Ordenan 30 meses de prisión preventiva contra Goray y Fernandini
Ambos permanecerán en prisión mientras el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder los investiga por el pago de sobornos a la presunta organización criminal dirigida por el expresidente Pedro Castillo. El Poder Judicial considera que Goray y Fernandini no tienen arraigo domiciliario ni laboral y pueden obstaculizar la justicia. Las defensas de los investigados apelarán la decisión.
El juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 30 meses de prisión preventiva para la empresaria Sada Goray por el presunto delito de colusión agravada, en el caso de corrupción más grande del gobierno del expresidente Pedro Castillo.
#AudienciasPJ. Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional reanuda audiencia de lectura de resolución de prisión preventiva contra #SadaGoray, #MauricioFernandini y otros investigados por el caso #FondoMiVivienda. pic.twitter.com/9iznpByqhf
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 3, 2023
La orden judicial alcanza al periodista Mauricio Fernandini, quien, a pesar de haber reconocido su participación en la trama, habría omitido información relevante sobre sus movimientos bancarios y la compra de inmuebles ante el Ministerio Público.
La orden judicial se dictó luego de dos días de lectura del pedido fiscal de prisión preventiva.
Tras valorar 204 elementos de convicción, el juez Romero determinó que Goray "no tiene arraigo domiciliario de calidad", debido a que registra diferentes viviendas en las ciudades de Lima y Trujillo, y en Estados Unidos.
El magistrado consideró, además, que la empresaria no tiene arraigo familiar ni laboral. “[Sada Goray] tendría posibilidades [económicas] para salir del país”, manifestó.
El juez indicó que no “está claro” cómo es que Goray “instrumentalizó” al periodista Mauricio Fernandini. No obstante, dijo que el peligro de obstaculización se sustenta en que la empresaria mantiene vínculos con los otros investigados en el mismo caso.
En cuanto a Fernandini, el juez Romero señaló que tampoco tiene arraigo domiciliario, familiar ni laboral. Asimismo, puntualizó que hay obstaculización de la justicia “en la medida en que ocultó información”.
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El poder de Goray
Según la Fiscalía, Sada Goray desembolsó más de S/ 5’400,000 al exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, y al exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, entre septiembre del 2011 y junio del 2022, con la finalidad de nombrar en puestos claves del Estado a personas que terminaron favoreciendo ilícitamente a su empresa Marka Group durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Para ello, Fernandini fungió de intermediario.
La imputación fiscal señala que Goray tenía tanto poder que “dispuso una reestructuración en el Fondo Mi Vivienda”. Allí habrían sido nombrados Pedro Arroyo, como presidente institucional, Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta, como directores, José Carlos Forero, como gerente general, Luz Mayhua, como supervisora de fideicomisos, y Luis Mesones, exesposo de Goray, como consultor, de acuerdo con la resolución.
El supuesto copamiento también se habría dado en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
En la SBN se investigan las designaciones de Cyntia Rudas, como jefa de la entidad, Jackeline Perales, como gerente, Marina Subiria y Héctor Chávez, como directores de Gestión Patrimonial, y Flor Olivera, como abogada.
En la Sunarp se indaga sobre el nombramiento de Luis Longaray, como superintendente.
“El cómplice”
El Ministerio Público ha indicado que Mauricio Fernandini “fue clave” para los intereses de Goray. En ese sentido, el periodista ha reconocido que fue el nexo entre la empresaria y Marrufo, sin embargo, la investigación fiscal reveló que no habría contado toda la verdad.
Cuando se acogió a la confesión sincera, Fernandini detalló que su única participación en la trama había sido alquilar su departamento para las reuniones entre Goray y Marrufo, y que había cobrado S/ 10,000 mensuales, durante seis meses, por el supuesto “alquiler”
Pero la Fiscalía encontró que el periodista omitió información relevante sobre la adquisición de nuevas propiedades valorizadas en US$337,000, y depósitos por S/150,000 y US$80,000. Ahora, su confesión poco sincera lo ha colocado en prisión preventiva.
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Redacción Epicentro
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