Eso fue lo que el juez Jorge Chávez Tamariz evaluó como el factor que le había permitido a José Luna Morales evadir la investigación y, por ello, dictó para él 34 meses de prisión preventiva. El magistrado zanjó, además, la situación jurídica del flamante regidor metropolitano: la investigación, en su caso, “se ha reactivado”.
Si en un posible juicio José Luna Morales fuera hallado responsable de los delitos que le imputa la Fiscalía por el “caso ONPE” –que fue conocido como el caso “Gángsters de la política”–, recibiría una condena de entre 14 y 17 años de cárcel, según la resolución judicial que lo envió a prisión preventiva, emitida este lunes por el juez Jorge Chávez Tamariz, del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Tal hecho –la prognosis de pena–, sumado a los elementos de convicción aportados por el fiscal de Crimen Organizado del Callao a cargo hoy del caso, Roger Saldaña, así como los supuestos peligros de fuga y de Obstrucción, pesaron para que el juez Chávez le imponga al recién elegido regidor metropolitano 34 meses de prisión preventiva.
Los riesgos señalados por la Fiscalía se vuelven significativos debido a la capacidad económica de José Luna Morales, capacidad que le da su condición de accionista de la Universidad Telesup y de otras empresas vinculadas.
Por ejemplo, con información migratoria, el fiscal Saldaña sostuvo que José Luna registra 31 salidas al extranjero. “Esto significa que existe una capacidad económica suficiente que su defensa no ha dejado dudas”, señala el juez Chávez en su resolución.
Respecto del peligro de obstaculización, el juez señala que anteriormente Luna Morales había ocultado información de los contratos de cesión de derechos de autor suscritos entre el 2016 y el 2017 con los consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera Ramos y Guido Águila Grados , así como el contrato laboral con el hijo de Julio Gutiérrez Pebe, quien supuestamente laboraba como empleado en la Universidad Telesup.
Dichos contratos fueron obtenidos finalmente por el equipo de fiscales del caso “Cuellos Blancos” tras una incautación con orden judicial, junto con recibos por honorarios y otros documentos administrativos y contables en las sedes de Telesup.
El juez Chávez tomó nota de dichas circunstancias.
El poder económico de los Luna
Con la información aportada por el fiscal Saldaña, el juez Chávez ha desarrollado en detalle el quid de los presupuestos que motivaron su decisión: el poder económico de José Luna Morales y de su padre, el actual congresista por “Podemos”, José Luna Gálvez.
Luna Gálvez, sindicado como el líder de la presunta organización criminal, es “el dueño” de una serie de empresas educativas: la Universidad Privada Telesup, el Instituto Superior Tecnológico Privado Intur Perú, el Instituto Superior Tecnológico Edgardo Rebagliati Martins, la Escuela Internacional de Posgrado SAC, entre otras.
Luna padre compartió la administración y el manejo de estas compañías con su hijo José. Luna padre controló el 85% de acciones de la Universidad Telesup, y Luna Morales, el 15%.
Únicamente los dos integraban la Junta General de Accionistas de Telesup, razón por la cual “tenían la amplia libertad y disposición en el manejo administrativo y económico… pues, la Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad”.
Como el segundo al mando, era Luna Morales, además, el gerente general de Telesup.
Los ingresos mensuales de ambos eran, como se verá, elevados.
Al 15 de mayo del 2014, según los reportes de pago obtenido por el equipo “Cuellos Blancos”, Luna Gálvez percibía S/ 180,000 mensuales, y Luna Morales, S/ 70,000; al año siguiente, Luna Gálvez mantuvo el mismo nivel al mes, pero Luna Morales vio incrementarse sus ingresos a S/ 88,000.
Según la Fiscalía, ambos fueron “los únicos trabajadores que percibieron sumas muy elevadas en comparación del resto de los trabajadores (de Telesup), sin perjuicio que también percibían ingresos por las otras empresas”.
“Un tío bravazo”
Para el Ministerio Público, el líder de la presunta organización, José Luna Gálvez, fue, desde un inicio, consciente del “inmenso poder” que tenía el Consejo Nacional de la Magistratura y de la importancia de contar con un partido político propio.
“Por ello, había la necesidad de tener algún tipo de injerencia o influencia sobre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; como, de contar con un partido político nuevo y propio”, indica la resolución.
Para lograr dicho objetivo, según el documento, “José León Luna Gálvez contaron con José Luis Cavassa Roncalla, de quien tenía pleno conocimiento de su experiencia en temas de inscripción de partidos políticos… y que era un operador político desde el régimen fujimorista”.
Es en este contexto la resolución judicial ubica las acciones destinadas probablemente a lograr el apoyo del CNM: los contratos editoriales con los entonces consejeros del CNM Iván Noguera y Guido Águila por más de S/ 1.3 millones.
“Los supuestos contratos celebrados fueron solamente una formalidad o justificación de los pagos, pues, como afirmaría [en declaración testimonial ante el Ministerio Público] Fernando Teodoro Ernesto Obregón Mansilla, los pagos por derechos de autor 'eran una cosa disfrazada' ya que 'el tío Luna, pes, es bravazo'”, indica la resolución en la página 121.
El supuesto motivo de estos pagos, así como la adquisición de un inmueble a Iván Noguera en el distrito de Pueblo Libre, y la extraña contratación del hijo del tercer consejero, Julio Gutiérrez Pebe, se hizo, de acuerdo a la resolución judicial, “con la finalidad de que estos influyan en la decisión de asuntos sometidos a su conocimiento o competencia, votando favorablemente por el nombramiento de personas o de miembros afines a la organización criminal”.
La principal designación fue la de Adolfo Carlo Magno Castillo como jefe de la ONPE, organización desde la cual se modificó la inscripción del partido “Podemos Perú”.
Investigación “reactivada”
La resolución del juez Chávez también zanja con la duda respecto de si José Luna Morales tenía o no condición de investigado. Él lo había negado.
El juez Chávez Tamariz sostiene que con la inclusión de Luna hijo en la investigación, tomada el 4 de noviembre por el fiscal del Callao, Roger Saldaña, “se ha reactivado la investigación”.
Como se recuerda, la investigación estaba “suspendida” desde el 6 de noviembre de 2020, cuando la fiscal Sandra Castro, que antes estuvo a cargo de la investigación, dispuso suspender las pesquisas en el caso de Luna Morales porque en ese momento era congresista de la República y la fiscal extraña –en la Disposición Fiscal N° 10– que ese no era el momento para someterlo a proceso indagatorio.
Ahora, no solo se ha reactivado la investigación, sino que Luna Morales la afrontará desde prisión. A menos que la instancia superior acoja la apelación planteada por su abogado defensor, Mateo Castañeda Segovia, y lo libere posteriormente.
