El Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos, del que hacen parte organizaciones sociales, universidades y asociaciones de derechos humanos, presentó este miércoles un informe preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Perú en el marco de las protestas y advirtió que ha constatado la vulneración de los derechos a la vida y a la libertad durante las manifestaciones. Por esa razón han pedido que estos hechos se consideren como delitos de lesa humanidad.
El informe fue presentado con el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos y contiene el diagnóstico de organizaciones como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos, CESJUL. Estas y otras organizaciones hicieron el trabajo de campo en Lima, Juliaca, Ayacucho, Andahuaylas y Cusco, entre el 7 y el 15 de marzo.
Los representantes de la organización le exigen al gobierno que deje de dar tratamiento militar a las protestas y al Ministerio Público que realice una investigación efectiva para establecer responsabilidades por las muertes y lesiones ocurridas en las manifestaciones. El informe estima que el 80% de los afectados entrevistados no tiene asistencia legal, lo cual dificulta los procesos y seguimiento de los casos.
El Tribunal expresa su preocupación por el tratamiento que la Fiscalía da a las investigaciones, pues a su juicio la represión de las manifestaciones con fuerza letal por parte del Estado peruano a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es síntoma de un problema generalizado que va más allá de las recientes muertes. "Al investigar los crímenes cometidos contra los manifestantes, la fiscalía les está dando el trato de delitos comunes, sin embargo, estos deben ser considerados delitos de lesa humanidad”, señaló Camilo Pérez Bustillo, representante de la Universidad de Dayton y del National Lawyer´s Guild.
