En setiembre pasado, abogadas del parlamentario acusado de violación sexual usaron el documento para cuestionar la denuncia de la extrabajadora del Congreso. Hoy, una experta en atención integral de violencia contra la mujer ha encontrado “vicios de origen” en la pericia del Instituto de Medicina Legal. Su informe ya está en la carpeta fiscal y los abogados de la denunciante le piden a la Fiscalía Suprema que prescinda del oficial.
Un informe elaborado por la psiquiatra Marta Rondón Rondón, experta en atención integral de violencia contra la mujer y en salud mental de la mujer, cuestiona aspectos fundamentales de la pericia psicológica oficial que practicó en agosto pasado el Instituto de Medicina Legal (IML) a la mujer que denunció al “blindado” congresista Freddy Díaz Monago.
La pericia psicológica del Instituto de Medicina Legal fue usada por la defensa legal del parlamentario tanto en el proceso de investigación fiscal como en una entrevista periodística, porque supuestamente concluía que la denunciante no mostraba evidencias “de indicadores de afectación emocional asociados con los hechos denunciados”.
Es decir, era una pericia que favorecía los intereses de Freddy Díaz.
Le resultaba tan favorable que, en setiembre pasado, en una entrevista con el periodista Nicolás Lúcar en Radio Exitosa, una de sus abogadas se refirió a la pericia para insistir en la inocencia del congresista.
“Ha arrojado [la pericia psicológica] que no hay afectación emocional [en la denunciante] respecto a los hechos denunciados. Son dos peritos del Instituto de Medicina Legal, no de Freddy Díaz, no de la defensa. No es lo que tú crees ni lo que yo crea. Aquí hay pruebas científicas irrefutables”, dijo en ese momento la abogada Garrido.
Pero, ni eran pruebas aún ni resultaron ser irrefutables.
La experta Marta Rondón, mediante de un informe que ya se encuentra en la carpeta fiscal que maneja la Segunda Fiscalía Suprema Penal, a cargo de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, ha concluido que la pericia del IML “carece de solidez metodológica” y elabora un diagnóstico ajeno a las clasificaciones vigentes sobre trastornos mentales.
El informe
Las conclusiones del informe de la psiquiatra Rondón, de fecha 5 de enero de este año, son inquietantes porque cuestionan los procedimientos utilizados por el IML, que no solo evalúa el caso de la extrabajadora del despacho de Freddy Díaz sino, prácticamente, todos los casos de violación denunciados ante el Ministerio Público.
En resumen, sus conclusiones son tres:
La pericia oficial del IML carece de solidez metodológica; no hace un diagnóstico con clasificaciones de trastornos mentales de uso oficial y actuales; y tiene conclusiones que adolecen de coherencia. En la imagen de abajo se aprecia con mayor detalle las conclusiones.
El informe técnico de Rondón cuestiona que, para este caso específico, se haya recurrido a métodos de análisis como las “pruebas de Machover” o el “test de la persona bajo la lluvia” porque conllevan a una “interpretación bastante subjetiva y resultan insuficientes e inidóneas para evaluar por sí mismas el impacto de una agresión sexual”.
“De modo que la evaluada fue sometida a pruebas psicológicas inidóneas para evaluar los abusos que denunció, pese a que existen otras pruebas específicas a aplicar en los casos de violencia sexual, como por ejemplo alguna prueba para síntomas de estrés post traumático (la escala de trauma de Davidson, la Lista de Verificación de Estrés Postraumátrico, versión civil que se usa en el Perú con resultados confiables)”, señala.
Y explica por qué:
Problemas de fondo
Rondón pone en evidencia un problema mayor, que tiene que ver con las obligaciones de los peritos del Instituto de Medicina Legal escritas en una de sus guías fundamentales.
