Quieren desaparecerlo, pero por el momento, no lo consiguen. El presidente está utilizando todo su poder para apartarlo de las investigaciones y quitarle sus galones, pero el coronel Harvey Colchado sigue investigándolo y respirándole en la nuca. Ayer por una decisión política lo removieron como jefe de la Unidad de Búsqueda de la División de Inteligencia del Ministerio del Interior. Hoy, tras el escándalo, lo han repuesto vía comunicado. El coronel Colchado tiene, además, un proceso disciplinario abierto en Inspectoría de la Policía tras la denuncia hecha contra él por el presidente Pedro Castillo. El agente ya ha presentado sus descargos y aquí se los contamos. En los próximos días, la defensa legal del coronel Colchado podría interponer un recurso de amparo.
Ayer nuevamente trataron de asfixiar al coronel, mediante memorándum su jefe inmediato el coronel Luis Erasmo Sánchez, el Jefe de Inteligencia de la DIGIMIN (Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior), le informó que era relevado como Jefe de la Unidad de Búsqueda y le indicaba que solo seguiría como coordinador del Equipo Especial Policial que trabaja de la mano con el Equipo Fiscal Especial Contra la Corrupción del Poder. Esta maniobra tenía como finalidad seguir cavando la tumba de Colchado y, de paso, echarle tierra a la investigación contra el presidente y su entorno. La Unidad de Búsqueda es la encargada de encontrar a los prófugos de la justicia, dígase los Silvas y sobrinos varios. Al removerlo de este cargo se el gobierno se quitaba un gran castillo de piedra del zapato. Buscar y encontrar a los hombres y mujeres del presidente requiere una buena dosis de arrojo. Le cortaban un brazo a Colchado y el otro se lo dejan con el preoperatorio listo para practicarle la misma operación. En cualquier momento la servil Inspectoría de la Policía puede suspenderlo del cargo de coordinador del Equipo Especial Policial mientras duren las investigaciones en su contra tras la denuncia presentada por el presidente Pedro Castillo, quién ha pedido su sanción y expulsión de la policía.
Tras hacerse público este memorándum, la fiscal Marita Barreto, a cargo de las investigaciones contra el presidente y su entorno, tuvo que salir a los medios a dar la cara por el coronel y de paso lanzar una advertencia al presidente: “Aquí hay un grave abuso de poder y el ministro del Interior debe responder por este hecho. Esto es una grave conducta obstruccionista de quién ejerce el poder en este momento. Aquí ha habido una obsesión por retirar de las funciones al coronel Colchado”, dijo. Al mencionar “la grave conducta obstruccionista del presidente” estaba enviado un claro mensaje, pues la Fiscalía de la Nación podría tomar medidas contra el presidente. No lo dijo textualmente, pero una podría ser solicitar ante un juez su suspensión de la presidencia argumentando que valiéndose de su posición de poder obstruye a la justicia.
Tras el escándalo, las declaraciones de la fiscal y viendo como el nombre del coronel Colchado se hacía tendencia en redes, el Ministerio del Interior ha emitido hoy un comunicado echándose para atrás. En el escrito se asegura que la orden de relevar al coronel Colchado no la dio ni la conocía el ministro Willy Huerta, quién deja sin efecto esa decisión. El comunicado termina diciendo que no hay ningún ánimo obstruccionista desde el sector. Es decir, han tratado de hacer ver que se trató de un acto administrativo fallido lo que en realidad fue una decisión política que han tenido que dejar sin efecto por presión y legalidad. La pelea es entre Palacio y Fiscalía, pero todos los golpes se los está llevando el agente Colchado.
En las próximas horas la defensa legal del coronel podría interponer un recurso de amparo para proteger sus derechos. Lo que sí ha hecho ya Colchado es presentar sus descargos ante Inspectoría de la Policía en el marco del expediente administrativo disciplinario que se le ha abierto tras ejecutar, el pasado 9 de agosto, la orden judicial que autorizó el allanamiento y registro de la residencia presidencial con el fin de detener a Yenifer Paredes, la cuñada del presidente que hoy cumple prisión preventiva impuesta por 30 meses por pertenencia a organización criminal.
Los descargos del coronel Colchado ante inspectoría de la Policía.
En el escrito presentado, el coronel Colchado y su defensa consideran que la denuncia hecha por el ciudadano Pedro Castillo Terrones “contiene una serie de hechos ajenos a la verdad, apreciaciones meramente subjetivas y afirmaciones agravantes que, sin ningún fundamento, pretenden atribuirme una supuesta inconducta e intencionalidad política, en el cumplimiento de mi función de apoyo al Ministerio Público”.
