La lista de "caviares" de la MML
Los más favorecidos con el pago del Incentivo por Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales realizado por la gestión de Rafael López Aliaga son diez funcionarios de confianza que concentran el once por ciento de los S/ 4 millones desembolsados. Uno es José Danós, esposo de la congresista fujimorista Patricia Juárez. El MEF señala que el pago del ICOMI exige una ley y un decreto supremo y advierte de un posible "uso indebido de fondos".
Poco después de asumir la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga declaró públicamente que la municipalidad estaba "quebrada". Sus cercanos colaboradores repitieron esa idea en medios de comunicación.
Medio año después, en julio de 2023, su gestión sacó de dos partidas presupuestales relativas a tasas, rentas y Foncomun, la suma de S/ 817,871.62 para pagar un bono a 174 funcionarios de confianza de los niveles F-1 a F-6 denominado Incentivo por Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales (ICOMI).
Ese fue el primero de los pagos por dicho concepto. Fueron seis en total, que ascienden a S/ 4’031,460.48.
El primer desembolso fue justificado alegando que las áreas y gerencias claves del municipio habían logrado los niveles más altos de "eficacia" y, por lo tanto, cumplido con creces los objetivos de la gestión.
Así, López Aliaga repitió lo que sus antecesores Luis Castañeda y Susana Villarán habían hecho.
Pero se trata de un concepto que, según ha dejado claramente sentado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no tiene marco legal.
Por ello, este ministerio advierte que "la utilización de estas partidas para pagar el ICOMI sin respaldo legal constituye un uso indebido de fondos públicos".
Aquella primera vez, vez, julio de 2023, doce de los 174 funcionarios beneficiados percibieron los mayores bonos -entre 9 mil y 10 mil soles-, acaparando el 13% de los S/ 817,871.62 desembolsados.
Los que recibieron S/ 10,000 fueron Luis Bogdanovich Mendoza, responsable del Programa para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, y Mario Casaretto La Torre, entonces gerente de Gestión del Riesgo de Desastres.
Recibieron S/ 9,886.93 José Danós Ordóñez, secretario general del Consejo -esposo de la congresista fujimorista Patricia Juárez-; María del Pilar Urmeneta Venturo, gerente de Desarrollo Económico; Isabel Ayala Melgarejo, gerente de Desarrollo Humano; y Hugo Fernando Valderrama Chávez, gerente de Fiscalización y Control.
Asimismo, Abdul Miranda Mifflin, gerente de Seguridad Ciudadana; Hernán Roberto Pérez Vélez, gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental; Christian Alberto Laura Ríos, jefe de la Oficina General de Planificación Estratégica; y Jessica Patricia Villegas Vásquez, de la Oficina General de Administración.
En el caso de Liz Belissa Jorg Lizano Vásquez, gerente de Promoción de la Inversión Privada, percibió S/ 9,622, y Juana Rosa Berrocal Yndigoyen, jefa de la Oficina General de la Secretaría de Concejo, S/ 9,025.03.
En el camino, el grupo de funcionarios fue variando. Por ejemplo, Mario Casaretto fue enviado a presidir Emape y, en julio pasado, cesado del cargo. Algunos se incorporaron al grupo principal y la mayoría se mantuvo inamovible.
Estos últimos formaron una suerte de "Top 10" del ICOMI total, desembolsado seis veces entre julio de 2023 y julio de 2025, porque recibieron los pagos más importantes. Esta es la lista:
Entre los diez han percibido S/ 462,973.13 de incentivos, que equivale al 11.4% de los más de 4 millones de soles desembolsados a los funcionarios de confianza de López Aliaga.
MML: ¿TRANSPARENCIA?
Este martes, veintitrés minutos después de la publicación de nuestro reportaje "¡Caviares en la Municipalidad de Lima!", las redes municipales publicaron un comunicado en respuesta a nuestro reportaje.
En resumen, el comunicado de la Municipalidad de Lima no trajo nada nuevo. Solo la confirmación de nuestra revelación y, más bien, afirmaciones con las que hay que ir con cuidado.
