Jefa de Estado acudió para responder por víctimas mortales de movilizaciones en su contra, pero ante llegada de Procuraduría General del Estado y organismos de derechos humanos, fiscal Patricia Benavides anunció que esperaría decisión del Poder Judicial sobre pedido de procurador para participar en investigaciones. Palacio informó que mandataria había “culminado su presentación”; abogada de Aprodeh hace aclaración.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió suspender el interrogatorio contra la presidenta Dina Boluarte en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado, lesiones graves, lesiones leves, tortura y abuso de autoridad, por las 47 personas que acabaron muertas y las decenas que fueron heridas por fusil de arma de fuego en las protestas contra de su gobierno.
Benavides se encontraba con su equipo de fiscales y con la jefa de Estado y su defensa, pero llegaron a su despacho representantes de la Procuraduría General del Estado y de la ONG de derechos humanos que patrocina a parte de los deudos de las víctimas, Aprodeh, quienes solicitaron participar en la audiencia.
Según fuentes de la Procuraduría y de Aprodeh presentes allí, la posición de la fiscal fue que únicamente debía estar presente la defensa de la presidenta Boluarte, razón por la cual ni la Procuraduría General ni Aprodeh habían sido notificados.
Aprodeh había solicitado por escrito ser parte del interrogatorio. Y la Procuraduría General había presentado, la semana pasada, una tutela de derechos para poder ser parte de esta investigación, luego de haber participado en la primera declaratoria del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, pero excluido en la segunda, motivo por el cual alega que se ha dejado en “indefensión material” al Estado peruano.
“No es correcto que la Procuraduría no participe ahora porque ya participó en la primera declaración de Otárola, y en otros casos los abogados de la parte agraviada no están prohibidos de participar. Nos lo autoriza el numeral 10 del Título Preliminar del Código Procesal Penal, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Cantuta vs. Perú”, ha señalado que el Estado peruano tiene la obligación de garantizar la participación de los agraviados en todas las etapas del proceso”, señaló Gloria Cano a Epicentro Tv.
Palacio de Gobierno emitió un sucinto comunicado dando a entender que la presidenta Boluarte sí había declarado. La cuenta de Twitter del gobierno peruano señaló: “Se informa que la presidenta de la República, Dina Boluarte, culminó su presentación ante la Fiscalía, donde brindó declaraciones respecto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público”.
Se informa que la presidenta de la república, Dina Boluarte, culminó su presentación ante la @FiscaliaPeru donde brindó declaraciones respecto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público.
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 7, 2023
Por su parte, la Fiscalía de la Nación informó a través de sus redes que la fiscal Benavides había iniciado la toma de declaraciones a la presidenta de la República.
Fiscal de la Nación inició toma de declaraciones a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el proceso de investigación por el caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023. pic.twitter.com/hlJei3azlB
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 7, 2023
Gloria Cano, abogada de Aprodeh, quien llegó para el interrogatorio, fue una de las firmantes del acta que ordenó levantar la fiscal de la Nación, y no leyó ninguna línea que señalara que se haya desarrollado algún tipo de interrogatorio formal a la presidenta.
“El acta no menciona que haya habido algún tipo de interrogatorio, solo señala los argumentos de la Procuraduría General y de los abogados de las víctimas para poder participar en la diligencia, también se refiere a la decisión de la fiscal Benavides para suspenderla, y a la posición de la presidente Dina Boluarte, quien dijo que está llana a responder las preguntas de parte agraviada siempre que el Poder Judicial lo autorice”, precisó Cano.
La investigación
La presidenta Boluarte, el premier Alberto Otárola, el antecesor de éste, Pedro Angulo, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, así como los exministros del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes, y los jefes militares y policiales, han sido denunciados por genocidio, homicidio calificado, lesiones graves, lesiones leves, tortura y abuso de autoridad.
El cargo de genocidio fue planteado por abogados ayacuchanos. Organismos de derechos humanos como Aprodeh y el Instituto de Defensa Legal no le imputaron dicha figura.
A Boluarte se le atribuye la responsabilidad principal en las muertes de ciudadanos ocurridas durante manifestaciones realizadas en Apurímac, Ayacucho, Cusco, La Libertad, Arequipa, Junín y Puno, entre diciembre de 2022 y enero de este año. Como presidenta de la República, ella autorizó la intervención militar y policial.
El 10 de diciembre, en Apurímac, seis manifestantes recibieron lesiones mortales por impacto de bombas lacrimógenas y proyectiles de arma de fuego. Dos de ellos eran menores de edad. Cinco días después, Ayacucho fue el nuevo epicentro de la tragedia: diez fallecidos, entre ellos un adolescente de quince años. Al día siguiente, tres personas más cayeron abatidas en Junín. El 9 de enero, en Juliaca, dieciocho civiles y un policía perdieron la vida. A ellos se suman víctimas en La Libertad, Cusco, Arequipa y Lima.
De acuerdo con las necropsias, la mayoría de muertes fue provocada por traumatismo encefalocraneano severo y por heridas de proyectil de armas de fuego.
En sus declaraciones, el premier Otárola ha negado su responsabilidad en las muertes.
“Debo señalar que en la parte operativa no brindé ninguna instrucción, porque no corresponde a las funciones del ministro de Defensa”, alegó.
Sin embargo, el Decreto Legislativo 1134 sobre las funciones del titular de Defensa lo desmiente. En el inciso 22 dice claramente que entre sus funciones se encuentra “normar y supervisar la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno y en el apoyo a la Policía Nacional e instituciones públicas que lo requieran, en los casos que lo disponga el presidente de la República conforme a la Constitución Política del Perú y la ley de la materia”.
El documento íntegro aquí:
Luego del fallido intento de Golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo el 7 de diciembre, Boluarte ha enfrentado una convulsión social que, más allá de algunas treguas, no se ha apaciguado. Principalmente por acción de las fuerzas del orden, 48 civiles han perdido la vida, y cinco militares y un policía han perecido. Son más de 1,300 los heridos registrados, de acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo.