El coronel rechaza haber realizado actos de violencia o amenaza contra el jefe de la Casa Militar, general EP José Mariscal Quiroz. Eso sí, deja constancia que el general dilató el ingreso del equipo fiscal y policial a la zona residencial de Palacio por más de una hora y cuarto. Hace hincapié en que el personal policial que participa como apoyo de la fiscalía en la ejecución de una orden judicial no tiene “competencia ni facultades para interpretar, ni mucho menos cuestionar, el mandato dictado por un juez …” y recuerda que la Inspectoría General de la Policía tampoco tiene atribuciones constitucionales y/o legales para hacerlo.
En su descargo, el coronel conocido como “René” rechaza, por “insultantes y carentes de fundamento, las afirmaciones de la denuncia que le atribuyen una “obsesión enfermiza y un objetivo de tipo político”. En su denuncia, el presidente Pedro Castillo hizo mención de un video del allanamiento que publicamos en Epicentro TV, asegurando, sin prueba alguna, que fue una filtración del equipo policial. El coronel niega haber enviado a los medios de prensa videos de la diligencia de ese día. Rechaza también, por “falsa y absurda”, la afirmación de Castillo de que un descerraje implique la destrucción del Patrimonio de la Nación. Colchado explica que el descerraje se limita a abrir cerraduras de puertas, escritorios, cofres y similares, lo que de “ninguna manera” afecta o altera la arquitectura del inmueble. Así mismo, califica de “falsa”, la imputación hecha en la denuncia presentada por el presidente de que “de forma enfermiza” haya ingresado a todos los ambientes y se remite al acta de allanamiento del dormitorio de la Primera Dama: “… en el cual, al momento de ingresar, se encontraba la Primera Dama, Lilia Paredes Navarro, quién permitió el ingreso, por lo cual ingresó personal femenino a revisar el closet, cajones y debajo de la cama de dicho ambiente. Todo en presencia de la Primera Dama y el abogado Benji Espinoza”. En este punto, el coronel Harvey Colchado recalca que, de haberse producido algún acto indebido por parte del personal policial, habría sido recogido en el acta, a pedido de su abogado, algo que no sucedió. Colchado también califica de falsa la imputación hecha por el presidente de que se registró el dormitorio de su hijo, Arnold Castillo Paredes, cuando éste estaba durmiendo y en ropa interior y, nuevamente, se remite al acta de allanamiento, donde queda constancia que entró primero a la estancia el abogado Benji Castillo y, posteriormente, se hizo la diligencia, en presencia del mismo. De “falsa y calumniosa” también califica la imputación de que rompió el acta fiscal de la diligencia. Su argumento es simple, se trata de un documento redactado en computadora, que se elabora con base en las anotaciones que el fiscal y otros intervinientes hacen durante la diligencia, por lo tanto, cualquier borrador o manuscrito que no tenga las firmas correspondientes carece de valor legal. Colchado también deja constancia de que no fue él quien, ese día, solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad, sino que fue otro agente el encargado de hacer ese trámite. En su descargo, también remarca la conducta del también abogado del presidente, Eduardo Remi Pachas. La califica de “obstruccionista, temeraria y contraria a la ética profesional”, Nuevamente, se remite al acta donde quedaron consignadas las palabras del abogado durante la intervención: “…Esto no se va a quedar así, va a traer consecuencias”. Días después, ingresó a Inspectoría la denuncia hecha por el presidente Castillo, donde pide que se investigue a Harvey Colchado y que se le sancione, dándole de baja en la PNP.
Punto por punto, el coronel Colchado responde a la denuncia presentada por el presidente ante Inspectoría de la policía y concluye pidiendo a la Oficina de Disciplina, a cargo de la investigación, declarar que no hay elementos para que se inicie en su contra un procedimiento administrativo disciplinario. De abrirse este procedimiento en su contra, Inspectoría podría relevarlo del cargo de coordinador del equipo especial policial, mientras duren las investigaciones disciplinarias en su contra. Pero la arremetida contra el coronel Colchado no termina ahí: en diciembre, pese a que ya ha hecho su curso para ascender a general, podría ser pasado a retiro.
Es un presidente y todo el aparato estatal arremetiendo contra un coronel de la PNP, es un presidente que no respeta la separación de poderes y que, en lugar de medir fuerzas con el Ministerio Público y el Poder Judicial (quienes solicitaron el allanamiento y lo aprobaron), embiste a un subordinado. Es un presidente sin sombrero, frente a un policía con galones y con dignidad.
