Tras una mañana de allanamientos, detenciones preliminares y organigramas complejos de poder oculto, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, terminó de encender la mecha final. La bomba llegó a las 6 de la tarde.
“Hemos encontrado indicios de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, anunciaba Benavides, rodeada simbólicamente de su equipo de fiscales y policías del equipo especial que investigue la corrupcion del poder.
La Fiscal declaró además una “constante y feroz obstrucción a la justicia”, desplegada por la presunta organización criminal, que según la hipótesis fiscal, lidera Castillo.
Benavides también dijo que, desde el Gobierno y en uso de su poder, Castillo y su entorno amenazan la autonomía del Ministerio Público y realizan un permanente amedrentamiento en su contra y su familia. Es simbólico que justo detrás de la Fiscal en su intervención estuvieran la fiscal Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado, coordinador del equipo especial y contra quien el gobierno ha enfilado baterías para intentar removerlo de esa posición.
“La hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer”, sostuvo en la conferencia en la que hizo pública la denuncia constitucional que está planteando contra el presidente Pedro Castillo Terrones, los ex ministros Juan Silva y Geiner Alvarado y el ex Gerente General de PetroPeru Hugo Chávez.
El mandatario es denunciado como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de Organización Criminal agravada, por su condición de líder y contra la administración pública, en la modalidad de Tráfico de Influencias agravado; también como presunto cómplice en la modalidad de Colusión.
Por los delitos de pertenecer a Organización Criminal y Colusión, se incluye al exministro de Transportes y Comunicaciones, el alguna vez incombustible Juan Silva Villegas.
Le sigue el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, presuntamente parte de la mencionada red criminal.
Según la tesis fiscal, la organización criminal se manejó de manera vertical, tejiéndose piramidalmente desde el poder máximo, ejercido por Castillo Terrones y a través específicamente de los ministerios de Transportes, Vivienda y organismos estatales como Petroperú.
Para dicho control, según la acusación, el mandatario contaba con distintos órganos operativos: congresistas, altos funcionarios, familiares, ministros, lobbistas y miembros dedicados a la obstrucción a la justicia y operaciones como la desaparición de documentos y protección de prófugos de la justicia.
La Fiscal de la Nación incluye todos aquellos actos que habría desplegado la organización criminal contra la labor fiscal, contra ella misma y su equipo especial de fiscales y agentes policiales. Los cataloga como “Acciones destinadas a desprestigiar, amedrentar y obstruir sus labores”.
Entre esos actos intimidatorios, menciona el hecho de que fue Beder Camacho, ex subsecretario de Palacio de Gobierno, quien ofreció información contra ella al semanario Hildebrandt en sus 13, además de la propagación de diversas acusaciones en su contra, presuntamente orquestadas desde la organización criminal y hasta el sobrevuelo de un dron por las inmediaciones de su domicilio el pasado julio.
El documento reseña los hechos vinculados a corrupción en los casos Petroperú y la compra amañada de Biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operator, las obras direccionadas de los casos Puente Tarata, vinculados al ex ministro Silva y los que comprometían un presupuesto millonario del Ministerio de Vivienda, cuando estuvo con Geiner Alvarado a la cabeza.
En la parte final del documento se traza la ruta que tendrá esta acusación constitucional: irá primero a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida actualmente por Lady Camones, de APP.
Si la acusación es admitida, tras los plazos de ley, la Comisión Permanente del Congreso deberá convocar a una Subcomisión Acusadora, formulando ésta la acusación que pasaría luego al Pleno del Congreso para su votación.
La Constitución protege la institucionalidad presidencial a través del artículo 117, que sostiene que al presidente solo se le puede acusar por traición a la patria, disolver el Congreso sin causal o impedir que los órganos electorales y del Congreso de la República cumplan sus funciones. No se habla de casos de corrupción.
Por eso, en este punto es que la Fiscal de la Nación es explícita en indicar que es un terreno que le compete plenamente al Congreso, haciendo notar además que la fase inicial de su investigación ya se encuentra debidamente cerrada, para poder formular la acusación sólidamente contra el presidente de la República.
“Corresponde al Congreso de la República, en específico, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizar la calificación de la presente denuncia constitucional, para lo cual, debe recordar que la interpretación de las disposiciones no solo se realiza de forma literal o constitucional sino también en clave sistemática y convencional”, dice el documento, apelando finalmente a que el Estado adecúe su derecho interno a lo comprendido en el Tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los escenarios
“Lo que está haciendo la Fiscal de la Nación al final del documento, es tirar la pelota al parlamento”, dice el constitucionalista Luciano López. “Está invocando la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que es un tratado de derechos humanos y eso no es poca cosa, pues tiene para los países firmantes, un rango igual a la de la Constitución”.
El artículo 30.2 de este tratado señala que los funcionarios con inmunidad, como el presidente Castillo, no deben valerse de ésta para evitar las acciones de investigación. “Se trata de usarla equilibradamente para que el funcionario con inmunidad no soslaye la investigación ni la sanción”, añade López.
La papa caliente de esta acusación cae en un parlamento deslegitimado y dividido.
Luciano López añade: “Si el parlamento declara procedente la denuncia, se trataría de un escenario histórico. A partir de ahí, se abre un antejuicio, la subcomisión traslada la denuncia al presidente por comisión de delito”.
La votación que se necesitaría para dicho escenario es mayoría calificada, excluyendo a la comisión permanente.
Si se da, el presidente quedaría suspendido en sus funciones, aunque reteniendo su cargo, asumiendo, hasta que termine el juicio, quien continúa en la línea de sucesión es la vicepresidenta Dina Boluarte, pero no hay que olvidar que ella tiene un caso en curso con pedido de inhabilitación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que, si se aprueba, podría dejar a Castillo sin línea de sucesión en el Ejecutivo y esa línea continuaría con el Presidente del Congreso.
Pero ¿qué pasa si el Congreso dice que la acusación contra Castillo es improcedente?.
“La Fiscal de la Nación podría elevar el caso al Tribunal Constitucional como un proceso competencial, demandando al Congreso para que la deje cumplir su mandato”, señala el constitucionalista.
"Es peligrosísimo"
La constitucionalista Beatriz Ramírez discrepa radicalmente de lo planteado por la acusación constitucional.
“Creo que es una interpretación inconveniente y peligrosísima”, señala. “El presidente fue elegido constitucionalmente, lo que propone la fiscal es inaplicar una regla expresa que está en la Constitución. Yo soy de las que creen que hay que cambiarla, pero actualmente no se ha cambiado”, añade.
Señala que la Convención señalada no es autoaplicativa, pues cada país se compromete a hacer modificaciones internas que adecúen sus leyes al tratado y eso es algo que no se ha hecho en nuestro país.
Para esta especialista, la salida a este momento pasa por acusar al presidente, no por un tema penal, sino por una infracción constitucional.
“Los servidores públicos, como el presidente tienen el mandato de luchar contra la corrupción, si no lo hace, se inicia un proceso político. Sería el camino menos discutible, que permite suspenderlo e inhabilitarlo”.
El exprocurador César Azabache, lanza una reflexión final, sea cual sea el escenario, especialmente, si se reactiva el pedido de vacancia presidencial “No podemos creer de ninguna manera que esto se va a resolver en un acto. Una vacancia no llega. Hay que construirla en un escenario en el que nadie ha hecho puentes. Apresurarnos es un pésimo negocio, hay que construir ese equilibrio con materiales precarios”.
Se abre un nuevo capitulo en esta historia.
