En el caso de los dos primeros el Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Y en el caso de la asesora de la presidenta Boluarte, por tráfico de influencias agravado.
La resolución fiscal a la que tuvo acceso, en exclusiva, Epicentro.tv señala que “el actual Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, y el actual presidente ejecutivo de Essalud, Arturo Aurelio Orellana Vicuña, se habrían interesado indebidamente en el pago por la suma de S/.41’000,520.00 de soles, a favor de la empresa AIONA TECHNOLOGY CORPORATION SAC. Dicho pago se habría gestado durante una reunión sostenida entre el funcionario de Essalud y Manuel Del Castillo Hernández, este último, amigo de Ayasag O´Besso y del representante legal de la empresa beneficiada, Carlos Valdivia Montoya”.
La empresa en cuestión obtuvo en el 2020 la buena pro en el procedimiento de adquisición de un millón de pruebas rápidas que llevó a cabo Essalud, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo. Según un informe de la Contraloría General de la República de enero de 2021, dicho procedimiento de adquisición habría sido direccionado a favor de la empresa, lo que motivó que se congele el pago.
Dos años después, el 26 de enero de 2023, el ministro de Trabajo - que sólo tenía tres días en el cargo – se reunió en su despacho con el presidente ejecutivo de Essalud, Arturo Aurelio Orellana Vicuña. Luego de la cita, según información periodística, el subgerente de Adquisiciones y Ejecución Contractual de Essalud, emitió tres informes recomendando ejecutar el pago de más de 41 millones de soles a la empresa Aiona Technology Corporation.
Las notas periodísticas de Hildebrandt en sus Trece y Diario del país aludidas en la resolución revelan que la asesora presidencial de Dina Boluarte, Grika Asayag O´Besso, mantendría un vínculo amical de larga data con el presidente ejecutivo de Essalud. Además, que existirían comunicaciones de whatsapp entre el actual ministro de trabajo Adrianzén y el presidente ejecutivo de Essalud en las que el primero le habría solicitado al segundo que se concrete el pago en cuestión.
La resolución firmada por la Fiscal de la Nación dispone un plazo de 60 días durante el cual se tomará las declaraciones de todos los investigados y testigos; además de solicitar a Essalud el expediente del procedimiento de licitación y otros documentos vinculados al caso.
