Un oficio enviado por una funcionaria del Ministerio Público a la fiscal suprema Zoraida Ávalos revela que las grabaciones de las sesiones de la Junta de Fiscales Supremos en las que esta magistrada acusó a la fiscal de la Nación de ayudar a su hermana, la jueza Enma Benavides, han sido “desechados”. A Epicentro TV, la Fiscalía le dijo que el material ya fue “depurado”.
Los audios de las sesiones de la Junta de Fiscales Supremos del 24 de mayo y el 1 de junio pasados, en las que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la fiscal suprema Zoraida Ávalos se increparon y acusaron mutuamente por hechos de trascendencia política, han sido “desechados” y ya no existirían, según indica un documento firmado por una alta funcionaria de la Fiscalía.
Se trata del Oficio Nº 000900-2023, enviado el 6 de septiembre pasado por la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos, Carmen del Pilar Díaz Vásquez, a la suspendida fiscal suprema Zoraida Ávalos.
Desde el mes de junio, Ávalos ha remitido escritos a la fiscal de la Nación y a la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, solicitando las actas y los audios de las dos sesiones referidas. Lo hizo el 2 de junio y luego el 5, 7 y 20 del mismo mes. Cuatro veces.
Recién el 7 de agosto, tras un previo “debate y deliberación”, los fiscales supremos titulares reunidos en la Junta de Fiscales Supremos acordaron responderle, y el 6 de septiembre le remitieron el Oficio 000900, que concluye que los audios han sido “desechados”.
El tenor de la respuesta a la fiscal Ávalos es el siguiente:
“Al respecto, es de precisársele que de acuerdo a lo establecido en los artículos 1.17 y 1.18 del Reglamento de Sesiones de la Junta de Fiscales Supremos, la elaboración de las actas son deber y responsabilidad del despacho de la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos; por ello, y a fin de dar un debido cumplimiento a dicha labor, nos hemos venido apoyando con la grabación de audios de las sesiones que se han realizado, los mismos que posteriormente son desechados, en atención a que los audios no tienen por sí mismos eficacia jurídica como generador de consecuencias jurídicas; siendo el único documento oficial el acta escrita y aprobada”.
Este es el documento remitido a la fiscal suprema:
Actas tachadas
Pese a que los pedidos hechos por Zoraida Ávalos empezaron el 2 de junio pasado, la fiscal reiteró los mismos en tres ocasiones porque las actas que pidió le llegaron tachadas e incompletas, y los audios, nunca.
El 19 de junio pasado, este medio informó que tras su primer requerimiento, el 5 de junio la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos le remitió actas –no audios–, que, para su sorpresa, estaban incompletas.
Daniel Yovera
Los pasajes en los que acusó a la fiscal Patricia Benavides de haber retirado del cargo a la fiscal Bersabeth Revilla para ayudar a su investigada hermana, la jueza Enma Benavides, no figuraban en el acta. Habían sido retirados.
Tras recibir las actas incompletas, Ávalos le escribió a la fiscal de la Nación para decirle: “He podido constatar que no se consigna en su texto [del acta] las intervenciones que tuve”.
Según su oficio acusador, en la sesión del 24 de mayo, cuando tomó palabra, le recordó a la fiscal de la Nación, en primer lugar, un asunto relacionado con la asignación del expediente “en el que se encuentra investigada su hermana, la magistrada Enma Benavides”.
Y, en segundo lugar, el supuesto acercamiento de funcionarios y asesores de su confianza –de Patricia Benavides– a algunos parlamentarios con el propósito de buscar el direccionamiento de sus votos para lograr la inhabilitación de Ávalos en el Congreso.
Luego de los cuatro pedidos que hizo en el mes de junio, el 6 de septiembre recién recibió respuesta, a través del oficio referido líneas arriba, con la respuesta ya conocida.
Es una respuesta similar a la que recibió Epicentro Tv recientemente: que los audios han sido “depurados”.
De ese modo, la gestión de la fiscal de la Nación respondió no solo a nuestro pedido, sino a la resolución del Tribunal de Transparencia del Estado peruano, que el 25 de julio pasado le ordenó entregarnos la información requerida.
Hasta el momento –pese a que en sus redes señala que esta información es “falsa”– la Fiscalía de la Nación desacata la orden del Tribunal de Transparencia e incluso ha presentado dos recursos al Poder Judicial para que anule la resolución administrativa y de esa manera evadir su obligación.
Así es la política de transparencia de la gestión de la fiscal Patricia Benavides.
