Las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, han abierto más de una línea de investigación para determinar qué dichos se pueden corroborar con otros elementos, más allá de su testimonio. Una de esas líneas apunta directamente al Congreso de la República, pues según su declaración y los chats que presentó inicialmente, Villanueva habría actuado como representante de Patricia Benavides para negociar con los congresistas votos a favor de los intereses de la entonces fiscal de la Nación, como la inhabilitación de Zoraida Ávalos y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Villanueva relata que cuando se reunía con congresistas para pedirles que votaran en ese sentido, éstos le pedían que, a cambio, la Fiscal de la Nación archivara sus casos. Dice Villanueva que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, accedió a priorizar en la agenda del pleno la investigación a la JNJ y que a cambio de esto le pidió el archivamiento de la investigación en su contra por el caso conocido como ‘Fábrica de trolls’; solicitud que Soto ha negado.
Villanueva también ha relatado que contactó al congresista José María Balcázar, a pedido de Patricia Benavides, para pedirle que votara en contra de la acusación que tenía en su contra en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Y que Balcázar habría pedido a cambio de su voto que Benavides “lo ayude” archivando una investigación en su contra por el delito de apropiación ilícita, en Lambayeque. Según Villanueva, no pudieron ayudarle en su caso en Lambayeque porque la fiscal que llevaba la investigación se negó, así que accedieron a otro pedido de Soto: que el Ministerio Público nombrara a su nuera como fiscal adjunta provincial, lo que efectivamente ocurrió.
Y es que los congresistas que accedían a aliarse con Benavides no sólo pedían el archivamiento de sus casos o el nombramiento de terceros. La entonces vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, ha reconocido alegremente que, como afirma Jaime Villanueva, le pidió a Patricia Benavides a través de su asesor que removiera a los fiscales del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez; los fiscales que investigan a Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori. Precisamente, Pérez es quien va a representar al Ministerio Público en el juicio oral contra Fujimori que se inicia el 1 de julio.
Los casos de estos tres congresistas han reabierto el debate sobre qué pueden hacer los congresistas y, sobre todo, qué no pueden hacer. Según la Constitución, los congresistas de la República tienen básicamente tres funciones:
- Legislar: Los congresistas participan en la creación, modificación y aprobación de leyes. Presentan proyectos de ley, debaten su contenido y votan para determinar si se convierten en leyes.
- Fiscalizar: Los congresistas tienen la responsabilidad de ejercer control sobre el Poder Ejecutivo. Pueden llevar a cabo investigaciones, realizar interpelaciones y votar sobre decisiones importantes del gobierno.
- Y representar a la población en sus respectivas circunscripciones, teniendo en cuenta los intereses y preocupaciones de sus electores al tomar decisiones legislativas.
Sin embargo, en todas las campañas electorales vemos candidatos al Congreso que prometen cosas que no están entre sus funciones, como la ejecución de obras de infraestructura o la creación de nuevas universidades.
Pero lo que están revelando las declaraciones de Villanueva que empiezan a ser corroboradas es que hay parlamentarios que negocian sus votos a cambio de favores abiertamente ilegales como que se archiven sus procesos, que se contrate o nombre a familiares en el sector público o, incluso peor, que se remueva de sus cargos a fiscales que investigan a sus partidos y líderes; lo que según los penalistas podría constituir delitos que van desde el tráfico de influencias hasta la organización criminal.
