HRW: Congreso y Dina Boluarte socavan la democracia
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HRW: Congreso y Dina Boluarte socavan la democracia

Informe de Human Rigths Watch concluye que en 2024 el Congreso, en alianza con la presidenta Dina Boluarte, socavó la independencia judicial, debilitó las instituciones democráticas y obstaculizó investigaciones sobre crimen organizado, corrupción y violaciones de DDHH.

Human Rights Watch publicó su informe anual correspondiente al año 2024 sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en el mundo. En el capítulo dedicado al Perú, la organización internacional de DDHH confirma que el 2024 fue un año de preocupantes retrocesos para la democracia peruana.

El informe empieza afirmando que, durante este período, "el Congreso del Perú aprobó leyes y adoptó otras decisiones que socavaron la independencia judicial, debilitaron instituciones democráticas y obstaculizaron las investigaciones sobre crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos". Y añade que "la presidenta Dina Boluarte hizo poco o nada por detener los ataques del Congreso a la democracia y el Estado de derecho. El gobierno de Boluarte también implementó políticas que contribuyeron a la erosión de las normas democráticas, incluyendo esfuerzos por reprimir protestas y un creciente desprecio por la independencia judicial."

Corrupción

HRW destaca que la corrupción es uno de los factores más importantes en el deterioro de las instituciones públicas y resalta que "la presidenta Boluarte continúa siendo investigada por supuestos aportes ilegales para su campaña política, así como por recibir relojes costosos por parte de un gobernador regional."

Sobre el Congreso de la República, señala que más de la mitad de los congresistas están siendo investigados penalmente por corrupción y otros delitos. Y afirma que no es casual que el Parlamento debilitara la Ley de Colaboración Eficaz aprobándola por insistencia, así como que aprobara una norma para restringir la definición penal de "crimen organizado", dificultando a la fiscalía investigar delitos como la corrupción y la extorsión

Amenazas a la independencia judicial y del Ministerio Público

En este punto, el informe reseña los esfuerzos del Congreso por debilitar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución que "ha desempeñado un rol clave en la protección de la separación de poeres en el Perú": desde la remoción de dos de sus miembros hasta la aprobación de una reforma constitucional para eliminar a la JNJ.

Además, resalta que el Congreso aprobó un proyecto de ley que faculta a la policía a abrir y conducir la investigación del delito en desmedro del Ministerio Público. "La presidenta Boluarte no vetó el proyecto, que fue publicado como ley en octubre", dice el informe y añade que el el proceso de elección de la nueva JNJ, dirigida por el Defensor del Pueblo, fue observado por una misión internacional de expertos que concluyó que "no cumplió con los estándares internacionales de transparencia, publicidad, criterio técnico y participación ciudadana".

Seguridad Ciudadana

El documento destaca que, en octubre de 2024, el número de homicidios superó el total de asesinatos cometidos en 2023 y que las denuncias por extorsión se multiplicaron por cinco entre 2021 y 2023. Concluye que medidas como la declaratoria de estados de emergencia han sido ineficaces para hacer frente al crimen, así como el proyecto de ley que aprobó el Congreso para reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal por homicidio agravado, extorsión, secuestro, violación y otros delitos graves.

Impunidad

Human Rigths Watch pone especial énfasis en el avance de la impunidad en el Perú gracias a la ley que prescribe los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos antes de 2003, cuya "aprobación viola una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Congreso detener la discusión del proyecto de ley por resultar contrario al derecho internacional de los derechos humanos.

Además, señala que "las autoridades aún no han investigado ni juzgado de manera adecuada las muertes de 49 manifestantes y transeúntes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 a febrero de 2023", cuando "el ejército y la policía respondieron de forma indiscriminada y desproporcionada (...) dispararon con fusiles de asalto y pistolas contra manifestantes y transeúntes desarmados." Y añade que al mes de noviembre de 2024 nadie había sido condenado.

El informe de HRW menciona también otras leyes que atentan contra el espacio cívico, el medio ambiente y los DDHH, como la llamada Ley anti ONG con la que el gobierno pretende controlar a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del extranjero, porque "utiliza un lenguaje demasiado amplio y vago que, en la práctica, permitiría al gobierno multar o sancionar arbitrariamente a los grupos que critican o se oponen a sus acciones."