Gobierno rechaza creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim
La Comisión Multisectorial PIACI rechazó la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim en Loreto, ignorando más de 20 años de lucha indígena y 113 evidencias de pueblos en aislamiento. Organizaciones denuncian un retroceso histórico en derechos humanos y un atentado contra la Amazonía.
Con ocho votos en contra y cinco a favor, la Comisión Multisectorial de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) desaprobó el Estudio Adicional de Categorización (EAC), ignorando más de dos décadas de lucha y 113 nuevas evidencias antropológicas que confirmaban la presencia de pueblos en aislamiento en la zona.
Los votos en contra provinieron de sectores como el Ministerio de Agricultura (MIDAGRI), Defensa (MINDEF), Interior (MININTER), el Gobierno Regional de Loreto y las municipalidades provinciales de Mariscal Ramón Castilla, Requena y Maynas, quienes actuaron en bloque bajo lo que las organizaciones denuncian como una "consigna anti PIACI". Las organizaciones indígenas denuncian que la sesión, de carácter reservado, estuvo marcada por presiones políticas indebidas: el congresista Celis Mori, autor de un polémico proyecto de ley que busca someter a revisión semestral todas las reservas indígenas, ingresó a la sala antes de la votación, contraviniendo el reglamento.
La iniciativa legislativa del congresista Celis propone que el Congreso tenga la facultad de recortar o extinguir reservas bajo el argumento de "impactos en el desarrollo regional y nacional", lo que organizaciones indígenas consideran una amenaza directa a la supervivencia de pueblos en aislamiento.
Evidencias ignoradas
El EAC había presentado pruebas concluyentes como malocas, chacras, utensilios y restos de fogones que confirman la existencia de los pueblos Matsés, Matis, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro (Tavakina). Pese a ello, la mayoría de la comisión desestimó la información científica y validó cuestionamientos de corte político y económico, y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) defendió contratos de concesiones forestales dentro del área solicitada, pese a que la ley prohíbe otorgar títulos en territorios en proceso de reconocimiento como reservas indígenas.
Vulnerabilidad creciente
La ausencia de representantes del Ministerio de Salud (MINSA), Educación (MINEDU) y Ambiente (MINAM) también fue duramente criticada, por el incumplimiento de su deber de salvaguardar derechos fundamentales. Con la decisión, los pueblos en aislamiento quedan más expuestos a amenazas como el narcotráfico, la deforestación, la trata de personas y otras economías ilegales, incrementando su vulnerabilidad y riesgo de desaparición.
Las organizaciones indígenas AIDESEP, CONAP, ORPIO y la Plataforma del Corredor Territorial Yavarí Tapiche denunciaron que el Estado ha priorizado intereses económicos y criminales por encima de los derechos humanos. "Se trata de un retroceso histórico y un atentado contra la Amazonía y sus pueblos originarios", señalaron en un pronunciamiento conjunto, en el que además ratificaron su compromiso de continuar la defensa de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), una labor a la que el Estado peruano parece haber renunciado.