Por ejemplo, el punto 1, pretende darle legalidad al incentivo con una ordenanza aprobada en 1996 por el entonces alcalde Alberto Andrade. No obstante, en una amplia comunicación remitida a Epicentro Tv, el MEF ha desmentido que el ICOMI tenga sustento legal:
"Resoluciones u ordenanzas municipales emitidas en 1996, 1997 o 2011 no constituyen sustento válido para mantener beneficios como el ICOMI, ya que el marco legal vigente prohíbe su otorgamiento sin autorización expresa del Gobierno Central".
Sobre el punto 3, la norma no estipula que el ICOMI se paga sólo a quienes cumplen el 95% del Plan Operativo Institucional, como asegura el comunicado.
Epicentro Tv afirmó el martes que bastaba con que la unidad o el área obtenga una calificación mínima de 50% para que sus funcionarios comiencen a percibir dicho incentivo, según una directiva de Susana Villarán.
En cuanto al carácter "temporal, extraordinario y no pensionable" del bono que refiere el punto 4 del comunicado de la MML, el MEF sostiene que su pago ya se ha vuelto "recurrente".
"Un pago como el ICOMI, otorgado de forma recurrente cada seis meses y sin sustento normativo, no puede catalogarse como gasto eventual u ocasional autorizado y se encuentra fuera de la legalidad presupuestaria".
El punto más cuestionable del comunicado edil es el quinto, que señala que el municipio comunicó los pagos del ICOMI "de forma clara y abierta" y bajo el principio de "transparencia y uso responsable de los recursos públicos".
El MEF desmiente esta afirmación:
"Es importante precisar que no se ha identificado que alguna municipalidad o entidad pública haya registrado pagos bajo el concepto ICOMI en los años 2023, 2024 y 2025, ni en periodos anteriores".
MEF: USO INDEBIDO DE FONDOS
Economía y Finanzas también es categórico sobre la legalidad del bono ICOMI. En su comunicación remitida a este medio, fijó los requisitos legales para este pago: una ley y un decreto supremo.
"No existe en el ordenamiento jurídico nacional un marco legal habilitante que autorice a las municipalidades a otorgar este concepto (...) de acuerdo con la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N.° 28411 (Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto) y las Leyes Anuales de Presupuesto, todo concepto de ingreso que implique el uso de fondos públicos debe estar autorizado por Ley o norma de igual rango, y su aprobación debe formalizarse mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del titular del sector".
¿La gestión de Rafael López Aliaga contó con una ley o un decreto supremo que autorizara los seis desembolsos por 4 millones de soles? El comunicado de la Municipalidad de Lima no dice nada de eso.
El MEF se refirió a la prohibición que por ley tienen las entidades del Estado -de los tres niveles de gobierno- de crear nuevos conceptos de ingresos. De ocurrir así -dice el MEF- sería contrario al marco legal.
"En consecuencia, cualquier pago de esta naturaleza sin el respaldo normativo descrito sería contrario al marco legal vigente y podría configurar responsabilidad administrativa, funcional o penal para los funcionarios que autoricen o ejecuten el desembolso".
Sobre el uso de partidas como el Foncomun para financiar en parte los seis desembolsos del incentivo, el MEF advirtió que se trataría de un "uso indebido de fondos".
"La utilización de estas partidas para pagar el ICOMI sin respaldo legal constituye un uso indebido de fondos públicos. La responsabilidad recae en el titular de la entidad, quien debe garantizar que toda ejecución presupuestaria cumpla con las leyes anuales de presupuesto, la Ley N.º 28411 y las directivas de la Dirección General de Presupuesto Público".
Nada de esto es abordado -ni menos desmentido- por la gestión de López Aliaga en su comunicado.
Esas son las preguntas que Epicentro Tv quiso hacer en la entrevista que reiteradamente solicitó al principal asesor de Prensa del alcalde, Cristian Salazar Mateo -otro de los beneficiados con el ICOMI-, sin recibir respuesta alguna. Eso no puede ser denominado "transparencia".
Ahora, no solo es un tema de transparencia. Según el MEF, también es un tema de legalidad.
(*) Colaboración. Es periodista con estudios de Maestría en Antropología.