Ante la propuesta del congresista Juan Burgos de retornar al fallido sistema de jueces sin rostro, el ministro de Justicia Eduardo Arana y el primer ministro Alberto Otárola han asegurado que esperarán el debate en el Congreso para tomar posición al respecto.
Juan Burgos Oliveros (Unidad y Diálogo Parlamentario), el congresista que propuso en el 2022 reconocer a la tauromaquia como patrimonio cultural y quien ha manifestado su deseo de que el Perú se retire de la Convención de San José, ha presentado un nuevo y polémico proyecto de ley.
El parlamentario junto a sus compañeros de bancada, los congresistas Katy Ugarte y Esdras Medina, elaboraron el proyecto de ley Nº 6920/2023-CR, ley que que autoriza la creación de tribunales sin rostro para la Investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales. Según la propuesta legislativa, el objetivo de la norma es instaurar el sistema de jueces sin rostro para “preservar la identidad de los magistrados y fortalecer la lucha contra la criminalidad”.
Para ello propone modificar la Ley Nº 3077, ley de crimen organizado, incorporando el siguiente artículo:
El proyecto de ley, de apenas 11 páginas, compara en su exposición de motivos la actual situación de inseguridad ciudadana que hay en el país con la violencia vivida durante el conflicto armado interno, entre 1980 y el año 2000.
Además, en un intento de justificar la presencia de jueces sin rostro, el parlamentario menciona como ejemplo del avance de las organizaciones criminales en el Perú, algunos artículos periodísticos que mencionan la peligrosidad de bandas delincuenciales integradas por policías y fiscales.
El parlamentario asegura que los operadores de justicia son amenazados públicamente por los procesados por integrar organizaciones criminales. Para ello, pese a que asegura que se han cometido muchos de estos ataques en contra de jueces y fiscales, solo precisa un caso ocurrido en el 2021 y no en agosto del 2023 como señala el parlamentario. Se trata del procesado por homicidio Elio Gaspar quien amenazó de muerte al juez Zenón Salvatierra durante una audiencia virtual. La fiscalía provincial de Chanchamayo abrió investigación al reo por la amenaza al magistrado.
La propuesta legislativa no menciona cómo funcionarían los jueces sin rostro en el Perú ni las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a las violaciones de derechos humanos que implicó su funcionamiento. Lo que sí señala el parlamentario es que en Brasil, durante la gestión de Jair Bolsonaro, se instaló este sistema de justicia para casos de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. Para evidenciarlo, el congresista cita un link de Wikipedia.
“Evaluaremos”
Pese a la controversia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, no ha deslindado de la propuesta legislativa, y más bien ha señalado que desde el Ejecutivo aún no tienen una posición clara y que esperarán a que el proyecto entre a la Comisión de Justicia para emitir opinión.
Asimismo, el primer ministro Alberto Otárola dijo que están haciéndole seguimiento a la propuesta de jueces sin rostro, así como a la que plantea dar amnistía a los policías y militares involucrados en procesos judiciales durante estados de emergencia.
“Estamos haciendo un seguimiento a estas proposiciones legales. Es decir, en cuanto sean debatidas y eventualmente aprobadas por el Congreso, el Gobierno se va a pronunciar con elemental seriedad [...] Cualquier medida, conforme no afecte la Constitución y proteja a los policías en el enfrentamiento contra el crimen organizado, es bienvenida”, señaló Otárola este lunes.
Quién sí mostró su respaldo a retornar al sistema de jueces sin rostro, fue el jefe del Estado Mayor General de la policía, Óscar Arriola. Aseguró que se necesita mano dura en el país para luchar contra el crimen organizado.
"Nosotros trabajaríamos más tranquilos con jueces sin rostro con los miembros de organizaciones y bandas criminales, que una vez detectados vayan a la cárcel directamente, y no haya esta posibilidad de prisión preventiva, de si le doy o no le doy arresto domiciliario -que después se fugan en la noche y terminan matando- sino todos a la cárcel", dijo en RPP.
Por el contrario, el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra mostró su rechazo a la propuesta recordando que este sistema en su momento fue considerado inconstitucional.
