'Megabancada' autoritaria controla al Congreso y sostiene al gobierno

Una revisión de la autoría de las más recientes leyes aprobadas por el Congreso permite establecer con claridad qué congresistas y qué bancadas son las que integran la coalición que controla al Parlamento que sostiene al gobierno.

En los últimos meses, el Congreso de la República nos ha dejado un alarmante número de leyes que debilitan la lucha contra el crimen organizado y promueven la impunidad. Todas fueron presentadas y aprobadas por congresistas que son parte de la coalición autoritaria que sostiene al gobierno de Dina Boluarte. Todos integran bancadas que forman un gran grupo parlamentario - o mega bancada - que cuenta con la mayoría de votos necesaria para controlar al que ellos mismos han bautizado como "el primer poder del Estado".

Los partidos de donde han provenido las iniciativas que han beneficiado directamente la impunidad son Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú y Renovación Popular.

El ‘Fujicerronismo’ y la ley que limita la detención preliminar

La más reciente es la Ley 32181, que deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia y que, apenas entró en vigencia tras su promulgación por la presidenta Boluarte, empezó a surtir sus nefastos efectos. En aplicación de esta norma, la Corte Superior de Huaura ordenó la liberación de diez investigados por integrar la presunta organización criminal "Las Hienas Verdes", pese a que contaban con una medida de detención preliminar de 15 días.

La ley se creó a partir de proyectos presentados por Fuerza Popular y Perú Libre, y en el Pleno la votación alcanzó los 94 votos. Sin embargo, tras la ola de críticas, al Congreso no le quedó otra alternativa que retroceder y restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia. 

Sin embargo, mientras el nuevo dictamen permanece en manos del Ejecutivo a la espera de su promulgación, el martes 17 de diciembre, la Fiscalía y la policía allanaron las viviendas de 14 personas implicadas en el caso Qali Warma, entre quienes figura el actual vocero presidencial, Freddy Hinojosa, ex director de esa entidad. Pero, gracias a ley que prohíbe la detención preliminar, no fue detenido pese a que el Ministerio Público solicitó su detención preliminar por 10 días.

Perú Libre y la Ley pro crimen organizado

El Pleno del Congreso aprobó con 70 votos a favor la Ley 32108 que modifica la Ley de crimen organizado excluyendo de la calificación de organización criminal actividades delictivas como tráfico de influencias, negociación incompatible y colusión simple, pero también la extorsión y el sicariato. Además, la norma exige que, durante los allanamientos, el registro y la incautación de material probatorio se realicen siempre que un abogado de la defensa pública esté presente, eliminando el factor sorpresa y permitiendo que los investigados tengan tiempo para ocultar o desaparecer evidencias.

El autor de la norma es Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre y hermano del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. Ambos son investigados por el presunto delito de organización criminal por el caso Los Dinámicos del Centro y, apenas el Ejecutivo promulgó la norma, solicitaron el archivamiento de este proceso argumentando que los hechos que se le atribuyen ya no constituyen organización criminal en virtud de la Ley de Waldemar Cerrón. Sin embargo, el juez Jorge Chávez Tamariz rechazó su pedido.

APP y "los cambios" a la ley pro crimen

La llamada Ley pro crimen organizado motivó paros y movilizaciones de transportistas y otros gremios que exigían que se derogara una norma que favorece la comisión de delitos como la extorsión y el sicariato, en un contexto de grave crisis de inseguridad ciudadana. 

Como respuesta a las presiones, Lady Camones de Alianza para el Progreso, el partido del empresario de la educación César Acuña, presentó un proyecto de ley que se convirtió en la Ley 32138. Sin embargo, sólo le hizo modificaciones cosméticas a la ley pro crimen organizado, manteniéndola en el fondo prácticamente intacta.

La "colaboración eficaz" de Luna Gálvez

El Ejecutivo se ha convertido básicamente en una mesa de partes que deja hacer y deja pasar todo lo que proviene del Congreso; pero ha habido excepciones que confirman la regla. El gobierno observó la Ley 21990 que debilita el proceso de colaboración eficaz. 

La norma establece un plazo máximo de 8 meses, prorrogable bajo ciertas condiciones, para que la Fiscalía acepte la solicitud del colaborador eficaz, realice las corroboraciones pertinentes y establezca un acuerdo de beneficios. El dictamen fue objeto de cuestionamientos por parte de la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por considerar que se trata de una norma que debilita la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

No obstante, en marzo de este año, el Congreso de la República aprobó por insistencia esta ley, presentada por la congresista María Teresa Cabrera de Podemos Perú, el partido del exparlamentario investigado por lavado de activos José Luna Gálvez.

Renovación Popular: cárcel para jueces y fiscales

Haciendo eco de la campaña del ministro del interior Juan José Santiváñez contra el Ministerio Público, el congresista Alejando Muñante de Renovación Popular presentó un proyecto de ley para criminalizar a los jueces y fiscales que ordenen la libertad de una persona detenida en flagrancia en determinadas condiciones.

La Ley aprobada establece una pena de ocho a doce años de prisión por delito de prevaricato y señala que estos operadores del sistema de justicia serán sentenciados a prisión si incumplen dolosamente sus deberes funcionales y liberan a estos detenidos en flagrancia. 

Tanto el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, como el Fiscal Superior Titular y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, se manifestaron en contra de una ley que vulnera la independencia de poderes y, según dijeron, dificulta la lucha contra el crimen en el Perú.

Rospigliosi y Chirinos "disparan" contra el Ministerio Público

Los congresistas Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y la entonces integrante de Avanza País, Patricia Chirinos, lideraron una campaña para arrebatarle al Ministerio Público la primera etapa de la conducción de la investigación con el objetivo de entregársela a la Policía Nacional. La ley dispone que será la policía la encargada de hacer la investigación preliminar de los delitos y conducir las diligencias, pese a que la Constitución señala que es facultad del Ministerio Público conducir las investigaciones "desde el inicio".

La aprobación de la norma motivó un enérgico pronunciamiento del entonces Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien afirmó que el objetivo de esta ley es que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, pueda acceder a información reservada y tener el control inicial de investigaciones respecto a la propia presidenta Boluarte, su hermano Nicanor u otros aliados políticos del gobierno.

La "Ley de impunidad"

El Congreso también aprobó la llamada "Ley de Impunidad" que declara la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del año 2002; una norma diseñada para beneficiar a policías y militares procesados y condenados por crímenes contra la humanidad durante el conflicto armado interno. El proyecto de ley fue presentado por el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, y el ex marino José Cueto, ex integrante de Renovación Popular y actual miembro de Dignidad y Democracia.

La mega bancada pro impunidad

Los congresistas que han presentado todos estos proyectos que promueven la impunidad y debilitan la lucha contra la corrupción y el crimen organizado pertenecen a las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú y Renovación Popular. Una coalición que suma un importante número de votos que les permite aprobar muchas de sus iniciativas, como la ley 32054, que excluye a los partidos de toda responsabilidad penal cuando, coincidentemente, la Fiscalía investigaba a Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Podemos Perú por organización criminal.