Las leyes procrimen: dejemos que hable el contexto

¿En qué contexto aparecieron estas leyes?

25 de mayo de 2023 — Ley 31751, prescripción. El caso emblemático fue el del propio Alejandro Soto. Invocó la modificación de las reglas de prescripción contenida en la ley que había apoyado y, el 24 de julio de 2023, el juzgado declaró prescrito el proceso penal seguido en su contra.

21 de marzo de 2024 — Ley 31990, colaboración eficaz. La reforma fue aprobada por insistencia en diciembre de 2023, después de que el caso Valkiria contra Patricia Benavides se desplegara a partir de la detención y posterior colaboración eficaz de su exasesor Jaime Villanueva. La ley impuso nuevos requisitos y plazos a un procedimiento que estaba siendo utilizado intensamente por los equipos especiales. Los casos Rolex contra Dina Boluarte y Los Waykis en la Sombra contra Nicanor Boluarte estallaron después, pero integraron el escenario en el que esas nuevas restricciones comenzaron a operar.

10 de junio de 2024 — Ley 32054, responsabilidad de los partidos políticos. Perú Libre fue uno de los grupos parlamentarios que impulsó los proyectos que dieron origen a la ley. La norma terminó siendo invocada en las investigaciones que presentaban al propio partido como estructura de una organización criminal destinada, entre otros fines, a captar dinero ilícito para financiar campañas. En noviembre de 2025, la Corte Suprema estableció que Perú Libre, como partido político, no podía ser considerado una organización criminal, sin perjuicio de la responsabilidad individual de sus dirigentes y militantes.

9 de agosto de 2024 — Ley 32108, organización criminal. El caso más visible fue Dinámicos del Centro. Vladimir y Waldemar Cerrón solicitaron que se archivara la imputación por organización criminal aplicando la nueva definición legal. La controversia aumentó porque Waldemar Cerrón había participado en la promoción de la norma. Hubo resistencia judicial y se llegó a inaplicar la ley mediante control difuso. Pese a los pedidos de derogación de gremios empresariales, transportistas y colegios profesionales, el Congreso rechazó derogarla y aprobó en octubre de 2024 modificaciones parciales que mantuvieron en pie una nueva definición de organización criminal. 

10 de octubre de 2024 — Ley 32130, investigación preliminar a cargo de la Policía. La reforma recogió una antigua reivindicación policial: recuperar la conducción de la investigación preliminar, entregada al Ministerio Público por el Código Procesal Penal. Llegó, sin embargo, después del enfrentamiento del gobierno con la DIVIAC y del desmontaje del equipo policial especial que apoyaba al Eficcop. Después del allanamiento de la casa de Dina Boluarte por el caso Rolex, Harvey Colchado fue separado de la jefatura de la DIVIAC y de la coordinación de ese equipo; en mayo, el Ministerio del Interior terminó por desactivarlo cuando el Eficcop investigaba ya a Nicanor Boluarte en Los Waykis en la Sombra.

10 de octubre de 2024 — Ley 32130, límite temporal a las escuchas telefónicas. La misma ley restringió las interceptaciones a sesenta días, con una sola prórroga por igual término. El precedente que mostraba el alcance de esta técnica era Los Cuellos Blancos del Puerto: el caso nació de escuchas autorizadas en una investigación por narcotráfico y sicariato que, al prolongarse y extenderse hacia los nuevos interlocutores que iban apareciendo, terminó descubriendo una red de corrupción en las más altas instancias del sistema de justicia. El cambio puso un techo temporal a una técnica cuya utilización prolongada había demostrado una especial capacidad para descubrir redes que inicialmente no constituían el objeto de la investigación.

19 de octubre de 2024 — Ley 32138, allanamientos y derecho de defensa. La modificación llegó después de dos allanamientos políticamente explosivos en el entorno presidencial. El 30 de marzo, la Fiscalía y la DIVIAC habían allanado, con descerraje, la casa de Dina Boluarte por el caso Rolex. El 10 de mayo fue allanada la vivienda de su hermano Nicanor Boluarte durante la operación Los Waykis en la Sombra; ese mismo día fue detenido preliminarmente. Meses después se modificaron las reglas de los allanamientos para exigir la presencia del abogado del investigado desde el inicio de la diligencia. La ley no archivó esos casos, pero cambió las condiciones de una diligencia que acababa de convertirse en uno de los principales focos del conflicto entre el gobierno y el Ministerio Público.

11 de diciembre de 2024 — Ley 32181, eliminación de la detención preliminar judicial. La norma suprimió la posibilidad de ordenar la detención preliminar judicial de una persona no detenida en flagrancia. Entre los proyectos acumulados que le dieron origen estaba uno presentado por Waldemar Cerrón. Sus efectos fueron inmediatos: en los días siguientes a su publicación, la Sala Penal de Apelaciones de Huaura ordenó liberar, en aplicación de la nueva ley, a diez investigados por integrar la presunta organización criminal Las Hienas Verdes, dedicada a la extorsión y el homicidio. Fue la primera del paquete en caer: la Ley 32255, publicada el 10 de marzo de 2025, restituyó la figura tras la presión de la opinión pública.

27 de diciembre de 2024 — Ley 32213, REINFO y acceso a explosivos. La prórroga no solo mantuvo dentro del régimen de formalización a miles de operadores cuya incorporación definitiva a la legalidad seguía pendiente. Conservó también para quienes cumplían sus requisitos una vía de acceso legal a explosivos de uso minero bajo control de SUCAMEC, cuando ya existían denuncias sobre el desvío de esos materiales hacia circuitos ilegales. La prolongación del REINFO adquirió así una dimensión directamente vinculada con la seguridad.

9 de mayo de 2025 — Ley 32326, extinción de dominio. La reforma modificó extensamente el régimen de extinción de dominio y restringió las condiciones bajo las cuales el Estado puede perseguir patrimonios vinculados con actividades ilícitas. La Fiscalía advirtió que la reforma ponía en riesgo casos emblemáticos en trámite, entre ellos los vinculados a Odebrecht, Alejandro Toledo y Vladimir Cerrón. El calendario del caso Cerrón ilustra el contexto: cuatro días antes de la publicación de la ley, el juzgado de extinción de dominio había ordenado en primera instancia transferir al Estado más de un millón seiscientos mil soles de sus cuentas, por desbalance patrimonial investigado como lavado de activos. Su defensa invocó de inmediato la nueva ley para pedir la nulidad de esa decisión y exigir la sentencia firme que la norma ahora requería. La Sala de Apelaciones rechazó el pedido y confirmó la extinción en octubre de 2025, precisando que las modificaciones de la Ley 32326 no alcanzaban retroactivamente ese proceso.