El Pleno aprobó, en primera votación, que el procurador del Congreso sea designado sin concurso público por el titular de dicha institución. La Procuraduría General del Estado y la Defensoría del Pueblo han expresado su “absoluta oposición” a la medida. En este informe, los exprocuradores Antonio Maldonado y Ronald Gamarra advierten los posibles riesgos de esta propuesta legislativa.
Sin tomar en cuenta la opinión técnica elaborada por la Procuraduría General del Estado, el Pleno del Congreso de la República aprobó los proyectos de ley N° 3651 y N° 3270 que plantean que los titulares del Poder Legislativo y del Poder Judicial elijan directamente a sus propios procuradores públicos por un plazo de cinco años. La iniciativa recibió en primera votación el respaldo de 61 congresistas, 14 marcaron en contra y 15 se abstuvieron.
El próximo jueves la propuesta promovida por la bancada de Fuerza Popular y la Comisión de Constitución y Reglamento pasará por una segunda votación y de aprobarse se hará ley.
Los exprocuradores anticorrupción Antonio Maldonado y Ronald Gamarra aseveran que esta medida es “un gravísimo retroceso” para el Sistema Administrativo de la Defensa Jurídica del Estado cuyo ente rector es la Procuraduría General. Coinciden en que la medida vulnera la autonomía de los procuradores, otorgándole “un poder desmedido” al Congreso.
Bajo el sustento de optimizar la separación de poderes y evitar remociones arbitrarias, el Congreso establece en el texto sustitutorio de los proyectos de ley modificar cinco artículos (16, 24, 27, 31, 32) y dos disposiciones complementarias finales (sexta y séptima) del Decreto Legislativo N° 1326 que creó la Procuraduría General del Estado en el año 2017.
“Son funciones del Consejo Directivo: […] 6. Dirigir el proceso de selección para la designación de los procuradores públicos, con excepción de los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, quienes son elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años”, dice el documento.
Para Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción y exfuncionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los congresistas que respaldan los proyectos de ley N° 3651 y N° 3270, amparándose en la supuesta autonomía de poderes, “están diciendo algo falso” para evitar el control, la fiscalización y la rendición de cuentas.
“El Decreto Legislativo N° 1326 marcó un avance importante para la Procuraduría y, aunque tiene deficiencias en su implementación, funciona y se puede mejorar en la práctica no necesariamente en lo normativo. La propuesta del Congreso es un gravísimo retroceso. Lo que quieren es controlar la acción de los procuradores, es neutralizar absolutamente la acción del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y eso hay que tenerlo muy claro. No quieren control ni rendición de cuentas”, indicó Maldonado a Epicentro.
El exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra hizo énfasis en el “inmenso poder” que se le estaría dando al Congreso de la República sobre la Procuraduría General del Estado. “[Aprobar esta iniciativa] sería un retroceso inmenso. Recordemos que este procurador es quien va a denunciar o intervenir en una serie de investigaciones vinculadas al Poder Legislativo. Querer cambiar todo esto es restarle fuerza al sistema, quitarle poder e independencia a la Procuraduría y dárselo al Poder Legislativo”, agregó.
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La Procuraduría General cree que el Congreso no ha tomado en cuenta sus comentarios técnicos sobre las iniciativas y enumera tres razones para “rechazarlas rotundamente”. En primer lugar, señala que la posible elección de un procurador sin previo concurso público ni ningún proceso de por medio, “quiebra nocivamente el principio de meritocracia” que rige en la institución.
En segundo lugar, indica que la medida afectaría gravemente el principio de igualdad incluido en la convención americana sobre derechos humanos. Y, en tercer lugar, considera que las modificaciones “quiebran la unidad del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado pues las actividades del Congreso y otras instituciones no podrán ser fiscalizadas”.
La Defensoría del Pueblo también evaluó el proyecto a pedido de la Comisión de Constitución y Reglamento en noviembre pasado y argumentó que “la propuesta es contraria al objetivo de contar con una Procuraduría General del Estado autónoma e independiente”. No obstante, sí consideró que un organismo autónomo como la Junta Nacional de Justicia podría adquirir la facultad para nombrar a los procuradores públicos previo concurso de méritos.
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