Premier, ministros de Agricultura y Ambiente y jefa de Serfor son denunciados por incendios y "Ley Antiforestal"

Imputan a Gustavo Adrianzén, Ángel Manero, Juan Carlos Castro y Nelly Paredes -exasesora principal de Dina Boluarte-, cargos de avocamiento ilegal de procesos en trámite y otorgamiento ilegal de derechos por querer implementar la "Ley Antiforestal" cuando aún hay procesos para definir su legalidad, y de presunta omisión de actos funcionales por los incendios forestales.

El gobierno pretende implementar la Ley Nº 31973, conocida como "Ley Antiforestal", pese a la existencia de una demanda de amparo y dos de inconstitucionalidad que cuestionan su legalidad y que aún no han sido resueltas por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. 

Bajo este principio, la defensora ambiental Lucila Pautrat, presidenta de la ONG Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, ha denunciado por tres presuntos delitos al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, a los ministros de Agricultura, Ángel Manero, y de Ambiente, Juan Carlos Castro, y a la jefa del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Nelly Paredes. 

Los delitos imputados por la implementación de la "Ley Antiforestal" son avocamiento de procesos en trámite y otorgamiento ilegal de derechos, y un tercero de omisión de actos funcionales por la pobre respuesta del Ejecutivo frente a los incendios forestales, que son vistos, según el enfoque de la denuncia penal, como consecuencia de la citada ley, aprobada por el Congreso en enero pasado. 

Primera imputación

La denuncia de Pautrat indica que tanto la demanda de amparo como las dos demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley N° 31973 son de amplio conocimiento público y las advertencias sobre su impacto también. 

"Pese a (todo ello)... el ministro de Desarrollo Agrario y Riego ha promovido activamente la invasión de bosques y públicamente ha generado expectativas de otorgamiento de derechos y titulación de tierras forestales y de protección, vulnerando las normas nacionales y acuerdos internacionales de Cero Deforestación al 2030, en el contexto del Acuerdo de París y políticas climáticas internacionales", señala el texto de la denuncia. 

Como hecho concreto menciona que el 26 de agosto pasado, el Ministerio de Agricultura aprobó el denominado "Redimensionamiento del Bosque de Producción Permanente del departamento de Ucayali", que no hace sino "facilitar" lo que la denuncia denomina "la invasión, deforestación, tala ilegal y quema de 299,898.41 hectáreas" de dicho bosque. 

"Los intereses que el ministro Manero defiende han sido documentados por diversas investigaciones periodísticas que lo vinculan a consorcios empresariales de capitales extranjeros que están actualmente investigados por presuntos delitos ambientales, tráfico de tierras y de criminalidad organizada", añade la denunciante.  

En esa línea, "a fin de concretar los ilícitos denunciados", el 10 de setiembre pasado -en plena crisis de los incendios forestales- el ministro Manero emitió la Resolución Ministerial Nº 0309, mediante la cual aprobó un documento electrónico denominado "Constancia de Libre Deforestación", encargando al Serfor a que "coadyuve al cumplimiento de la expedición del citado documento para facilitar la exportación de productos procedentes de bosques ilegalmente invadidos y saqueados". 

Dicho documento, según la denuncia, está "hecho a medida de la arbitrariedad de los ilegales; así como (para) timar a los mercados internacionales que prohíben el ingreso de productos procedentes de la deforestación". 

Dos días después, el 12 de septiembre -cuando la crisis por los incendios forestales se había agravado- el ministro dejó sin efecto la "Constancia". 

"Los ofrecimientos hechos por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, de titular las 299,898.41 hectáreas de bosques invadidos y liberados del Bosque de Producción Permanente en Ucayali habían encendido la llama de la avaricia, ilegalidad y corrupción, generando incendios provocados con la finalidad de abrir nuevas áreas de bosques a los monocultivos agroindustriales de palma aceitera y soya, así como a los cultivos ilícitos asociados", indica la denuncia.

Según el eje de la misma, con la aprobación de la "Constancia de Libre Deforestación", el Midagri y el Serfor buscaron concretar la Disposición Complementaria Final Única de la "Ley Antiforestal". 

"(De ese modo se configuró) la presunta comisión del delito de avocamiento ilegal de proceso en trámite, toda vez que las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Sociólogos del Perú y el Gobierno Regional de San Martín han sido admitidas a trámite por el Tribunal Constitucional, mientras la demanda de amparo contra la aprobación de la misma ley también se encuentra en proceso judicial en el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima", concluye el texto de Pautrat.

Segunda imputación

El segundo cargo contra los ministros y contra la directora del Serfor es el de "responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos y otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles". 

