La Resolución de la Fiscalía mediante la cual pide 7 días de detención preliminar contra el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, y 6 personas más entre funcionarios de la municipalidad y representantes del Consorcio San Isidro Verde, revela una cadena de irregularidades en un contrato de más de 49 millones de soles para el mantenimiento de áreas verdes. Razones de una detención sorpresiva.
El principal cargo que hoy tiene tras las rejas al alcalde de San Isidro Augusto Cáceres tiene que ver con una reunión que sostuvo el 31 de julio de 2021 en la que, según el Ministerio Público, el alcalde, la gerente municipal, el responsable de ética y otros funcionarios habrían acordado avanzar en la subsanación de observaciones de la Contraloría y firmar el contrato con el consorcio San Isidro Verde: “en dicha reunión, (el alcalde) habría solicitado que se lleve a cabo la suscripción del contrato con el consorcio San Isidro Verde a pesar de que el mismo comité de selección había solicitado la nulidad del otorgamiento de la buena pro. Para ello, coordinó y determinó a los demás investigados llevar a cabo un plan ilícito destinado a levantar las observaciones y suscribir el contrato número 65.2021-MSI con el Consorcio San Isidro Verde”.
En la misma reunión estuvo presente la Gerente Municipal Nancy Mercedes Ninapaitan Delgado quien, según las investigaciones, “habría señalado que no podría caerse la suscripción del contrato porque el servicio se venía contratando por órdenes de servicio; sin embargo, dicha preocupación habría estado motivada -en realidad- por una suma de dinero que le habría entregado el investigado Félix Aznarán Infantes en su condición de asesor “en la sombra” del Consorcio San Isidro Verde, con quien además habría tenido vinculación anteriormente, así como con la investigada Loayza Pinedo por cuanto todos laboraron en la Municipalidad Distrital de San Borja”.
La firma del contrato se dio a pesar de la clara advertencia de la OCI sobre el incumplimiento de los requisitos por parte del consorcio ganador. El 19de julio de 2021, OCI presentó el Hito de Control en el que advertía que el proceso de admisión, evaluación, calificación y el otorgamiento de esta buena pro tenía serias irregularidades. Entre lo hallado por la Contraloría se encuentra la entrega de documentación falsa para justificar su experiencia en el sector. También detectó la Contraloría que se justificó experiencia de los supervisores con certificados emitidos por empresas que en esas fechas no habían empezado a operar. Tras la reunión del alcalde con la plana mayor se decidió subsanar los hallazgos de la Contraloría, pero solo en el papel, pues los argumentos no fueron rebatidos.
Tras la firma del contrato apareció la ya conocida estrategia de la “puerta giratoria”. Dos funcionarios que participaron en el Comité de Selección del Consorcio terminaron trabajando para las empresas del consorcio. Según el Ministerio Público, “el investigado Calero Ríos luego de participar como integrante del Comité de Selección y laborar durante el inicio de la ejecución del contrato como coordinador de campo de la entidad, pasó a ser supervisor de la empresa Terra World Corporation SAC, integrante del Consorcio San Isidro Verde. (…) Así mismo, se tiene que el investigado Ramírez Alvarado, quien también fue miembro del Comité de Selección que otorgó la Buena Pro, también trabaja para el Consorcio San Isidro Verde”.
La Fiscalía establece también una irregularidad en la fórmula aplicada para el pago. Según la disposición fiscal, el comité validó una fórmula de pago que, de haberse aplicado, el costo de la obra no había sido de 49 millones de soles sino de más de 1.700 millones de soles, “lo cual constituye otra situación irregular”.
La investigación señala que el Consorcio hacía “deshierbo” y cobraba el servicio como “siembra de Grass”. Los costos eran los siguientes: por el metro cuadrado de deshierbo el municipio debía pagar al Consorcio San Isidro Verde S/ 0,0047 pero en realidad pagaba S/ 31 el metro cuadrado por la siembra de Grass que no existía. La Fiscalía cuenta con las conversaciones de WhatsApp que constatan tamaña irregularidad.
Las irregularidades de este contrato fueron detectadas desde el inicio del proceso, pero para el ministerio público el punto crítico está en la ejecución del contrato “la fase de ejecución del mismo significaría el verdadero festín de componendas y favorecimientos propios del fenómeno de corrupción que tanto afecta a la administración pública”.
El contrato debía empezar el 3 de agosto y se demoró una semana más tarde, en vez de 5 cisternas de riego solo funcionario 3 en un principio y el camión de lavado, parte esencial del servicio, solo llegó 4 meses después. Esas deficiencias fueron advertidas por los trabajadores, pero la gerencia responsable hizo caso omiso. Pese a estas y otras deficiencias del servicio, no se aplicó ninguna sanción de las que estaban previstas en el contrato.
Cuando se empezaron a complicar las cosas, los investigados decidieron ponerse en marcha para encubrir las irregularidades. La disposición del Ministerio Público señala la existencia de la “Llamada Rojas” del 9 de junio de 2022 entre el investigado (ahora detenido) Flores Barriga y el investigado Rojas de la Cruz “la llamada realizada por el investigado Flores Barriga habría tenido por finalidad advertir al investigado Rojas de la Cruz sobre la inminente comunicación que enviaría un representante del OCI de la entidad para hacerle preguntas; y, en realidad, habría querido adiestrarlo para que diga lo que él quería; es más, le pide en la misma llamada reunirse con él para decirle lo que tenía que responder; y así se vendría reuniendo con los demás implicados a fin de acordar lo que van a decir”. La actuación de Flores Barriga para encubrir lo sucedido, no habría quedado ahí. Como subgerente de gestión ambiental, habría entregado a otro funcionario de la municipalidad un USB indicándole que “cuadrara” la valorización porque el Consorcio tenía cifras infladas, que no correspondían.
La Fiscalía sostiene que varios de los investigados habrían sido además retribuidos por representantes del Consorcio San Isidro Verde con pasajes y alojamiento a Tarapoto y a otros destinos nacionales e internacionales. La Fiscalía también cuenta con conversaciones entre los investigados en las que hablan de repartir dinero para “mejorar sus condiciones de vida”. Ese es el hilo de la madeja que los investigadores están rastreando. Los 49 millones de soles para el mantenimiento de las áreas verdes salieron de los impuestos y arbitrios que pagan los habitantes del distrito que se muestra como el “más exclusivo” de Lima. Lo que está claro es que la corrupción es, lamentablemente, muy “democrática”.
