Elmer Cuba y el equilibrio pendiente
La mejor noticia de estos días ha sido la presentación que Elmer Cuba hizo el 7 de agosto, en su primera conferencia de prensa como titular del Ministerio de Economía y Finanzas. En el centro de esa presentación confirmó su intención de recuperar la capacidad del Ministerio de actuar como factor de equilibrio fiscal y -esta es la novedad- de organizar cuatro comisiones presidenciales encargadas de formular propuestas de reforma sobre informalidad laboral, mercados financieros y de capitales, inversión pública y evasión tributaria.
Entre los nombres anunciados están Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE, quien dirigirá la comisión laboral acompañado por Gustavo Yamada, recién nombrado miembro del directorio del Banco Central; Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos, y Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía, que encabezarán la de mercados financieros; Milton von Hesse, exministro de Vivienda, la de inversión pública; y Manuel Estela, que refundó la Sunat a comienzos de los noventa, la tributaria. En conjunto, sus trayectorias están vinculadas a centros privados de investigación económica, universidades y gremios empresariales. El grupo acumula, además, importantes periodos de gestión pública en el Banco Central, la Sunat, distintos ministerios y la dirección del sistema de inversión pública.
Vista la escena completa, a estas comisiones hay que agregar la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, aunque esta última es de composición intersectorial.
Dos vacíos. El primero tiene que ver con la ausencia, en el anuncio del ministro Cuba, de un equipo encargado de fijar las bases para ordenar las economías extractivas no reguladas. La principal es la que forman la minería y el comercio, interno y exterior, de metales de origen incierto. Según el IPE, el oro de origen ilegal representó alrededor de la mitad de las 208 toneladas exportadas en 2025 y movió más de 11.500 millones de dólares solo en ese ejercicio. Las investigaciones de OjoPúblico sobre el periodo 2014-2023 registran 1.233 toneladas de producción oficial frente a 4.038 exportadas: siete de cada diez toneladas exportadas carecen de un origen explicado por la producción registrada.
La extracción de madera de origen incierto sigue un patrón semejante, aunque las cifras son menos seguras y las mediciones disponibles no son directamente comparables. Un estudio estimó que el 37% de la madera extraída en 2017 era ilegal; otra medición, basada en el volumen supervisado por Osinfor ese mismo año, encontró que el 67% se había movilizado sin autorización. La ausencia de una serie homogénea y actualizada forma parte del problema.
El segundo vacío tiene que ver con la inversión en instituciones. Si salimos de Elmer Cuba y leemos al gobierno entero, parece clara la idea de manejar el país por "cuerdas separadas". La separación salta a la vista cuando se compara la presentación del ministro Cuba con las dos últimas actuaciones de Fernando Rospigliosi, que ha sumado a su lista personal dos nuevos pedidos de destitución ante la JNJ contra magistrados que no le obedecen: el presentado el 22 de julio contra la fiscal Rosario Quico Palomino, que sostiene la acusación contra el general Juan Rivero Lazo por hechos de 1992; y el presentado el 11 de agosto contra la jueza Miluska Cano López y los jueces Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama por no aplicar la ley de prescripción en el caso Castro Castro.
Las dos rutas se van a encontrar este año en la discusión sobre el presupuesto del judicial para 2027. Si seguimos la línea que viene trazando Fernando Rospigliosi, el Congreso podría llegar a imponer al judicial condiciones de sometimiento para aprobar los fondos que necesita -y los necesita con urgencia-para ponerse al día, al menos, en infraestructura y tecnología. El propio Elmer Cuba podría convertirse en el principal límite al acoso que viene enfrentando el judicial si incorporara a sus prioridades de equilibrio económico un grupo de trabajo destinado a establecer las condiciones de inversión pública necesarias para equilibrar el sistema institucional.
El anuncio sobre comisiones no concede a estos dos asuntos el nivel de visibilidad que necesita.
Podrá sostenerse que esta es una cuestión de competencias, que no corresponde al MEF hacerse cargo de ellas. Pero la objeción descansa en una separación falsa. El equilibrio institucional requiere una infraestructura financiera, del mismo modo que la requiere el ordenamiento de las economías extractivas desreguladas a las que aquí hacemos referencia.
El antecedente más claro de un intento de manejar el país por cuerdas separadas es el ciclo 1995-2000. En el plano económico, ese ciclo estuvo caracterizado por el agotamiento del impulso de las reformas de primera generación, el uso discrecional de los fondos de la privatización y la recesión de 1998 -el periodo de las crisis asiática y rusa y del Fenómeno de El Niño-, que terminó arrastrando a una parte del sistema financiero y obligó a realizar rescates usando recursos y garantías del Estado.
En el plano político, el ciclo registró la expansión de la capacidad de influencia de Vladimiro Montesinos, expresada en la separación de tres jueces del Tribunal Constitucional, las leyes de amnistía de 1995 y la intervención abierta de Montesinos sobre las fiscalías y el judicial. El resultado final del ciclo fue la caída de Alberto Fujimori.
No pretendemos que mantener lo público en cuerdas supuestamente separadas conduzca mecánicamente a la caída del gobierno. De hecho sería una buena noticia que la señora Fujimori completara el periodo para el que ha sido elegida. Ninguna persona elegida para la Presidencia después de Ollanta Humala ha conseguido hacerlo.
Pero la estabilidad no se logra dividiendo lo público en dos pedazos y pretendiendo que ambos pueden vivir sin interferirse entre sí. La estabilidad depende de hacernos cargo de la forma en que se cruzan ambos planos, el económico y el institucional, especialmente si pensamos en un Estado que ponga en el centro a las personas y las reconozca en toda la extensión de su ciudadanía.