Según la denuncia penal, el 13 de mayo pasado, en la Comisión de Presupuesto del Congreso, el ministro Ángel Manero anunció que "a partir de agosto del año en curso" el gobierno impulsaría un "programa de formalización de predios agrarios". Así lo cubrió una nota oficial del Ministerio de Agricultura.

Los predios a los que se refirió el ministro Manero no cuentan con estudios de clasificación de tierras, estudios de suelos, autorizaciones de cambio de uso, estudios de impacto ambiental, ni títulos habilitantes, debido a que fueron ocupados, deforestados y quemados de manera ilegal sobre zonas forestales y bosques protegidos. 

"Tanto el Midagri como el Congreso tenían pleno conocimiento de la imposibilidad jurídica de titular áreas deforestadas y ocupadas ilegalmente, por ser en su totalidad Tierras Forestales y de Protección con Cobertura Boscosa convertidas a usos agrícolas para la expansión de los cultivos ilícitos y su asociación con plantaciones agroindustriales", señala la denuncia penal. 

Colige que ello explica la "insistencia" en la aprobación de la Ley N°31973, "Ley Antiforestal", pues "crea el régimen de excepción e Impunidad para las áreas invadidas, así como la premura en su implementación a través del redimensionamiento de los bosques de producción permanente y las constancias de libre deforestación". 

"En tal sentido, el Midagri, al pretender titular las áreas deforestadas, también estaría otorgando derechos de propiedad y títulos habilitantes para la exportación de cultivos que encubren a las más de 130,000 hectáreas deforestadas para las plantaciones de hoja de coca, marihuana y amapola en el Perú", advierte la defensora ambiental denunciante.

Tercera imputación

Esta parte de la denuncia tiene que ver con la respuesta del gobierno ante los incendios que aún asolan las zonas forestales en casi todo el país. Se trata del presunto delito de "omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales". 

El documento explica la evolución que han tenido los incendios en el país, según el portal del Senamhi, desde la segunda semana de agosto, cuando se registraron 76 emergencias, hasta el jueves 19 de septiembre, cuando ya había 145 emergencias. 

Pese al tiempo transcurrido, recién el miércoles 18 de septiembre pasado, la PCM declaró el estado de emergencia en los distritos afectados de los departamentos de Amazonas, San Martín y Ucayali. 

"Evidentemente este negligente y tardío accionar por parte del Ejecutivo ha conllevado a la configuración del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y otros que pudieran identificarse, en tanto era viable que, desde hace más de una semana atrás, el gobierno evalúe según la data del Indeci, el aumento de los incendios forestales y la necesidad de adoptar el referido estado de emergencia, para evitar incrementar el número de personas fallecidas", cuestiona la denunciante. 

La directora de Serfor 

Un organismo clave en esta historia es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), un organismo que es parte del Ministerio de Agricultura. El Serfor es la autoridad nacional para la conservación de los bosques. 

Su máxima jefa, con el cargo de directora ejecutiva, no tiene condición de nombrada sino de encargada. Se llama Nelly Paredes del Castillo, exasesora principal de la presidenta Dina Boluarte y exministra de Agricultura de este gobierno.

El 6 de setiembre pasado, cuando ya había surgido la crisis de los incendios forestales, el ministro Ángel Manero autorizó a Nelly Paredes a ausentarse por siete días para viajar a Macao, ciudad de la República Popular China, para participar en el llamado "Foro Global sobre Madera Legal y Sostenible". 

El mismo día de la autorización ministerial para el viaje a China, el portal del Serfor publicó una nota con una frase de Paredes, que decía: 

"Hacemos un llamado a la ciudadanía en general a sumarse a los esfuerzos para proteger nuestros bosques y sus ecosistemas y a denunciar cualquier acto de quema ilegal".

A su regreso de China, la situación de los incendios se había agravado. A mitad de esta semana, comenzó la "Expo Amazónica 2024", la feria que reúne anualmente a los empresarios y emprendedores de las regiones amazónicas. Esta vez, la sede fue Puerto Maldona, en Madre de Dios. 

El jueves, Nelly Paredes estuvo allí, al lado de su equipo de Serfor. Es la segunda de derecha a izquierda.

En tanto, el Serfor ha sido una de las instituciones más cuestionadas por su desempeño ante los incendios forestales y por su posición frente a la llamada "Ley Antiforestal".  

En sus tiempos como ministra de Agricultura, cuando el limón alcanzó altos precios en el mercado, Paredes les dio a las amas de casa la "solución": usar vinagre y sal. 

"A las ensaladas, pues, echémosles un poquito de sal, vinagre. Ahora también se usa cidra". Esa fue su agridulce receta.