"Los Niños" contra los pueblos PIACI
El nuevo intento de eliminar las salvaguardas que protegen a los indígenas que permanecen en aislamiento viene de un grupo de congresistas vinculados al caso de corrupción y de presunto tráfico de influencias "Los Niños".
Un nuevo proyecto de ley del Congreso ha encendido las alarmas en la Amazonía, que podría convertirse nuevamente en escenario de una disputa entre intereses de grupos económicos y políticos y la vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
El autor y los adherentes del proyecto son congresistas implicados en el escándalo conocido como "Los Niños", quienes en julio pasado fueron denunciados constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por cargos de organización criminal y tráfico de influencias.
La nueva iniciativa es el Proyecto de Ley N° 12215/2025, presentado por el congresista por Loreto, Juan Carlos Mori Celis, que plantea modificar la Ley N° 28736, Ley PIACI, para crear un sistema de supervisión que obligue al Ejecutivo a remitir al Congreso un informe detallado cada seis meses sobre el estado de las reservas indígenas.
Además, propone que los procesos de categorización de los territorios PIACI sean reevaluados cada dos años, permitiendo así "modificar o levantar las categorías existentes".
Las organizaciones indígenas amazónicas más representativas del país califican el proyecto como un "intento de genocidio".
La iniciativa justifica las medidas argumentando que se busca un "equilibrio" entre la protección de los pueblos indígenas y el desarrollo económico y social de la Amazonía.
Aduce que el actual proceso ha "bloqueado" el desarrollo al mantener extensos territorios "congelados" pese a -según el congresista- no existir "evidencia insuficiente" de la existencia de los PIACI.
Y propone la creación de una Comisión Especial Multisectorial Revisora, que tendría representantes de ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y, en menor medida, de organizaciones indígenas.
En su exposición de motivos, el proyecto pone en duda estudios ya realizados y avalados por especialistas y funcionarios públicos que por dos décadas han evaluado la existencia de la población en aislamiento, por plazos a veces excesivamente extensos.
Lo paradójico es que esta afirmación, siguiendo su mismo argumento, no presenta ninguna evidencia ni esboza sustento alguno, más allá de la opinión de los congresistas firmantes. Hay que resaltar que ninguno de ellos tiene calificación académica o especialización en el tema de poblaciones indígenas en aislamiento.
Mori Celis se ha manifestado en contra de la creación de las reservas y anteriormente ha negado la existencia de estas poblaciones, cuando le preguntó a un periodista si había visto a algún no contactado. ¿En dónde? En medio de una carretera abierta, cercana a la localidad de Jenaro Herrera.
"El Estado: cómplice pasivo"
Las reacciones no se han hecho esperar. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Plataforma PIACI se han manifestado en rechazo al proyecto legislativo.
Ambas han calificado el texto como un "peligro para la existencia de nuestros hermanos PIACI" y han advertido que la constante reevaluación de las reservas conduciría a su anulación y las expondría a la deforestación y a las actividades extractivas.
La propuesta de crear una comisión revisora también fue objeto de críticas.
Aidesep señala que está diseñada para "lograr los votos necesarios para poder anular o extinguir todas las reservas PIACI" y, lo que es más grave, para excluir la participación de las organizaciones indígenas representativas".
Como puede revisarse en la propuesta de ley, la participación indígena ha quedado relegada por debajo de la participación de alcaldes locales, que muchas veces dan prioridad a la construcción de infraestructura por encima de cualquier otra actividad.
Como se aprecia en el literal l) del artículo quinto del proyecto, la participación de las organizaciones indígenas puede ser reemplazada por organizaciones de la sociedad civil, lo cual permitiría que otras organizaciones -como Onajepinc o Justicia Indígena, cercanas a la actual Defensoría del Pueblo y opuesta a las reservas- integren la comisión.
Jorge Pérez Rubio, presidente de Aidesep, dijo que "el negacionismo no nace en las comunidades, sino en los intereses que lucran con la tala, la minería ilegal y el narcotráfico".
