Fiscal Milagros Salazar Paiva, del Equipo Especial Lava Jato, formaliza investigación contra diez dirigentes del APRA por los presuntos aportes de Odebrecht en 2006 y por sospechosas transacciones de compra-venta de dos inmuebles en Piura. Investigada cúpula denuncia que Fiscalía comete abuso de autoridad.
El Ministerio Público decidió formalizar y continuar la investigación preparatoria contra diez integrantes del Partido Aprista, entre excongresistas y dirigentes, por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, por los aportes que recibió de la empresa Odebrecht en la campaña del 2006.
Los investigados son Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Mercedes Cabanillas, Luis Alva Castro, César Zumaeta, Hernán Garrido Lecca, Javier Velásquez Quesquén, Luciana León, Franklin Santiago Chávez Montenegro y Luis Antonio Gasco Bravo.
La disposición fiscal, a la que Epicentro.Tv tuvo acceso, declara el caso como complejo y establece un plazo de investigación de 36 meses; pero también ofrece detalles hasta ahora desconocidos sobre la compra de inmuebles en nombre del Partido Aprista en un momento en el que no contaba con el dinero para pagar.
Entre los años 2005 y 2011, el APRA compró cinco inmuebles valorizados en S/ 1’099,176. El detalle es que el partido no contaba con los fondos suficientes para adquirir dos de las propiedades, ubicadas en el departamento de Piura y valorizadas en $300,000. Para costear parcialmente la adquisición, el 15 de diciembre de 2008 el partido entregó como parte de pago un local partidario, valorizado en $180,000.
El ex perúposibilista Juan César Castagnino Lema (el vendedor de los dos inmuebles en Piura), recibió la propiedad del APRA como parte de, pago, y, posteriormente, la vendió en $120,000 a un “tercero de buena fe”, el mismo que, después, la terminó vendiendo en S/2’200,000.
Una lucrativa operación que espera explicación.
Los $120,000 que faltaban para cancelar los $300,000 fueron pagados a través de cinco cheques de gerencia girados entre octubre y diciembre de ese año por Rogelio Loro Gómez y el expresidente del Gobierno Regional de Piura y actual presidente del partido, César Trelles Lara, según el siguiente cronograma:
La fiscalía encontró inconsistencias en el origen de los fondos que declararon ambos aportantes. César Trelles Lara, amigo cercano del expresidente Alan García y del excongresista Mauricio Mulder, afirmó que el cheque de gerencia por $40,000 que entregó para la compra de los inmuebles provino de una hipoteca que él mismo realizó sobre su propia casa, pues, “el dinero mediante el cual se iba a pagar la hipoteca iba a provenir de los diezmos de los militantes apristas.”
Trelles, quien participó directamente en la compra de los inmuebles de Piura, ha declarado no saber cómo se tasó en $180,000 un local del partido que terminó siendo revendido por S/ 2’200,000. Además, asegura que el dinero que obtuvo por la hipoteca de su casa para conseguir el dinero que le terminó prestando a su partido –40,000 dólares– le fue devuelto, pero que no recuerda quién lo hizo.
El documento de la fiscal Salazar revela que el 22 de diciembre de 2008, día en que el partido realizó el último pago por los inmuebles de Piura, Mauricio Mulder Bedoya acudió en su calidad de secretario general del partido a la notaría de Vicente Acosta Iparraguirre, “a efectos de adquirir el bien inmueble por el valor de $300 mil.”
Como se recuerda, en diciembre de 2017 la fiscalía abrió investigación contra Mauricio Mulder por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, pero en marzo de 2019, el excongresista pidió ser excluido argumentando que se le había iniciado un proceso sin que el Congreso le hubiese levantado previamente la inmunidad parlamentaria. En octubre de 2019, la Fiscalía declaró fundada su solicitud y Mulder quedó fuera de la investigación.
El informe fiscal concluye que en la compra sin fondos participaron los “máximos representantes y partidarios” César Trelles Lara, Rogelio Loro Gómez, Miguel Féliz Gerardo Arámbulo Talledo y Roberto Federico Arámbulo Alban, “quienes habrían participado en la compra de dos bienes inmuebles referidos, por un valor de $300,000, a favor del PAP, cuando ésta persona jurídica no tenía capacidad económica para adquirir los bienes, lo que debe ser materia de investigación.”
La hipótesis de la Fiscalía es que dicho dinero podría haber provenido de la empresa Odebrecht, que, en palabras de su exdirectivo, Jorge Barata, hizo un aporte a la campaña aprista del 2006 a pedido de Luis Alva Castro, aporte por el que el expresidente Alan García habría expresado su agradecimiento.
Los libros contables del partido arrojan una notoria desproporción entre los ingresos reportados y los gastos entre 2006 y 2011, “lo cual para el caso concreto y atendiendo a la naturaleza de la presunta comisión de los delitos incoados, como el lavado de activos, desde un plano procesal, puede resultar siendo un hecho indiciario de tal comisión”. El siguiente cuadro, de la Fiscalía, da cuenta de esa aparente desproporción:
Los excongresistas apristas Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Mercedes Cabanillas y César Zumaeta ofrecieron este lunes una conferencia de prensa en el Congreso de la República para expresar su rechazo a las imputaciones de la Fiscalía y para cuestionar que se sindique al APRA como una organización criminal.
Del Castillo señaló que el supuesto aporte de campaña de Odebrecht nunca ingresó al partido y agregó que como excongresistas solo pueden ser investigados por la fiscal de la Nación y no por “un fiscal lleno de odios”, sin referir su nombre.
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Daniel Yovera
