Fiscalía sobre investigación a detenidos en Confederación de Campesinos: "No forman parte de una organización terrorista"
La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delito de Terrorismo ha resuelto no continuar ni formalizar la investigación contra 26 campesinos que fueron detenidos en la sede de Lima de la Confederación Campesina del Perú, acusados por la Dircote de portar machetes, pasamontañas y explosivos para generar caos y violencia durante la "Primera Toma de Lima". La resolución sostiene que las declaraciones, informes policiales, documentos de instituciones públicas apuntan que no existen elementos de convicción para vincularlos con acciones subversivas u organizaciones terroristas.
"Los investigados no forman parte de una organización terrorista, así que se establece que no existe otro elemento a fin de determinar su vinculación con dicho organismo de la organización terrorista Sendero Luminoso". Esto es lo que ha resuelto la Fiscalía tras haber investigado por ocho meses a los veintiséis campesinos por presunta pertenencia a una organización terrorista.
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Lo dicho por la DIRCOTE
El pasado 17 de diciembre la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional intervino el mencionado local de la Confederación Campesina del Perú, ubicado en Lima, y detuvo a veintiséis ciudadanos que habían llegado desde las regiones para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte, y exigir el adelanto de las elecciones generales. El entonces jefe de la Dircote, general PNP Óscar Arriola, señaló que había recibido información de que dichas personas serían las responsables de los desmanes, destrozos e incendios durante las movilizaciones. Dijo, además, que les habían decomisado pasamontañas, chinches y machetes que habrían sido utilizados para generar violencia. Pero esos objetos lucían nuevos, sin uso, e incluso, mantenían intactas sus etiquetas.
Las razones de la Fiscalía para archivar el caso
La disposición de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, a cargo del fiscal adjunto provincial Daniel Valentin, señala que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra los veintiséis campesinos porque "no forman parte de una organización terrorista, no tenían como finalidad subvertir el Estado constitucional, no usaron explosivos o armamento para cometer el delito, no provocaron, crearon o mantuvieron en estado de zozobra, no se acredita fehacientemente que los investigados ocasionaron lesiones o cualquier vulneración a los bienes jurídicos protegidos".
En ese sentido, la Fiscalía sostiene que la conducta de estos hombres y mujeres, "no se adecúa, subsume o tipifica en el delito de terrorismo". Acota también que el tipo penal requiere de la realización de un hecho concreto y su vinculación directa a una organización subversiva para formalizar la acusación, y en este caso dicha consigna "no se advierte", por lo tanto, "la conducta resulta atípica".
Sobre las banderas, megáfonos, cascos, casaca, vinagre, chaleco, piedras, tachuelas, pasamontaña, encendedores, banderines, machetes, honda de jebe, huaraca de lana, chalecos de tela, hojas bond con inscripciones y un morral CAT hallados supuestamente por la Dircote entre las pertenencias de los veintiséis campesinos y que fueron presentados ante la prensa a bombo y platillo como pruebas contundentes en su contra, la resolución indica que "no se subsumen —incluyen— en los medios empleados como armamento y explosivos".
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La resolución firmada por el fiscal Daniel Valentin también advierte que al realizarse una pericia química de los citados objetos, "el análisis químico dio resultado negativo para sustancias nitradas; en ese sentido, se desvirtúa que los elementos incautados puedan catalogarse como un medio idónea para impuntar el delito de terrorismo".
Aquel 17 de diciembre, la Dircote también informó, en una multitudinaria conferencia de prensa, que habían incautado en el local material explosivo. La Fiscalía, como prueba, recibió: tres cordones envueltos con gutapercha y cinta adhesiva transparente de color celeste, amarillo y anaranjado, un cordón de color blanco de 6 metros aproximadamente, tres explosivos, uno de ellos de color rojo, cuenta con el logo de Famesa-explosivos-booster HDP y las otras dos restantes no tienen descripción, "un vaso de plástico en su interior conteniendo retazos de papel higiénico en cuyo interior se encuentra envuelto al parecer doce fulminantes".
El fiscal señala que pudo corroborar que dicho material se encontraba activo y operativo, pero que "no se le puede atribuir a los investigados, conforme lo establece el informe policial, emitido por la Unidad Especializada de la Policía - Dircote que, pese a las investigaciones realizadas no se ha logrado determinar la procedencia de los señalados explosivos, tampoco se ha logrado acopiar algún elemento de convicción que relacionen alguna responsabilidad de los investigados".
El documento puntualiza, además, que los elementos de convicción recopilados durante toda la investigación, como declaraciones, informes policiales, documentos de instituciones públicas, apuntan que los veintiséis campesinos "no tenían como móvil o motivo incidir en las decisiones de los poderes públicos, a fin de alcanzar el objetivo político último".
Entre otros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al Estado peruano cesar con esta práctica del "terruqueo", que vulnera especialmente a las comunidades que enfrentaron por muchos años al terrorismo y que acrecienta la división social en el país. La resolución fiscal archiva la investigación por terrorismo en su contra pero, ¿quién les devuelve a estas 26 personas el tiempo perdido y su honra?
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