La propuesta y actuación misma de fiscales y jueces “sin rostro” fue tan inconstitucional -vulneración de garantías de juez natural, imparcialidad, independencia- que, hasta el propio Blume Fortini así lo declaró. pic.twitter.com/wasEQavAtj
— Ronald Gamarra (@ronaldgamarra) February 5, 2024
De igual forma, Miguel Soria, exviceministro de Derechos Humanos, cuestionó la implementación de jueces sin rostro, asegurando que va en contra del debido proceso, según lo ha señalado la Corte IDH. Soria señala que una mejor opción es brindarle mayor seguridad a los jueces y fiscales que ven procesos de crimen organizado.
“La figura de los jueces sin rostro, viola el debido proceso. (...) Esa figura ha fracasado (...) no deberíamos volver, es una pérdida de tiempo debatirlo en el congreso”, dijo en RPP.
Percy Castillo, ex adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, también se mostró en contra de la propuesta.
“Jueces sin rostro. Iniciativa legislativa contradice la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Ambas normas señalan que toda persona tiene derecho evaluar la competencia, la independencia y la imparcialidad del juez que tiene a cargo su proceso”, tuiteó.
Jueces sin rostro. Iniciativa legislativa contradice la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Ambas normas señalan que toda persona tiene derecho evaluar la competencia, la independencia y la imparcialidad del juez que tiene a cargo su proceso. pic.twitter.com/AJmPjzfTZ5
— Percy Castillo (@Percas1976) February 5, 2024
Un sistema antiderechos
En mayo de 1992 el gobierno de Alberto Fujimori dictó la ley antiterrorista, decreto Ley 25475, que establecía la reserva de identidad de los jueces y fiscales que procesaban casos de terrorismo o traición a la patria. Un informe realizado por Human Rights Watch en 1996, concluyó lo siguiente sobre el funcionamiento de ese sistema de justicia en el Perú:
“Desde 1992, los tribunales sin rostro han establecido un récord aterrador de violaciones de derechos humanos. Enumerar los detalles equivale a bajar a un infierno ciudadano, donde no hay regla inviolable, derecho garantizado, ni precedente respetado. En el Perú, lo arbitrario domina todas las etapas del proceso judicial, desde la detención a la acusación, investigación, condena y apelación”.
En el 2000, la CIDH se pronunció respecto a los casos de los universitarios Rodolfo Gerbert Asencios Lindo, Rodolfo Dynnik Asencios Lindo, Marco Antonio Ambrosio Concha y Carlos Florentino Molero Coca quienes denunciaron al estado peruano por violar sus derechos por tortura y por ser acusados de terroristas en un juicio “caracterizado por la total ausencia de las debidas garantías judiciales, que concluyó con sentencias dictadas por tribunales sin rostro".
La CIDH concluyó que el estado peruano violó el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que garantiza el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella. La Comisión señala que el estado transgredió lo estipulado al “establecer prácticas gubernamentales y procedimientos policiales y judiciales contrarios al ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Convención Americana”. Entre sus recomendaciones, pidió modificar la ley que instalaba el sistema de los jueces sin rostro.
La Corte CIDH también se ha pronunciado sobre los jueces sin rostro en las sentencias de los casos Cantoral Benavides de agosto del 2000 y en el Castillo Petruzzi y otros, en 1999.
En la sentencia de Cantoral Benavides, por ejemplo, la Corte CIDH concluyó:
“Está probado en la presente causa que en el desarrollo de las actuaciones realizadas por los jueces del fuero común se presentaron las siguientes situaciones: (...) c) los jueces encargados de llevar los procesos por terrorismo tenían la condición de funcionarios de identidad reservada, o “sin rostro” por lo que fue imposible para Cantoral Benavides y su abogado conocer si se configuraban en relación con ellos causales de recusación y ejercer al respecto una adecuada defensa. 128. La Corte concluye, de lo que antecede, que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, el artículo 8.2.c), 8.2.d) y 8.2.f) de la Convención Americana”.
Luis Alberto Cantoral Benavides, universitario de 20 años, fue detenido ilegalmente en 1993 por agentes de la Dincote. Ellos llegaron buscando a su hermano mayor, José Antonio Cantoral Benavides, y al no encontrarlo, lo detuvieron a él. Cantoral fue torturado y condenado por terrorismo en varios procesos violatorios de sus derechos fundamentales. Permaneció cuatro años privado de libertad.
Casi 24 años después de que este sistema dejó de funcionar en el Perú, el debate por retornarlo podría iniciarse en los próximos meses. El proyecto de ley del parlamentario Burgos ya se encuentra en la comisión de Justicia a espera del debate.
