Delegación de facultades de agosto de 2026
Se ha hecho público el proyecto de solicitud de facultades del gobierno. Esta vez sí es el pedido oficial. Ha sido presentado a la Cámara de Diputados el 28 de agosto.
Las dimensiones del pedido lo asemejan a las grandes delegaciones ensambladas para crear diferencias con un ciclo anterior. Para tener una idea de la escala del desafío, la solicitud de delegación de facultades de Alberto Fujimori aprobada en junio de 1991 contemplaba tres materias generales: pacificación nacional, fomento del empleo y crecimiento de la inversión privada. Salvando las diferencias que produce el lenguaje, esta solicitud, aunque enumera 66 pedidos, tiene en realidad seis áreas temáticas: (i) orden interno, cárceles y política migratoria; (ii) micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo y turismo; (iii) vivienda y saneamiento; (iv) minería, energía y recursos naturales; (v) impuestos, aduanas y comercio exterior; y (vi) modernización del Estado y del servicio civil.
El paquete de 1991 produjo 117 decretos en 150 días. Aún no sabemos cuántos pretende producir la solicitud de agosto de 2026 en 120 días, pero la cantidad es solo un dato que adquiere sentido cuando se establece el contenido. Lo que interesa es que la estructura del pedido corresponde a la de las grandes delegaciones que se anuncian cuando un gobierno declara su intención de diferenciarse del régimen o del estado de cosas que le ha precedido. Y sin embargo, en lo que toca a seguridad, las referencias textuales de la exposición de motivos sugieren que el paquete va hacia un ajuste funcional de la legislación del ciclo anterior, no hacia una ruptura con ella.
¿Cuerdas separadas?
Un segundo aspecto a observar proviene de confirmar si en el desarrollo de esta extensa agenda el gobierno reproducirá el esquema de dos cuerdas separadas que instaló el primer fujimorismo en los años 90: liberalismo y modernización en economía y estructura del Estado frente al autoritarismo en el manejo de la seguridad interior. Las cuerdas separadas describen el modelo de tensión que acabó fagocitando al régimen nueve años después de noviembre del 91. Interesa establecer si el segundo fujimorismo intentará reinstalar ese dispositivo y si, instalado, podrá sostenerlo.
No olvidar que entre noviembre del 91 y el final del régimen de los años 90 está el golpe de Estado de abril de 1992, que se precipitó después de que el Congreso de entonces derogó o modificó 28 de los decretos del paquete, 14 de ellos del bloque de seguridad interior. No puede ser gratuito entonces que Josué Gutiérrez, Defensor del Pueblo, pero antes que eso un factor político de la mayoría del Congreso anterior, haya calculado en público que un cierre del Congreso elevaría 20 o 30 puntos la popularidad de la presidenta. Lo dijo el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobaba el pedido de facultades. La presidenta calificó esas declaraciones como un "desliz" el mismo día en que el proyecto ingresaba a la Cámara de Diputados, donde el gobierno no tiene mayoría. Más que un desliz, las declaraciones de Gutiérrez sugieren un globo de ensayo que indica a qué dimensión puede llegar la tensión política en el ciclo que se abre, si no es manejada inteligentemente.
En el desarrollo de la solicitud aparece un bloque de orden interno que incluye el uso de la construcción "terrorismo" como factor de estructuración de las normas sobre organizaciones criminales violentas. Aparecen las FFAA y la idea de lo militar alrededor de los penales, la legítima defensa reforzada con una presunción de racionalidad que blinda a cualquier persona que repela una agresión, y un bloque económico-modernizador sobre el mercado y la administración pública que ya no es —no tendría cómo ser— el de los años noventa pero que sugiere una inspiración semejante.
Plazos urgentes
No salimos ahora de un ciclo de hiperinflación y aislamiento internacional como entonces. Salimos —o queremos salir— de un ciclo de desaceleración del crecimiento. Nuestros problemas económicos tienen ahora relación con déficits en tecnología, infraestructura, energía, productividad y una generalización de la economía no regulada que llamábamos en los noventa "informal". La economía actual tiene ahora como principal núcleo problemático la minería ilegal, instalada al mismo tiempo como motor de exportaciones y generación de ingresos y como factor de impregnación en el tejido social de corrupción, tolerancia con la contaminación, sobreexplotación laboral y expansión de la violencia. Este es, además, un asunto que enfrenta plazos urgentes: la última ley transitoria para la actividad minera no regulada vence en diciembre, cuando los 120 días de la delegación aún estarían corriendo.
El paquete no ignora el vínculo entre la violencia y la minería no regulada: la propia exposición de motivos la describe como un mercado ilícito que estructura otras economías criminales. Pero el actual problema minero aparece confinado en los apartados sobre orden interno y desarrollo productivo, cuando debería visualizarse como un eje articulador de la aproximación actual a la economía y a la forma de las relaciones Estado-ciudadanía.
El paquete no hace visible la importancia del régimen transitorio en vencimiento. Ahí hay una clave que indica dónde puede aparecer una fisura entre la mole legislativa que parece estar proyectando este gobierno y sus consecuencias prácticas.
La forma de la solicitud indica una vocación de desenganche respecto de una forma de gobernar indiferente, la que ha predominado en el ciclo del que salimos. El límite parece mostrarse en la continuidad de la orientación que se sigue en materia de seguridad. Los contenidos, el peso específico que tengan en el desarrollo del paquete los componentes autoritarios y la forma en que se aborde o postergue la solución al problema minero del presente son los asuntos que habrá que observar en la lógica del paquete específico de medidas, que debe comenzar a discutirse de inmediato, mientras se organizan los debates del presupuesto que deberá aprobarse en este mismo cuatrimestre para el periodo 2027. El primero del Congreso bicameral, por cierto.
Buena parte del bloque de seguridad entre los 66 asuntos que contempla el texto se refiere a temas que fueron regulados en el ciclo Boluarte-Jerí: el DL 1735 (subsistema de extorsión), el DL 1737 (etapa de "extrema seguridad", citado como antecedente de la libertad vigilada), los DL 1182, 1338 y 1688, la ley 32490. Aquí se siente la ausencia de un reconocimiento al costo de la pasividad y la falta de un régimen de ruptura clara con lo que han representado los últimos años.
No hay un componente sobre justicia en el paquete. Hay algunos ajustes instrumentales relacionados con la competencia territorial para casos contra organizaciones criminales violentas. Pero el paquete no toca el gobierno del sistema de justicia. Paradójicamente esta es una buena noticia. El régimen podría no acoger el impulso intervencionista que representan en el Congreso el senador Rospigliosi y en el sistema la Junta Nacional de Justicia.
Este paquete no parece ser el vehículo de esa intervención