El expresidente será un recluido en un penal a la espera de ser entregado a las autoridades peruanas que lo custodiarán de vuelta al país.
“El Tribunal ordena que Toledo sea internado en una cárcel adecuada, donde permanecerá hasta que se haga su entrega a las autoridades peruanas. El tribunal revoca la fianza de Toledo y lo remite a la custodia de la Policía Federal. El tribunal ordena a Toledo que se entregue al alguacil el 21 de abril de 2023 a las 9:00 a. m. en el Edificio Federal Robert F. Peckman y juzgado de los EEUU, ubicado en 280 1st Street, San José, California.”
Con estas palabras, el juez del Distrito Norte de California, Thomas S. Hixson, puso fin a las maniobras dilatorias de la defensa del expresidente Alejandro Toledo y estableció los pasos finales para que sea extraditado al Perú.
El exmandatario pidió entregarse el 25 de abril para poder acudir a unas citas médicas con el psiquiatra y el oncólogo, lo que el juez Hixson ha entendido como una nueva jugada para retrasar su inevitable extradición al Perú. Alejandro Toledo va a enfrentar un juicio por un presunto soborno de $35 millones que le habría pagado la empresa Odebrecht, a cambio de obtener la licitación de la construcción de los Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.
La Fiscalía de la Nación ha estimado una pena de 20 años y 6 meses de prisión y la procuradora Ad Hoc del Caso Lavajato, Silvana Carrión, ya ha pedido una reparación civil solidaria de 1,800 millones de soles (que tendría que ser abonada por Alejandro Toledo y unas 30 personas, entre exfuncionarios de Proinversión, exministros de su gobierno y directivos de las empresas consorciadas).
El juez Hixson dijo que comprendía los problemas de salud, pero que, dada su edad, siempre iba a tener citas médicas continuas y – siguiendo esa lógica - nunca habría “un buen momento” para ejecutar la extradición, por lo que le puso fecha y hora para que se entregue a las autoridades policiales.
Esta mañana, antes de asistir a la audiencia, Toledo acudió a la Corte de Columbia en donde presentó una moción de reconsideración para que se reevaluara nuevamente su extradición. Sin embargo, el juez Hixson resolvió de una vez por todas la extradición de Alejandro Toledo. Durante la audiencia, el juez lanzó a su defensa la pregunta del millón: ¿Planea buscar más días de aplazamiento en la Corte de Apelaciones?”, a lo que su defensa respondió: “No, no planeamos buscar más aplazamientos en el circuito”. No obstante, teniendo en cuenta el modus operandi de su defensa, nada está dicho hasta que Alejandro Toledo no esté en un avión rumbo al Perú.
La batalla legal que ha librado Toledo para evitar su deportación ha sido feroz y millonaria. Ha alegado que en el Perú no hay estado de derecho, que su color de piel suponía un riesgo añadido en un país racista y polarizado como es el Perú. Ha llegado a decir que la justicia peruana está entre los peores del mundo, muy por debajo de países como China, Nigeria, Sudán e Irán. Ha logrado incluso que académicos y renombrados profesores de la Universidad de Stanford hiciesen público un pedido de no extradición arguyendo que “las instituciones políticas del país son altamente inestables y carecen de legitimidad pública y sus instituciones jurisdiccionales han sido corrompidas y están peligrosamente politizadas”.
Si cumple con entregarse a la Policía Federal, el viernes 21 a las 9 de la mañana, Toledo será recluido en el penal de San Mateo, donde será sometido al reconocimiento médico de rigor y esperará la llegada de una comitiva del Ministerio Público y la Policía Nacional que se encargará de custodiarlo durante su viaje de regreso al Perú. Está previsto que desde el momento en que se entregue, no pasen más de dos o tres días hasta que Alejandro Toledo pise - enmarrocado - suelo peruano. El penal de Barbadillo pasará entonces a alojar a tres expresidentes presos.