Aidesep, la organización indígena que ha logrado el reconocimiento de la mayoría de las reservas para indígenas en aislamiento, señala que el proyecto se da en un momento en que el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, ya anunció el desarrollo de al menos un proyecto que afecta directamente la Reserva Territorial Madre de Dios, donde se ha registrado avistamientos de indígenas Mashco Piro, quienes se enfrentan con madereros.
¿Conflictos de interés?
Como señalamos, el autor del proyecto es el congresista Juan Carlos Mori Celis, pero está firmado por cinco congresistas, todos, pertenecientes a Acción Popular: Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Luis Angel Aragón Carreño, Carlos Enrique Alva Rojas, Wilson Soto Palacios e Hilda Marleny Portero López.
Se trata de parlamentarios implicados en el caso de presunta corrupción conocido como "Los Niños", en el que se les acusa de intercambiar apoyo político a cambio del direccionamiento de licitaciones de obras públicas.
Curiosamente, el proyecto de ley PIACI busca "liberar" territorios para "proyectos de infraestructura y transporte".
Como se recuerda, en el caso "Los Niños" hay figuras estelares.
Uno de ellos, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, fue administrador de una empresa de construcción y, según investigaciones periodísticas y fiscales, empresas de sus allegados se adjudicaron millonarias obras públicas tras reunirse con él. Además, es público que Doroteo ha sostenido reuniones con la empresa de hidrocarburos Pluspetrol, históricamente envuelta en conflictos socioambientales en la Amazonía.
Otro es Luis Angel Aragón Carreño, también implicado en el "escándalo Huawei", donde se le acusó de promover leyes a favor de la electromovilidad tras un viaje financiado por la empresa de telecomunicaciones china.
También están Carlos Enrique Alva Rojas, quien presidió la Comisión de Energía y Minas, e Hilda Marleny Portero López, que hoy preside la Comisión de Transportes y Comunicaciones.
Las organizaciones indígenas también advierten de la presencia del grupo "Coordinadora para el Desarrollo de Loreto", que tiene entre sus filas a personas vinculadas al sector construcción y que apoya con entusiasmo el proyecto de ley.
Sintonía con agenda extractiva
La justificación del proyecto de ley se sincroniza con las demandas de influyentes gremios empresariales que propician inversiones en zonas de alta vulnerabilidad social y ambiental.
Por ejemplo, se alinea directamente con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que ha abogado públicamente por "liberar" territorios de alto potencial para la inversión.
Asimismo, busca diluir la autoridad técnica del Ministerio de Cultura y transferir el poder de decisión a una comisión multisectorial donde ministerios con agendas pro extractivas, como el de Energía y Minas, tendrían mayor voz preponderante.
El congresista Mori Celis ha llegado a sostener que en Loreto no existen pueblos en aislamiento y contacto inicial.
En un video publicado por él mismo durante una reunión en Santa Clotilde, capital del distrito de Napo, se le escucha decir que "lo único que están buscando es formalizar la tala ilegal de madera, la minería ilegal, el narcotráfico, porque esas zonas reservadas no van a tener presencia ni de la policía, ni de ninguna entidad de parte del estado peruano".
Pero sus declaraciones tampoco muestran evidencia. De acuerdo con las normas vigentes, el Régimen Especial Transectorial que rige para las Reservas Indígenas y Reservas Territoriales que protegen legalmente los territorios PIACI permite que las entidades estatales puedan ingresar a las reservas para acciones de erradicación.
Además, existe el Decreto Legislativo 1592, que modificó el Código Penal con la finalidad de reforzar la prevención y las acciones de control e investigación del tráfico ilícito de drogas, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
La segunda disposición complementaria de esta norma indica que "Las Unidades Especializadas Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, están facultadas a realizar operaciones antidrogas en reservas indígenas o territoriales con sujeción a Ley 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, y normas conexas".
Los argumentos que le dan soporte al proyecto de ley anti PIACI niegan la existencia de estas poblaciones, pero sin mostrar evidencia solvente. Ello explica la alarma de las organizaciones indígenas y de quienes conocen a sus pueblos.