra para aclarar la posición institucional de la Defensoría en el tema PIACI.
Pero, para ORPIO, eso resultó poco creíble, pues, se trató de un evento convocado por la misma Defensoría, según este documento firmado por el propio Chiroque, como se observa en este oficio de la institución.
Consultado por su posición en el tema PIACI, el defensor del Pueblo respondió: "Bueno, nosotros tenemos informes institucionales. Después de esos informes no hemos tocado el tema, está como una posición institucional".
Insistimos. Tras varias idas y vueltas, Josué Gutiérrez culminó:
"Eso está en un informe, no se ha tocado, no se ha movido ni para arriba, ni para abajo, ni para la derecha, ni para la izquierda. Está allí. Eso no es en este momento nuestra agenda de trabajo. Nuestra agenda de trabajo es el cumplimiento del mandato de un organismo multilateral como es Naciones Unidas en el establecimiento de la erradicación de la discriminación racial en el mundo".
¿Qué es Onajepinc?
Es una organización fundada en el año 2015 para velar, según sus documentos fundacionales que obran en los Registros Públicos, por una "justicia intercultural equitativa en todas sus niveles", léase "en educación, en salud (y) territorio", y por los derechos de los pueblos indígenas conocidos y por conocer, así como por "recuperar el orden en las comunidades nativas en donde se presentan conflictos sociales" con la intervención de los varayocs y PNP.
Además, en los mismos documentos constitutivos salta a la vista su objetivo de "proteger la inversión estatal, privada y extranjera".
Para bases de Aidesep en Loreto como Orpio, Onajepinc es una organización "alineada" con la defensa de las inversiones, públicas y privadas.
Por un lado -según sostienen- levanta las banderas de causas indígenas como el derecho al territorio y a la autodefensa, y por otro, arremeten contra demandas indígenas como los pueblos PIACI, el Acuerdo de Escazú y la "Ley Antiforestal".
Orpio también denuncia que Onajepinc promueve que los agricultores cocaleros se defiendan con armas de las acciones de erradicación de hoja de coca, como lo han manifestado varios pobladores de Santa Teresa del Yavarí que pidieron no ser identificados.
En una entrevista telefónica para este informe realizada en la quincena de octubre, uno de los jefes de Onajepinc, Noe Rojas Pillco, señaló: "hay que organizar al pueblo para que defienda sus derechos y nadie esté violando su territorio como están haciendo ahora. Por ejemplo, el policía, el fiscal, está metiendo preso a la cárcel por cosechar coca, por transportar un arma, por transportar gasolina, o por transportar droga".
Prosiguió diciendo que "el gobierno mismo, con la Policía, con la Fiscalía, no está pidiendo permiso a las autoridades del pueblo, que es la máxima autoridad (para ingresar a sus territorios), que es el APU, entran haciendo nomás, de frente. Entonces, eso se llama violación de sus territorios, eso es lo que está haciendo la policía, la fiscalía".
En otra entrevista, Salvith Ojanama, parte de Onajepinc y de la Coordinadora para el Desarrollo de Loreto -grupo empresarial que demanda inversiones en hidrocarburos y la construcción de carreteras en sitios propuestos como reservas indígenas- reconoce haber pedido al gobierno y al Congreso que no se apruebe el Acuerdo de Escazú.
Reportes de la Fiscalía indican que algunos miembros de Onajepinc registran denuncias e investigaciones por temas de tipo penal. Uno de ellos, Llacson Fasabi, responsable de Seguridad Territorial, consigna denuncias -datos actualizados al 1 de noviembre pasado- por presunta estafa y otros presuntos delitos.
Algunos casos han sido archivados. En otro, por presunta asociación ilícita, defraudación y estafa, el siguiente reporte del Ministerio Público indica: "con sentencia".
Otro integrante, Noe Rojas Pillco, registra, según un documento de la Procuraduría General del Estado de 2022, una sentencia por peculado doloso.
Según testimonios de dirigentes de la Central Única Regional de Rondas Campesinas (Cunarp), Rojas fue expulsado de esta organización acusado de presuntos cobros de cupos a agricultores para la conformación y reconocimiento de rondas campesinas. Ronald Argandoña, responsable de Cunarp en Loreto, ratificó dicha versión en diálogo con el periodista autor de este informe.
Otras organizaciones indígenas como la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam) señalan que el fundador y presidente de Onajepinc, Segundo Hernández, se hace pasar por representante de comunidades y caseríos para presuntamente negociar tierras.
La versión de Onajepinc
Consultamos sobre estos hechos al presidente de la Onajepinc, Segundo Hernández Villoslada. A través del teléfono, tildó de "delincuentes" y "corruptos" a sus críticos y desestimó las acusaciones contra él y sus dirigentes.
"Yo les pido a ustedes (que) no se dejen sorprender por delincuentes, nosotros nada tenemos que ver con el defensor del Pueblo, que hace esta reunión en Pucallpa", empezó.
Respecto de las denuncias por presunta estafa contra su dirigente Llacson Fasabi, dijo que "el ingeniero Llacson, el arquitecto Llacson Fasabi Sánchez, es un profesional que trabaja como cualquier otro profesional que trabaja cuando se le solicita".