“Además, estos problemas evidencian un incumplimiento de lo establecido en la Guía de Evaluación Psicológica Forense en casos de violencia”, contemplados en el marco de la Ley Nº 30364, que establece expresamente que los instrumentos de evaluación psicológica deben ser elegidos en función al objetivo de la evaluación y la naturaleza del caso a investigar, teniendo en consideración la diversidad de instrumentos y pruebas psicológicas que existen en la actualidad”, indica.
Explica que las investigaciones sobre abuso sexual evidencian que quienes lo han sufrido “pueden o no tener puntajes más altos en escalas de depresión y ansiedad, pero consistentemente presentan puntajes más elevados en síntomas de estrés post traumático que las personas sin ese antecedente”.
La redacción de la pericia psicológica del IML también es puesto en cuestión por Rondón porque, pese a que recoge de modo literal las respuestas de la extrabajadora parlamentaria, éstas no fueron tomadas en cuenta en las conclusiones, dejando de lado su pertinencia y su utilidad para esclarecer los hechos.
Por ejemplo, frente a frases expresadas por la mujer denunciante, como “estuve muchos días en modo avión, dejándome llevar por todas las personas”, “todo el día pensé (en) la manera de morirme”, y “no voy a volver a ser la persona que solía ser”, las dos peritos del Instituto de Medicina Legal no efectuaron ninguna valoración.
“La ausencia de valoración de estas situaciones en la emisión de las conclusiones, constituye un claro incumplimiento a lo establecido en la Guía, que expresamente señala que para arribar a un diagnóstico o conclusión clínica forense, se debe analizar e integrar los datos obtenidos de las técnicas de exploración, entre ellas, la Entrevista Psicológica Forense, lo cual no se advierte que se haya realizado en el presente caso”, cuestiona el informe de Rondón.
“Vicio de origen”
La especialista en atención integral de violencia contra la mujer tampoco se explica otras omisiones de la pericia del IML, problema que la “vicia de origen” frente a la investigación penal.
“Se aprecia del protocolo materia de análisis que, ante estas respuestas de la evaluada, las que denotan indicadores de traumas y desajustes psicológicos vinculados directamente con los hechos de abuso sexual denunciados, los evaluadores no indagaron más ni exploraron más, siendo esto una evidencia inexplicable de falta de idoneidad de la pericia, que la vicia de origen y la hace inadecuada para sacar conclusiones científicas útiles para la investigación penal”, sostiene.
La autora del informe critica que las psicólogas del IML hayan ignorado la evidencia contenida en los dichos de la denunciante y que, además, hayan deslizado opiniones “cuya base no está fundamentada”, como, por ejemplo, que la denunciante “busca llamar la atención” o que “tiende a la manipulación afectiva”.
Las referidas opiniones resultan “arbitrarias y sin sustento científico, así como revictimizantes”, advierte la experta.
“Esto constituye una transgresión al artículo 38 del Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos del Perú”, concluye Rondón, que enseguida recuerda que dicho cuerpo normativo exige a los psicólogos emitir informes de forma veraz, los limita a establecer los hechos, las causas y las conclusiones de carácter científico y técnico, sin formular opiniones ni juicios de valor no verificados.
Las peritos del Instituto de Medicina Legal que elaboraron la pericia que sirvió para que las abogadas de Freddy Díaz recorrieran algunos medios de comunicación son Mariacela de la Cruz Villar y Gisella Tenorio Gamonal.
El Estudio Benítes, Vargas y Ugaz, que patrocina a la exempleada parlamentaria de Díaz, han presentado oficialmente el informe de la psiquiatra Rondón ante el despacho de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y le han solicitado prescindir de la pericia oficial del IML debido a las “graves vicisitudes que presenta”.
El martes, Epicentro Tv informó que la fiscal suprema Zoraida Ávalos había dispuesto formalizar investigación contra el congresista Díaz, quien a partir de ahora tiene la condición de procesado por presunta violación sexual.
Pese a todo ello, el Congreso de la República, con votos de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular y Perú Democrático, salvó a Freddy Díaz de la inhabilitación.
