La Procuraduría General del Estado envió un informe técnico a la presidenta Dina Boluarte explicando las razones jurídicas por las que la nueva ley de colaboración eficaz debería ser observada. Más de 200 procesos a nivel nacional estarían en riesgo, entre ellos los casos de “Los Dinámicos del Centro”, “Los Cuellos Blancos”, y “Los Correcaminos del Sur”. Además, podrían afectarse 80 casos que involucran a altos funcionarios del Estado, como expresidentes y exministros.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, tiene en sus manos la autógrafa de ley que limita la colaboración eficaz, y solo tiene hasta el 24 de julio para observarla o promulgarla. La Procuraduría General del Estado le ha solicitado que la observe, por ello, le envió un informe técnico con 42 argumentos en contra de las modificaciones de la figura legal.

“[El proyecto de ley aprobado por el Congreso] resulta claramente desproporcional y alejado de la naturaleza, objeto y fines de esta institución procesal”, resalta el informe.

La nueva norma de colaboración eficaz fue aprobada en junio por el Congreso a pesar de las opiniones negativas de la Procuraduría, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación.

Epicentro Tv accedió al Informe N° D000050-2023-JUS/PGE, elaborado por la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra Altos Funcionarios, donde la Procuraduría expone sus argumentos contra la nueva ley ante la Presidencia.

La PGE remitió informe técnico al Poder Ejecutivo contra la nueva ley de colaboración eficaz.

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Los argumentos de la Procuraduría contra nueva ley del Congreso

La nueva norma del Congreso plantea un tiempo entre 4 y 16 meses para concretar un acuerdo de colaboración eficaz en casos complejos, como corrupción y crimen organizado. Al respecto, la Procuraduría General del Estado ha analizado la viabilidad de la nueva ley en el marco de las normativas constitucionales y convencionales.

En el mencionado informe técnico, la Procuraduría recuerda que el Tribunal Constitucional, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos han señalado que la garantía del “plazo razonable” de un proceso especial, como el de colaboración eficaz, debe ser determinado por la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales.

Explica, además, que el tiempo "razonable” de un proceso “no es un plazo en sentido abstracto sino se trata de una pauta interpretativa abierta que permite evaluar dicha razonabilidad, caso por caso”.

Informe 000050 2023 Pe | PDF | Ley procesal | Debido al proceso
Informe 000050 2023 Pe

Para la construcción del “plazo razonable”, el documento también recomienda que se tomen en cuenta otros enfoques, como el objetivo y propósito del plazo, la gravedad del delito, y la flexibilidad y excepcionalidad cuando se justifique una ampliación.

Asimismo, la Procuraduría estableció las posibles consecuencias de fijar un “plazo irrazonable”:

-Riesgo de violación de los derechos fundamentales (tutela efectiva y debido proceso).

-Posibilidad de decisiones judiciales apresuradas o incompletas.

-Obstáculos en investigaciones complejas.
Finalmente, sostiene que imponer “condiciones estrictas” para la validez de los acuerdos de colaboración eficaz la convierten en “una figura rigurosa y de complicada ejecución”.

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Más de 200 casos están en riesgo por plazo de colaboración eficaz

A nivel nacional hay más de 200 procesos de colaboración eficaz que estarían en riesgo de “caerse” si se promulga la nueva ley del Congreso. Solo en la Procuraduría Anticorrupción hay 117 casos mientras que en la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato hay otros 54. Además, la Procuraduría General tiene 80 casos que involucran a altos funcionarios.

Entre los principales casos de corrupción que estarían en riesgo figuran: “Los Dinámicos del Centro”, que alcanza al expresidente Pedro Castillo; “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que llega al exjuez supremo César Hinostroza Pariachi; “Los Correcaminos del Sur”, que investiga a funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa; y “Los Capos de Huama”, vinculado al exalcalde de Sánchez Carrión en La Libertad, Robert Contreras Morales.

La presidenta Dina Boluarte tiene hasta el 24 de julio para observar la autógrafa de la nueva ley. Si lo hace, el documento retornará a manos del Congreso y este deberá evaluar si acepta los cambios propuestos por el Ejecutivo o los rechaza y aprueba la norma por insistencia.

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