"Él es el coordinador de la Justicia Indígena -así conocen también a Onajepinc- pero en el rubro no de ese tema de hacer mediciones, de ver eso, para nada", dijo, en referencia a la labor de Fasabi como arquitecto. "Si lo contratan a él, él puede hacer, normal, normal puede hacerlo, como cualquiera", señaló.
Cuando le consultamos por las acusaciones contra el dirigente Fasabi de presentarse ante la Oficina Agraria de Caballococha como miembro de Onajepinc para realizar trámites vinculados a la titulación de tierras, Hernández indicó que eso no es "a pedido" de su organización.
No obstante, Epicentro Tv tiene en su poder denuncias contra Fasabi y Onajepinc por su presunta vinculación con acciones de invasión de terrenos, así como en procesos de saneamiento físico y legal de tierras en Loreto.
Respecto de su relación con funcionarios públicos, Hernández dijo que "la organización nacional que represento [Onajepinc] trabaja con el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Policía Nacional, defensor del pueblo, Ministerio Público, con toditos, y a toditos los conozco. Y no hago tráfico de influencias, porque, como autoridad, yo represento en justicia a los pueblos indígenas".
"Hay cosas más relevantes que ustedes deben de sacar a la luz. Por ejemplo, pregúntele a estos señores [de Aidesep y sus bases] cuánto dinero han recibido para la titulación de las comunidades indígenas y campesinas entre el 2021 y el 2024, a ver qué van a contestar", indicó.
Añadió que, "para colmo, han titulado comunidades indígenas fantasmas y han titulado a señores que pertenecen a Aidesep de la región San Martín".
Señaló como supuesto autor de estos hechos, que implicaron la titulación de 20 mil hectáreas, a Wilfredo Tsamash Cabrera, presidente de la organización Codepisam, de San Martín.
Habla el defensor: PIACI y "Ley Antiforestal"
El defensor del Pueblo respondió a Epicentro Tv, cuando le comentamos de los pronunciamientos de las conocidas organizaciones indígenas amazónicas que son bases de Aidesep: "Lamento que haya una expresión ligera, que se hable sobre una mentira muy grande, absoluta, porque yo no tendría por qué mentir".
"Apenas sacaron esos comunicados pregunté si se habían reunido, si había habido algún tema, porque hasta pudiera ser que hubieran generado algún documento en el ánimo de difundir. Felizmente eso no pasó porque, si hubiera habido un documento, peor estaría. Si con una sola insinuación se nos pone en una posición un poco bochornosa, imagínese, con un documento. Pero eso nunca ha existido", aseguró.
Sobre el tema "PIACI", indicó, como ya señalamos, que no es parte de la agenda de la Defensoría. Por ello, dijo que "carecería de objeto un pronunciamiento mío".
"Hay un expediente que obra en el Ministerio de Cultura para el reconocimiento o no de los pueblos PIACI, en todo caso. La intención del Parlamento para ver en detalle estos temas debe estar sustentada sobre instrumentos válidos que permitan la acreditación de que existen o no los pueblos PIACI. Eso es, para mí, claro", fue su comentario adicional.
Sobre la "Ley Antiforestal", es decir, los cambios realizados por el Congreso de la República a la anterior Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Gutiérrez señaló: "son 3 millones de hectáreas deforestadas. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que la madre naturaleza haga brotar nuevamente las semillas de acá a cien años, doscientos años? ¿O nos atrevemos ahora a hacer un proceso de reforestación masiva".
En esta parte, la entrevista con el defensor se desarrolló de esta forma:
-Epicentro: ¿Para usted eran necesarios estos cambios expresados en la nueva ley?
-Josué Gutiérrez: No, no eran necesarios, podríamos haberlo hecho con el Ministerio del Ambiente. Durante tantos años, nunca se hizo nada.
-Epicentro: ¿La actual representa la solución práctica?
-Josué Gutiérrez: No, mire, quiero que el país entienda algo. Nosotros tenemos el marco normativo perfectamente viable para desarrollar en armonía el sistema productivo con el cuidado de la biodiversidad. Tenemos el sistema perfecto pero no lo implementamos, no lo ejecutamos y menos aún privilegiamos la vida por encima de cualquier otro asunto de orden económico. Ese es un problema del Estado, porque es su decisión que estas leyes, que pueden ser nobles, idóneas, no lleguen finalmente a buen puerto (...) Son los pueblos quienes denuncian la presencia del narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal.
-Epicentro: Pero también son los que han criticado lo que llaman "Ley Antiforestal".
-Josué Gutiérrez: También, claro.
-Epicentro: ¿Tienen razón en su crítica a la "Ley Antiforestal"?
-Josué Gutiérrez: Yo diría que, a ver, hemos ido en lo específico. No es un problema de ley, el problema es de autoridad, el problema es del Estado.
Mientras tanto, podría estar asomando un posible conflicto entre Onajepinc y las bases de Aidesep y, peor aún, un desencuentro entre éstas y la Defensoría del Pueblo. Y el defensor del Pueblo tiene un rol para evitar que la tendencia conflictiva ascienda.